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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 3/2024

1 de febrero de 2024

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR CESAR ROMEO RIOS JARA C/ ART. 41 DE LA LEY N° 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y N° 1802/01" AÑO: 2021. N° 781

Antecedente ART. 41 DE LA LEY N° 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y N° 1802/01

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Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado;' CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO A la cuestión planteada el Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor CESAR ROMEO RIOS JARA, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41º de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts. 20, 46, 47 y 109 de la Constitución di s posición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la dev. lució de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez an s y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados e antes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La a podrá ptar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su No erán susceptibles de devolución los aportes patronales.

E 'derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del el afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".

Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que irnp ,(

privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los ... ,., ci ºs de proteccin , la Proiedad Privada y de lgualdad consagrados e anera stxpresen la Constitución Nacional. De las constancias presentadas e auto se verifica que el accionante era a ante de la Caja de Jubilaciones y P nsioné de d:le !inciinAf:o dsepuo; 0 Cesar M. Diesel .Iunghanns Minitru CJ.

Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren T al y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47° de la Constitución "Artículo 47º -.De /as garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos /os habitantes de la República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará /os obstáculos que la impidiesen; 2º) la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a /as funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4 º) la igualdad de oportunidades en la participación de /os beneficios de la naturaleza, En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 º primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con /as disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de /os beneficiarios de la Caja".

En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: " ... La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que /as establecidas en /as leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI PEn esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en D el análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con /as disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de /os beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a /os funcionarios que ... "; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones pretende proteger.

En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor CESAR ROMEO RIOS JARA, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla Por lo pr de eme'nte expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el arecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y e consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que susti uye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Emple os Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor CESAR ROME RIOS JARA, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. ES MI "PROMOVIDA POR CESAR ROMEO RIOS JARA C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº73/91 Y Nº1802/01".

1.- EL señor CESAR ROMEO RIOS JARA, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73191 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex 2. - EL accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 20, 46, 47 Y 109 de la Constitución Nacional y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(. .. ) una vez concluida mí relación laboral con el Banco Familiar S.A.E. C.A., he dejado la actividad bancaria, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay se niega a restituirme los aportes de mí propiedad , conforme se acredita con el documento mencionado en el numeral 5 b) de este escrito ... (. .. )".

3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o 4 En uanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge ue sol ente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 1 O años odrán cceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la ubilació , fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual roduce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la .- Al specto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA r. Y'. º 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA D JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: Gustavo E. Santander Dans Ministro Cesar M. Diesel Junghanns 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de /as Personas", 47 "De /as Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley 7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente:

8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.

9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.

10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica. - 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este , tíJ OEL ,(l c0 Rf "e " SUP Qf DEJUS CIA , Es precis mente e lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, c o 9 ,. ivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, n ndido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto 12. - La abundancia 1 "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. ota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de u clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaci nes, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja, Criterio que comulga 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma.

De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN, No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la-devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.- 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (. .. )" 2 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es-de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".

16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucio hace referencia a que "(. .. ) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenuncia ilida de los beneficios propios de la seguridad social no es incompaf on el instituto de la prescripción, por que no nstitu n derechos sine di (. . .)" (Las egritas s n M. t Víct líllSroCesar M. DiP'iPI Jungh nns pr- Nhni.s A maya, J.A., Director. (2018). Tratado deMbñitHJl"de'i-demst tucionali ad y conv ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR CESAR ROMEO RIOS JARA C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº73/91 Y Nº1802/01 ".

Derechos y Garantlas. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- 2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescri 'n y Caduci ad en e Der Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- 3 Sagués, N. P. (2019). Manual de derec 18.- La medida impugnada responde a un interés social.' por.Io que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella. 'no resulta rrracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debeser e) resquatdo del "interés 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856106, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: Antes de entrar al estudio de la cuestión planteada, es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 16/06/23 y he procedido a emitir mi voto en fecha 21 /06/23.

Seguidamente corresponde el estudio de la Acción de lnconstitucionalidad planteada por el señor CESAR ROMEO RIOS JARA, a promover acción de inconstitucionalidad contra el articulo ART 41 º DE LA LEY N 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación, No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".

En el caso que nos concierne, el accionante se presenta ante esta instancia a efectos de peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consagración constitucional.

A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado E I primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población.

Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos,

Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de .. º-- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: .,'PROMOVIDA POR CESAR ROMEO RIOS RA C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº73/91 Y Nº1802/01 ".

los afiliados, la a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta a m r iolable en sus derechos dominiales, contrario al A fin de complemen r la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignid d humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya n su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y soci I que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; , por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g.

Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima lnstancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados P o r tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los E n conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del Art. 41 de la Ley Nº 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antiqj, ad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de confor71dad a rt. 555 Con lo que se dio por t que certifico, que a í, de Gustavo E. Santander Ministro 1 acto, firmando SS.EE., tod senten ia que inmediatamente sigu . Diesel Junghanns Ante mí: SENTENCIA NÚMERO: 3, Asunción, de de 202-tc .- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la excelentísima Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez añe los efectos de la devolución daporte jubilatrio, con relación al Señor CESAJl RO O RIOS JARA, ello de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del C.P.C. - Ante mí: -', M. Diesel Junghanns Ministro es.