CORT1 SUPRtMA DE JUSTICIA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR INGRID V ANESSA MARTINEZ AY ALA C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06 PARCIALMENTE MODIFICA POR Previo estudio de los antecedentes del -caso.: la -Corte Suprema 'de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: La
Sra. Ingrid Vanessa Martínez Ayala, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogados, a promover cción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes ls funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles e 'dev!'ución los aportes 'pcuronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes p eser irá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga d uda e n la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o En el p esente caso, la Sra. Ingrid Vanessa Martínez Ayala, se presenta ante esta ia a efe os de peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa ontrarl contraria a derechos de consagración constitucional. Sostiene que la disposición imp ada tablece una discriminación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer que ol s funcionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a diez años podrán s aportes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios, ual s violat rio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Funda la avón t1 n taiO ec P, ' El imer parágrafo otorga el derecho a la cr3j' n de los aportes a los a iliados de C da de Jub aciones y-Pensiones de Emplea s Bancarios q ienes hubieren fungi o la calida r.:11t'!vo E Santander Dáns Cesar M. Diesel JCTrtghanns Ministro Ministro CSJ.
de funcionarios despedidos, cesados o .que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la segrdad social dándole un espectro obligatorio e integral parel trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines ' Siguiendo el alcancedé este lineamiento, la normativa t:le la Caja, en' su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.- A fin de complementar la idea expuesta, edable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad yen su preámbulo. Así, ella establece axio11:as de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo En tal sentido, el art. 46 de la Constituiqn Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art.
88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescinpr la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorjos.
........ - -En conclusión, .de.loprecedentemente.expuesto .. en-concordancia. c0n-el-f)arGer-.de-la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del' art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P .. C. Es mi voto.
A su turno, el Doctor DIESEL JUNGHANS dijo: La señpta Ingrid Vanessa Martínez Ayala, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 dela Ley 2856/06 "QUE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR INGRID V ANESSA , CORrE MARif'1NEz AYALA c1 ART. 41º DE LA LEY SUPREMA Nº285/06PARCIALMENTE MODIFICA POR ""ST-IWtrY , AS LEYES Nº 73/911 Y 11802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y co E EMPLE11 e_i' e que el artío lo impugnJdo priva a larecurrente de disponer de sus aportes que s, r o le corresponde ¡y habiendo sidd desvinculada de la entidad bancana donde prestaba servicios, solicitó a la dja la devolucióh lde 1 sus aportes, siJndo rechazado por no haber acumulado la1 antigüedad prevista en la ey. .Funda la presente acción en los principios consagrados eh los artículos'Zü, 46 y 109 dla Con . Examinada la nor11ta atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos <lb conceder el derecho a la dJv1 olufóri de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece. la antigüedad mímma de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen Tal y como lo ha relatado la actora, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder,al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46y; 47º de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46º De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios "Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto, allanará los obstáculos que la impidiesen; 2la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formacion de Recursos", artículo 11 º, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de excl z propiedad de ! os beneficiarios de la Caja". .:, , :..
Gustavo E. Santander Dans Ministro Cesar M. Diesel Jñghanns Ministro CSJ. Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara.contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... ; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implia un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cue?ten en consecuncicon los años requeidos P':1,ra acceder a la, devolución de sus aportes, amen de ello, se enge mdudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento dlos requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la señora lngrid Vanessa Martínez Ayala, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedadprivada, cuyo conteido y limites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, c9rre.sponde hacer. lugar a la accióny .en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra. lngrid Vanessa Martínez Ayala, ello de conformidad a lo establecido en el Art.
1.- La señora lngrid Vanessa Martínez Ayala, bajo patrocinio de Abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.
2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 4 7 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " ( .. .) La diferenciación en los años de aportes para obtener así la devolución o no, de los aportes resulta 3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que n'o tengan derecho a la iubilacion, que fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de. devolución los aportes patronales. El derecho a 1 olicitar la devolución de ap'ortes:presc'ribirá despu'és1 de tres 'años del retiro del afiliado de su trabaio, salvi° que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 1 O años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen ACCIÓN' DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR INGRID V ANESSA CORTE MARTINEZ AYALA C/ ART. 41º DEi°¡LA LEY SUPRE,MA I Niº,2856/0PARCIAMENTMODIF,CA POR dp.eaido,s, -; dos cesatJs o se retirase1 J volunt ?iamnte, lo cul produce una:: manifiesta ?,oc,dsi1lda respecto a j1os derechos r,acionados a la devolución daportes en el sector 5.- Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MDIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y JO DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SdSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAi1 SISTEMA DE JUBILACONES Y PENSIONES DEL SECTOlPUBLICO", en su Artículo lº;ldice: "Art.
9.- (. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubiladión, aun apqlan,do, a los derechos que le otorga la Ley Nº 385(5109:., "QUE ESTABLECE ILA ACUMULACIÓN DED TIEMPDE SERVICIOS EN LAS CJ4JAS DEL SISTEMA DiJUBILACIÓN y PENSIÓN PARAGUAYO, y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son míos).
6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo .de la tilorativa impugnada peca de inconstitucional, al' privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libert pa satisfacr sus necesidades intereses con la correspondiente protección o tutela de su ' erecho pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de fo a acti a (obligación de' hacer) o pasiva: (obligación de n9' hacer), por encontrarse li itado p r el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el L i lador c o pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la entre I s ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas Ley d las Doce Tablas creada para regular la convivenciadel pueblo romano.
Gustavo E. San án er Dans Ministro Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CS,l.
1 O.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran .la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su 11.- Como -podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particularque I nunca reclamó ylos demás beneficiaros dé ,la Caja,, entre los I que¡ se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación demayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable"( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (. .. )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto 12. - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia. "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible .sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia 'laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos!de prescripcián, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no os ejercita en e termino pre 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera; entoncs, su aplicación se encueritra'amparada por 1o que dispone el Art. 128 CORTE SUPREMA oEJUSTIClA ACCIÓN DE PROMOVIDA IN CONSTITUCIONALIDAD POR INGRID V ANESSA MARTINEZ AYALA C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 PARCIALMENTE MODIFICA POR ,ando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
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17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(..) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die(..)" (Las negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de losfines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la señora Ingrid Vanessa Martínez Ayala, la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a JO años, manteniéndose cólume lo demás en todos sus términos. Es Con lo que se dio por ter certifico, quedando aco -dáda la se . Gustavo E. Santander Dans Ante mí: SENTENCIAN Asunción, f 0 ERO: fo.
Ministrn ' VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional RES U EL VE: HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 ºdela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Señora INGRID V ANESSA MARTINEZ f A , Ante mí: Cesar M. DiP5°1''l'Junghanns Ministro CSJ