CORT'E SUPREMA DEJUS1JCIA ACCIÓNDE ¡IN CONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CRISTIAN ROBERTO BARRIOS AGUILAR C/ ART. 41 DELA LEY ACUERJ?O,t.sEN'FNCIA11 rúME;Rd: JeJIJi)ei' .... '-!,,' C;5E"Ü;ila-' ' dad de Asunción, caJitai1 :de la República del Paraguay..a lod:¡¡ey;5 i'.días, 1., ?laño dos mil Jt.;11:; 4"?. , estanden la ala de cur¡dos de la ;rfu'Suprema de Justicia, los Excmos. Senores Ministros. de 11a Sala Constitucional, s, . í rit 1'éÉsAR! MANUEL DIESEL . JPNdiIANS,: vtcrou rup 1 s ,oJEDA y, S'f AVO SANTANDEDANS, Ante mí, :el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CRISTIAN ROBERTO BARRIOS AGUILAR C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006, a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Cristian Roberto Barrios Aguilar, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: El
Sr. Cristian Roberto Barrios Aguilar, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilacion, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio.La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles d evolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes pres ibir 'después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo te a deud con la Caja, en cuyo caso los apbrié 'serán aplicados a la amortización o u.-,º otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afilia s de la es y Pen ones de Empleados Bancarios quienes hu en fungido la calidad . unghanns M!nlmé tau, , Gus'távo É. Sánfahder Dans Ministro de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre 1a seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.
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Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de, los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en'cuantó a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacioal.- . A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra carta Magna reonoce la dignidad huiriha, así 'ccimo otros valores,'a' saber, laEbertad, la justicia y 1igaldaéi ya en su preámbulo. Así; ellestablece axiomas de un rico contnido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art.
88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se, encuentra específicamente contemplado eµ el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3' en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y mi. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio, de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del-art-d l de 1aLey 28G/O6 al Gas o concreto ;en- la parte-dende se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige un<¡1 antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
A su turno, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor Cristian Roberto Barrios Aguilar, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley 2856/06 ÁCIÓNDEINCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CRISTIAN ROBERTO CORTE ARRIOS AGUILAR C/ ART. 41DE LA LEY "QJ:JE. SU i UYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LACAJA DE JUBILACIONES Y .-- ¿;---,..;:-'1-;:0:-.. ierque el artícul!o impgna9,o priva al reurre'nte de disponer dé sus aportes quiílor ! ;dt o le corresponde y hbindo sido desvinculado .dé la entidad bancaria donde prestaba servicios, solipitó a la cajd la devolución ide sus I aportes, siendo rechazado por no 'haber acum'uladoJ la¡ antigüdad frevista en la; Ley. Funda 1prente cción en 1.os principio consgradas en los articulos¡46, 47, 10:Y.109 de la Constitución Nac10nal.
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Examinada la norma atacada de' .inconstitucional, tenemos que esta establece requisitos a los efectds de concder ell derecho a 1devolución de los aportes realizados por el ¡trabajador aportánte de 1k Caja. Eri pnmer lugar, '.se:1 e'tablecla antigüedad mínima de. diez años J; en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46º y 47º de la Constitución Nacional, los cuales expres.a!1: "Artículo ,46De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son igualesen dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstcícu'ids e iñipedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios "Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la For"(ación de Recursos", artículo 11 º, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "la prop da es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establee das en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editori l Helia a, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q).
inistro CSJ, ,, Gustavo E. Santander Dan_b,.. vtct .. uos Ojeda Mil"1ístro ' Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad dlos beneficiarios' dla Caja", más por otro, lado limita lo transcripto COl condicionamientos que, bajo pena de 'pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... ; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten n. consecuencia 9µ lps años requeridos paracceder a la .devolución de sus aporte, amén de 'ello, se 'erige 'indudablemente como 'un despojo absolutamente 'ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Cristian Roberto Barrios Aguilar, circunstancia que también colisiona COQ. la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla Por las. consideraciones expuesta;s y en concordancia con el .parecer del, Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la acción, y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º de la, Ley Nº 285.6/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación al Sr. Cristian Roberto Barrios Aguilar, ello de conformidad a lo establecido en el Art.
1.- El señor Cristian Roberto Barrios Aguilar, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N? 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES-Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.
2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47, 103 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " ( .. .) el mismo cuerpo legal que faculta el poder directo sobre los aportes limita y pretende apropiarse 3 .- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la iubilación, que fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortizacion o cancelación de su obligdcián. No serón susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabaio, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos) 4.- En cuanto a la.interpretación letrista del primer párrafo .pe, la.norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen CORTE ,.t,su). PREMA ,,;S,:'DE USTICIA dos cesantes o se retirasen voluntariamente, , lo cual produce una manifiesta . d.esigialda. , respecto a los derechos relacionadbs a la devolución de aportes en el sector k .-Al respecto, la Ley Nº 4252/10 '1UE MqDIFICA LOS ARTICULO3, 9º Y JODE LA LfY N,2.345/03 "DE 'REFORMA Y SQSTENIBILIDAD DE LA CAJA FICAL. SISTEMA DE UBILfCONES Y PENSIQNES DEL SifCTOR/UBJ.,ICO", en su 1Artículo 1º dice: "Art.
9º.- (. .. ) Aquéllos que se retiren de la fum:'ión púlHica sin reunir los requisitos para acceder a una iubilac:ión, aun apelando a los derechos que le otorga (a Ley, Nº 3856/09 "QUE ESTABLECY¡E LA ACUMUlACIQN DEt TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL 'SISTEMA1 1DE:JUBILACIÓ'N Y PENSIÓN1 PAR.AGiJAYO, YIJJEROGA EL ARTICULO 1071 LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA,;, podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, aiustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son míos).
ACIÓN DE , INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CRISTIAN ROBERTO BARRIOS AGUILAR C/ ART. 41'0 DE LA LEY 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica P.7.rfPitf 1?:;tr ,flibilidad en lf1;,actacóp del órgno)isdicioal, 9uP f4fe ,r cnteno antenor, siempre que exista mento para ello. Dicho esto, 1 me permito exponer lo 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal'sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador co o 'lar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre 1 s ciu adanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley d las D ce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
9.- Así, m chas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "p se ipción" como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cos s jenas '( rescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una e g u oh gación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acció o ecla ación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta anea, sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido etemJ te a un íncu urídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.
'Gustavo t. Sant ncler Dan,,. Ministro ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran laprescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del .plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución desus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su 11.- Como podemos apreciar; la norma impugnada contempla _la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo. e impulsado. por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de fa Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó. y los demás beneficiaros de la, Caja, entre, los: quese encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación demayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible cbnservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable"( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (. '.. )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto 12. - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza ,el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13.- Todo lo relativo .ª la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del 'legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plqzos de prescripción; señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden'público, no afectandolaintangibilidadde los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no os ejercita en e termino pre 15. - De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que. "En ningún caso el interés de las particulares primará sobre el interés 'general". Si nos ubicamos en el 'epígrafe de la norma podemos concluir, inclúsó, que CORTE SUPREMA o. EJUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CRISTIAN ROBERTO BARRIOS AGUILAR C/ ART. 41 DELA LEY s, , 1,orno se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente o constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
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1 7.1De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia que " ( .. ) Por, lo demás, tabién dijo la Corte que la irrenniabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción; por lo que no constituyen derechos sine die( .. )" (Las negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del señor Cristian Roberto Barrios Aguilar, la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 8 6/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los por sel requisito de contar con una anti .. edad superior a JO años, manteniéndose incólu e lo emás en todos sus términos. Es m/voto.-- -- certifico, Ante mí: Gustavo f. Sontnder Di?rs- Víctor Ríos Ojeda Asunción, VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 ºdela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación al Señor CRISTIAN ROBERTO BARRIOS UI R, ANOT Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro