CORTE SUPREMA DEJUST:ICIA : 1 AGCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ERFIRIA CONCEPCION AGOSTA RAMIREZ C/ ART. 41DE LA LEY Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: La
Sra. Erfiria Concepción Acosta Ramírez, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogados, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMRLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41. - Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes pres 'rá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deu a co la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o n el prese te caso, la Sra. Erfiria Concepción Acosta Ramírez, se presenta ante esta a efectos de peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa ntrarla co , traria a derechos de sonsagración constitucional. Sostiene que la disposición da estab éce una discriminación'. en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer que s 1 los fu cionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a diez años podrán retira s s a rtes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios, o c al violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Funda la Gustavo . Santander Dans Ministro Ministro con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b), queno tengan Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser. extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autorizaque los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de susfines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable esus derechos dorniniales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros :valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de .las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y. son interdependientes unas con. otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art.
88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así ecesario prescindir la aplicación, del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al casá concreto, en la parte dtjnde se exige una antigüedad mínimade diezaños 'para'pmceder al retir'dtcrs:a1,..0Je-s'1ubilatoriós-:--:::..-.:.:::::::.L-.:::..:..- En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer 1ugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidd del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige 1;ma antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de confomidad al Art. 5 5 5 del C.P .C. Es mi voto.
A su turno, el Doctor DIESEL UNGHANNS dijo: La señora Erfiria Concepción Acosta Ramírez, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 º de la Ley dc19N1 DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ERFIRIA CONCEPCION CORTE A1 COSl'A RAMIREZ C/ ART. 41º DE LA LEY su p REMA Nº1 J'tJ'JBAC S Y PENS 1IONES DE EMPLEDÓS BANCARIOS DEL PARAGUAY".
. ' re que el artículo impugnado 1priva a 1recurrente de disponer de s,1,1s aportes que f?rW lle 9 le corresl?onde1y habiendo sid9 !! es l1Cladde la entidad bancaria donde prestaba serv1ios, yolicitó a la da la devolución de Jsus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado¡ la antigüedad j jprevista ed ! la: I.Ley. Fupda la presente acción en los, principios consagrados en los artículo! 46 4 7 103 y, 09 del la Constitución Nacional.
Exminada la norma at'!-cada d1 in9opstiti;icional, tenemos que ésta establece' requisitos a los Hectos de conceder J1 lderecHo a la dV¡olu!íóde los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja.l En hmer lugar, !se establce la antigüedad mínima de diez ;años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen Tal y como lo ha relatado la actora, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la.entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por concul¿ar lo preceptuado por los artículos 46º y 47º de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46º De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones, El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios "Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen.. 2la igualdad ante las leyes;3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita fa naturaleza jurídica de los' aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11 º, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, n este unto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: iedad s el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las est l idas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Edit r al Helia ta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q),
ta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría c tr cir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la osib lidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constituci oceder espojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima.
l c p o trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho osee sobr s aporte realizados a la Caja, la accionante recia S5lución considerando e aquellos Gustavo E. Santander Dans Ministro (' , Ministro Cesar M. D'eº"' Junghanns Ministro CSJ. Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva: constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y, rentas que sobtengan de conformidad con las disposiciones de esta. Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja"; más por otro lado limita lo transcripto eón.
condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... ; todo ello sin otro perjudicado que 'el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los añosrequeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la señora Erfiria Concepción Acosta Ramírez, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo l 09º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos p'or la Ley, atendiendo, a su función económica y social, a fin de Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º ,de la Ley N2856/2006 "Que sustituye las leyesN" 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra. Erfiria Concepción Acosta Ramírez, ello de conformidad a lo establecido en 1.- La señora Erfiria Concepción Acosta Ramírez, bajo patrocinio de Abogados, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYELASLEYESNº73/91 Y 1802/01 DELA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.
2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los lA..rtículos 46, 47 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " (.) se puede constatar que no reúno la exigencia establecida en el artículo impugnado para acceder al retiro de los aportes realizados al no contar con la antigüedad -señalada, a nuestro parecer dicho condicionamiento de tiempo, además de INCONSTITUCIONAL es totalmente NULO ... ".
3 .- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten com!una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la iubilación, que fuesen dhpedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan señvicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación: 'de su obligación. No serán susaptibles de devolución las aportes patronales. El derecho asolicitar la deolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabaio, salvo que el mismo tenga deuda , con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
. 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo dla noqna,,atcada,. surge que solamente aquellos funcionarios bancarios eón una antigüedad superior a 10 años podrán A¿CIÓNI ¡ DE INCONSTITUCIONALIDAD PR¡OMOy11DA POR ERFIRIA cqNcEPCION AGOSTA RAMIREZ C/ ART. 41 :DELA LEY e:::, pero de sus' aportes siempre cuando no tengan derecho a 'la jubilación, fuesen ejados cesanes o se retirasenvoluntariamente, lo cual prouce una manifiesta "'ª"" con respecto a los derechos relacionados a la devolución de' aportes en el séctor Al respecto, la Uey Nº 4252/1,0 "(1UE MODIFICA LOS ssttcinos 3º, 9º Y JO DE LA LEY Nº 2.345/03 "DEi1EFORMA Y SOSTENIBl¡LIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBIL1-CIONES Y PE,'r,SIONES DEL -'f;CT(JR;PUBLICO", en su Artículo 1 º 1 dice: "Art.
9º. - (. . .) Aquéllos que se retiren de la función pú/Jlica sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, -aun ajJblandol b lo's' derechas /¡úe le otorga la Ley! Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA A(UMLACIÓDf,L .'(IE&llíl DE SER'VICIOS ELAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son míos).
6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, icJ.ialmerí.t¿ nc'6sito rever' mi' Opniort I en este puntó,' cóhsiderando la e'xiste1 Aba d1 criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo Es portante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas subjeti os, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento dla norma, actuando en libe ad para s tisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela erecho, p ro no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea a activa (obligación de hacer) o pasiva. (obligación de no hacer), por encontrarse delim ado por I interés general. De ahí surge .la figura de la "prescripción" creada por el Legisl dor co pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calm tre 1 ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas las Doce Tablas creada para regular la convivencia-del pueblo romano.
..: Gustavo E. Santander Dans Ministro Cesar M. Uieset._Jiunnanns Mirilatro CSJ, Dr. Vic f os Ojeda Ministro 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando' su 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que, el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo, e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada.como vulnerable"( ... ) pero Jamás una diferencia en perjuicio de este sector ( ... )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del , 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en form1 ti reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas! que establecen plazos 1 de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien 1'5.- De tal modo' tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CD ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ERFIRIA CONCEPCION ACOSTA RAMIREZ C/ ART. 41DE LA LEY o menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre al". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que as normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza , 16.- Como se podránotar, el instituto, quvamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al iArt. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenainieilto normativo.
17.- De cualquier !modo, la doctrina especializada en matetia constitucional hace referencia a que "( .. ) Por; lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die( .. )" (Las negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la señora Erfiria Concepción Acosta Ramírez, la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 1 O años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. Es Ante mí: Asunción, Í de ' 1 1' ' Ministro VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional RES U EL VE: HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 ºdela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Señora ERFIRIA CONCEPCION AC STA RAMIREZ, ello de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del C.P.C.
-- ANOTAR, registra Ante mí: Gusta Cesar M. OieseÍ Junghanns Ministro CSJ. Dr. Víctor Rfos Ojeda Ministro