Preví¿ estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes:- ,
CUESTIONES
En caso contrario, be halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley, para detefuünar el orden de votación dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS.- , 'f , A LA PRIMERA.CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA MARÍA CAROLINA LLANES DIJO: conforme al escrito obrante a fs. 147 de autos, enel apartado del petitorio,' el recurrente solicito: "se le tenga por desistido del recurso de nulidad". Por otro lado, no se observa en la resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los arts.113 y 404 del C.P.C. Corresponde tener por desistido de este recurso. Es mi voto.- A SU TURNO, EL MINISTRO VÍCTOR RÍOS OJEDA DIJO: con relación al Recurso de Nulidad incoado, el Procurador General de la República desistió expresamente del recurso de nulidad, según su escrito de fs.133/147 obrante en autos. No observo en el fallo judicial recurrido vicios o defectos que, a tenor de lo dispuesto por los Artículos 113 y 404 de la ley procesal civil de forma, ameriten la declaración de oficio de su nulidad, por lo que entiendo debe d desierto el recurso de nulidad, voto pues en ese sentido.- A'. SU TURNO, EL MINISTRO GUSTAVO SANTAND¡ER DANS DIJO desistido expresamente del mismo, corresponde que sea declarado en tal sentido. Es cli voto.- Abí¡I, 1 A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINITRA LLANES PROSIGUIÓ DICIENDO: Pdr el Acuerdo y Sentencia Nº 2 de 201unal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: "1-HACE'f!. L EMÁNDA CNTENC/0S0 ADMINISTRJl9'-IVA instaurada: enl esto ustavo E. Santander Dans Ministro Ministra MARÍA GLORIA CABRERA MARTINL por derecho propio y bajo patrocinio de Abogados contra el DECRETO Nº 1335/15 DEL 5 DE MARZO DE 2014 DICT. POR EL P0DER EJECUTIVO de conformidad a los fundamentos del considerando de la presente resolución y en consecuencia, 2) REVOCAR EL ACTO ADMINISTTIVO impugnado; 3) 1)/SPONER la reincorporación de lfuncionaria MARÍA GLORIA CABRARA MARTINI en eJ cargo que ocupaba en la Función Pública o en otro de igual categoría y remuneración, conforme a lo qe dispone el Art. 44 de la Ley Nº 1626/2000, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art .. 45 del mismo cuerpo legal; 4) IMP,ONER, lasCOSTAS A LA PERDIDOSA; 5) ANOTAR, notificar yremitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia". - AGRAVIOS DE LA PARTE DEMANDADA: El Procurador General dela República, Abg. Roberto Moreno Rodríguez y la Procuradora Delegada Abogada Lila Martínez Echeverría, expresaron agravios conforme el escrito, obrante a fs.133/147, y en concreto 'dijeron: " ... La señora María Gloria Cabrera Martini además de ingresar a la función pública con un acto administrativo nulo, no gozaba de la estabilidad laboral al momento de ser destituido, del cargo ... NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO: .... lo resuelto en el Acuerdo y Senten'ciNº 250/16- había afirmado que la demadante igresó"a la función pública sin previo concurso público de oposición, previsto en et art. 15 de la ley Nº 1626/00, razón por la cual consideramos que dicho nombramiento es nulo en los términos dél art.
17 ... El caso que nos ocupa, el r:argo que ocupaba la demandante no era de confianza. Por lo tanto, si la misma no accedió a la funcián pública a través del proceso concursa! prescripto en el artículo citado,' el acto administrativo que dispuso su nombramiento es nulo y, en consecuencia, la misma no puede, pretender haber adquirido legítimos derechos (estabilidad laboral). En ese sentido esp? do, q1í'e (')s actos nulos, además de np conferir derechos, no son confirmables ni subsanables ... CON RESPECTO1ALA ESTABILIDAD ... la estabilidad en la función pública, y todos los derechos 'que de ella .dérivan-de conservar, el cargo y Jerarquía- dependen según la Bey Nº 1626/00 de la condición previade servicios ininterrumpido en la función pública por dos años" Sigue manifestando que: ": .. La Ley Nº 1626, (es clara al sostener en su art. 43, que en tarjo caso- salvo para aquellos funcionarios en periodo de prueba- la destitución del funcionario debe ser dispuesta por la misma autoridad que lo designó, y deberá estar precedida de un Jatlo condenatorio en el correspondiente sumario administrativo. Es decir, independientemente de que el funcionario cuente con estabilidad provisoria o permanente, su destitución depende de un pronunciamiento de la misma autoridad que ordeno su nombramiento en el cargo, y de un sumario administrativo previo que determine la existencia 'de causales justificadas de destitución ... la resolución impugnada se aparta de la ley, puesta que aquellos funcionarios que no hayan alcanzado la estabilidad definitiva no rigen por las disposiciones de la ley Nº 1626/00 en lo que se refiere a la terminación de la ?!ación jurídica entre los mismos y el Estado y, por ende, podrán ser destituidos sin necesidad ', ; 1 / o condenatorio 1ído en un sumario administrat'' ya q ,'. li" este requisito está previsto, .e1ft. 43, para los fun. ,narios con estabilidad permanr1 CONTESTCIÓN; n: .. JI : ::..:PARTE ACTO I A LOS AGRA vros. '.'I i! 1. ¡. ¡;i1 agravios conforme .al escrito,i!r; ::pnte a Fs. 151/1 :de autos, y en concreto sostiiienj:" .. ,.¡n ¡, Reglamento de la Secretaría 1 '!A1,;;runción Pública emuy claro al establecer el procei171ienlo !I; para declarar la nulidad del n l. : 1if.l miento de un Ju f onario que acede al cargo púb'lf? in q.f j!. '.i ..
haya mediado concrso de op ',11 t in y que si bien A I INSTITUCION solo utilizó la Ja,lfidp¡d 4z:::, ¡ nombramzento como fundame t. ara la destztucwnlw,I no declaro la nulzdad por una competencia, de igual modal l ¡'1 ló seguir el pro' el imiento establecido y luego ;Je i o tenr1 resolución de nulidad dictada, 1 'el órgano jurisdia,!c' anal competente, proceder a la li, 1esfi. uciqn,¡1 DECero Nº 1335/1 j fDErIL ! 5/MAJ,Vl:4, DICTADO PO, ,!EJ . PODER EJE1' 11 l 1ebfunc,frJnar.ió': . -el Tribunal de Cuentas .1 11,. l ,undó con toda c , idatl¡ la prti 111kncialde la presente ! lztis, que. sé' ' agota,dq l'(l viá ,adminisgt' 'a y el medio ge e d111'¿¡e, ,defensb, ae 1ulidad no fu'e sy&,m:(i{ljt¡ijlo P.ºf la, sencda r,azefm de qu1 ' ½ cumplía justame '1 r oort r! agotimiento del proceso ,.'T ¡ el?eqente ,df ,ulidadrrwo en 1 a¡: t 1 , lución Reglae11ni'1' 1f1, l1 5ql41 de f lqSecretaría¡ de np IF,imq(pPúb1 lic'a, prbcediini,e¡Ato pqrIa lidad ... CON 1,Z'A/N:D1U4.GE4 VIOS SOBRE EL REJ"T1TÉ1G1Rb ,DE¡ 1,A' FTJJN(i]l:IoNAÁY,.' 1 Ley de la Fum: nil"iA11J'[¡if,' a ,ace ín11 'eferencia 4 'la elstc;iiliyla'fl ,'t¡Jel gJzan los !fudibnari'os Pi¡Jb,, tos una vez que :¡' ! ªS:ttlo nombra'dos Y' que hayan superado los 6 meses del periodo 'de prueB , establecida en el,' rt. 18 de la referida ley ... A los ' efectos de la aplicación de la Ley de la FunBn Pública, esta n;'hace'diferencia entre funcionarios públicos con estabilidad provisoria ni de}i,rz'ttiva, por lo que debe' aplicárseles sin restricción o discriminación alguna a uno u otro funcionario, sean estos con estabilidad provisoria o definitiva ... " Termina solicitando se confirme la resolución recurrida. - ¡! 1.
ANÁLISIS JURÍDICO DEL CASO Procedemos a efectuar un análisis razonado de la resolución apelada, de los documentos obrantes en autos, así como de los argumentos esgrimidos respectivamente por las partes, de todo lo cual se constata que por Resolución Nº 10.461 de fecha 28 de. diciembre de 2012, el presidente de la República nombró a la señora María Glc¡>ria Cabrera Martini como funcionaria del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (FS.9)!' Posteriormente, por Resolución Nº 1335 de fecha 5 de marzo de 2014, el presidente de la República dio por terminadala relación laboral entre María Gloria Cabrera Martini y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, fundado en el artículo Ante tal extremo, y considerando .conculcados sus derechos, la señora María Gloria Cabrera Martini se presentó ante el fuero de l'o contencioso administrativo, a los efectos de obtener la revocación del acto administrativo, por medio del cual fue destituida del cargo que ostentaba en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La presente demanda fue resuelta por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala mediante el Acuerdo y Sentencia Nº 250 de fecha 19 de octubre de 2016, en sentido favorable a las pretensiones de la parte actora; siendo dicho Acuerdo y Sentencia recurrido por la Procuraduría Genral de la Repúbli,ca, motivándose así el análisis ante esta instancia. - En este estado, corresponde determinar si se halla ajustada a derecho la decisión del Tribunal de Cuentas, de hacer lugar a la. demanda contencioso-administrativa y disponer la reposición en el cargo de la funcionaria accionante conforme el art. 44 de la Ley Nº 1626/00.- Ab En este punto cabe señalar que la resolución base de la desvinculación, tuvo ºf gen poue la señora María Gloria Cabrera no adquirió la estabilidad definitiva, por tanto, es la 'nica cuesti 'n a estudiar, no obstante, habiendo sido argumento de la resolución recurrida y agra io de lapa e recurrente a la vez, la nulidad de la resolución de nombramiento por falta de concurs , dejo sentad mi postura, de que la resolución de nombramiento dentro de la función pública sin el cumplimient del concurso público es NULA, tal como lo dice el art. 17 de la Ley Nº 1626/00:"... / acto juridk; por el que sedispuso el ingreso a la función pública en trensqre ión a l regerá nulo, cuelquier« sea el tiempo transcurrido. Los ad s. del etett.
'e la responsabilidad civil, penalq,aefministrativa q Guvo E. Santandns - Ministro 7 V. responsables del nombramiento. La responsabilidad civil de los funcionarios, contratados y auxiliares, será siempre personal y anterior a la del Estado, que responderá subsidiariamente" Ahora bien, ya entrando al análisis de la cuestión, conforme a la constancias de autos se tiene que la señora María Gloria Cabrera Martini, fue nombrada como funcionaria pública en fecha 28 de diciembre.de 2012, por Resolución Nº 10.461 de fecha 28 de diciembre de 2012 (fs. 9 de autos), entonces .al momento de su desvinculación en fecha 5 db marzo de 2014, conforme a' la Resolución Nº 1335 obrante a fs. 7-8, contaba con 1 año y 3 meses de antigüedad; es decir, la actora ya había sobrepasado el periodo de 6 meses, pero aún no había alcanzado la antigüedad de 2 años.
Así, conforme' lo dispone la propia Ley N.º 1626/00, la actora había alcanzado la estabilidad provisoria, también referida por la doctrina como "estabilidad impropia".- Tal como lo establece al artículo 18 de la Ley de la Función Pública, los primeros seis meses tienen un carácter.provisorio, equivalente a lo que en el campo del Derecho Laboral sería el "periodo de prueba" del funcionario, periodo dentro del cual la terminación de la relación jurídica no conlleva ninguna consecuencia, en términos de indemnización o preaviso al funcionario Igualmente, en virtud al artículo 19 del mismo cuerpo legal, el funcionario adquiere la estabilidad prpvisoria a partir-de los 6 meses y hasta los 2 años, luego -delo cual, por disposición del artículo 4 7 adquiere la estabilidad definitiva. - 1 Para un mejor encuadre conceptual, recordamos que, según tiene definida la. doctrina, la "Estabilidad Propia" o "Definitiva" es aquella en la cual la norma jurídica prevé la imposibilidad de dar por terminada la relación jurídica laboral sin causa alguna ( es decir, encuadrándonos dentro de: las disposiciones de .nuestra Ley Nº 1626/00, ello sería la iinposibilidad de destitución del funcionario sin sumario administrativo previo); en cambio la "estabilidad Impropia" d "Hrovisoria" es aquella que garantiza no la permanencia del empleado o funcionario en un puesto ó cargo dado, sino que prevé. Pél!ª los casos de destitución sin justa causa, que se abonen las sumas indemnizatorias correspondientes para el despido justificada, conforme a lo dispuestopor la legislación laboral vigente.- !
Dicho esto, tenemos que al concatenar la disposición del artículo 4 7 de la Ley Nº 1626/00 con el artículo 43 de dicha.norma, para proceder a la destitución deun funcionario ,con estabilidad definitiva; se requiere indefectiblemente de un fallo condenatorio recaído en. sumario Administrativo previo para poder proceder legalmente a la destitución de un funcionario. - La interrogante que surge es: qué es lo que sucede con los funcionarios que no cuentan con la mentada "estabilidad definitiva" sino solamente con la "estabilidad provisoria" ?- A mi modo de entender, la solución se encuentra en el artículo 48 de la Ley de la Función Pública, el cual establece que " ... La terminación de la relación jurídica ,entre el Estado y los funcionarios públicos con estabilidad, se regirá por lo establecido en esta Ley y, supletoriamente, por el Código del Trabajo: .. ". 'Entiéndase así que al no contener fa Ley: 1626/00 ninguna disposición específica respecto a las consecuencias de la estabilidad provisoria, la propia ley habilita remitirnos a las, disposiciones del Código Laboral ,(y por ende !a los Principios Geerale's del Derecho Laboral). En ese orden de ideas, m1 permito concluir que, n primer lugar la estabilidad provisoria viene dada por -valga la redundancia - una estabilidad en el sentido de permanecer con una tranquilidad cierta, pero que dicha estabilidad no se traduce en una inamovilidad férrea en el .cargo, .sino que la administración puede dar por terminada la relación juídi'ta' con el. Funcionario, siempre y cuando de cumplimiento a las1 0bligaci9nes pecuniarias establecidas en el Código Laboral para el despido injustificado. Si la Administración procede a la destitución de un funcionario que no ha adquirido la estabilidad definitiva a los 2 años ( cumpliendo , 1 "MARÍA GL I' 'rc1REfA, MARTINe, Qqn; o Nº 133s11i 1. IDt. L !s(MR/14/ DICTADO eod I PODER EJE ! ,TiVQ''l,i U "'VU,'¿"1""4UUV1 'cori el artÍ'Cf lo 20' in sumario, corr. 01j}¡cle que a al!func¡iphario le .sean coesw.! 0.Wdienteu:.i11 '; spido injustific1'. I!, ::, :.:im:¡ai''1;acr1 ióri1 . an.alpgicl ., E; 1 la islaib ff.óra: ICOf?.ÍO(, eyá!llo .. tb'firi',f1a1' líneasprecedeni si.- 1 1 s eta al presente c '. , 1 1fo.ta contaba Ion estabilidad pr.ovi.orla. ,,q.abida cuenta uf d hablara e, do los 2 años de : tigül<dad y, por tanto, me:les,a.able 1esdbfao,u da a proceder a 1 ,¡adstituc11 1on die la fííncionária y en talsentido: corresponde confirmar la deter 1 , ación adoptada 1 1 1Administración'. Sin embar'go, conforme a lo' expuesto en el párrafo prece ente, corresponde-hacer la salvedad que la destitución de la funcionaria será legal y quedará perficionada, siemprjJ cuando se proceda al pago de la indemnización correspondiente y demás ac8sorios legales copforme a las disposiciones vigentes de la legislación laboral para el despido injf fificado. - ¡ ..
POR TANO, en virtud a todo lojhasta aquí expuesto, corresponde HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpesto por la Procuraduría General de la República, debiéndose en consecuencia REVOCAR r fallo del Tribuhal de Cuentas. Confirmar el acto administrativo de desvinculación y ORDENR el pago correspondiente a la indemnización laboral Y, demás accesorios legales de conformidad:ri lo dispuesto poel Código Laboral para el despido injustificado; todo cuanto antecede por los fndamentos expuestos en la presente resolución. - En cuanto a las costas, estimo que)as mismas deben imponerse en el orden causado, considerando la manera en que fue resuelta.la cuestión y porque ninguna de las partes actuó con temeridad o mala fe en el ejercicio de sus funciones. Es mi voto.- A SU TURNO, EL MINISTRO Ví?:TOR RÍOS OJEDA DIJO: el Procurador General de la República interpone Recurso de Apelfión contra el Acuerdo y Sentencia N.º 250 de fecha 19 de octubre de 2016, dictado por los miembros del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, quienes en mayoría manifiestan, entre otras cosas, Id 'siguiente: " ( . .) la designación de MARIA GLORIA CABRERA en la Función Pública, surgió; de un acto administrativo válido, que se presume legítimo ( . .) Que cumplido el periodo de prueba y obtenida la estabilidad provisoria el funcionario público sólo puede ser destituido mediante un sumario administrativo en el cual se le encuentre culpable de faltas graves incurridas en el ejercicio de sus funciones ( .. .) Que habiéndose determinado su destitución sin sumario -administrativa previo, cabe concluir que el acto administrativo impugnado en la' presente demanda no se halla ajustado a derecho. Razón por la cual corresponde HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa pr ovida por la Señora MARÍA GLORIA CABRERA MARTINI y, en consecuencia, e rrespo de REVOCAR el Decreto N. º 1335 de fecha 5 de marzo de 2014 dictado por el Podereeutivo, c el alcance de la inmediata reposición de la accionante en el cargo que ocupaba o en el otro d, similar categoría y remuneración y el pago de sus salarios caídos, de conformidad Art. 44 de la Ley de la Función Pública ( . .) ". - (ustavo E. Santander Dans Ministro la nulidad del acto administrativo de nombramiento de la actora por haber la misma cceido 1a la función pública sin previo concfrso público de oposición; y,., la inecearia realización de un sumario administrativo ,previo para destituir a la actora : porque uo' contaba con estabilidad laboral de 2 años de servicio. - 2.1.1.- Si bien la distinguida colega que me precede en el voto manifiesta que no corresponde el estudio de la primera situación referida arriba, debidoa que no fue argumento de la res9lhción desvinculación, 1 ' me permito disentir con sincero respeto con sparecer.: Opino gue sí corresponde su estudio, pues la valideg de la resolución de nombramiento sin, concurso ha sido objeto de análisis por los miembros del Tribunal (cuyo fallo se recurre) y comprendida n los agravios expresados porel recurrente, quien manifiesta su nulidad, basándose en la falta de concurso público de oposición parael acceso a la función pública. Cabe resaltar la importancia que reviste para la1 función revisora de esta Sala el escrito de expresión de agravios, al tener cornoefecto demostrar que la resolución'apelada es errónea, injusta o contraria a derecho. La función revisora encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios expresados por el recurrente, razón suficiente par; interveni'r y analizar la situación. Más aun teniendo en cuenta que, en el caso particular se encuentra involucrado el derecho al trabajo, un derecho fundamental, de raigambre constitucional, inseparable e inherente de la dignidad humana, y esencial para la realización de otros derechos hurna;os: Al .estar íntimamente relacionado con la dignidad humana se constituye evalor fundante del Estado Social de Derecho. En .nuestra Co'nstituión esdeber del Estado proteger el trabajo en todas sus formas (Art. 86 C.NJ y promover políticas que tiendan' al pleno empleo (Art. 87), pues toda persona tiene derecho a trabajar para vivir con dignidad.- 2.1.2.- Con relación a la primera situación esgrimida por el apelante; referente a la nulidad del' acto administrativo de nombramiento por haber la actora accedido a la función pública sin previo concurso público de oposición, debo anticipar mi disconformidad con tal postura. Al igual que los miembros del Tribunal, opino que el acto administrativo de nombramiento (agreado f1 autos). goza de la presunción de legitimidad al no haber sido desvirtuada sulegalidad en el juicio contencioso pertinente. El presente juicio se circunscribe al estudio del acto administrativo de destitución (Decreto N. º 133,5 de fecha 5 de marzo de 2014), es éste el que ha sido .impugnado en la demanda contenciosa, no así' el cto de nombramiento. Si bien el apelante pretende en este juicio la nulidad de éste último; considero oportuno aclarar que para lograr su revocatoria, tuvoque haber seguido previamente el 'trámite establecido para el efecto por la Ley N.º 1626/00 y el Reglamento General dispuesto por Resolución SFP N.º 150/2012, que refieren corno primer paso la realización de una investigación administrativa para su posterior impugnación en sede contenciosa. Ello es así considerando que, la ilegitimidad de un acto administrativo debe ser probada enjuicio y su nulidad debe ser declarada por resolución judicial inobjetable. De las constancias de autos no surge la realización de dicho trámite, lo que torna improcedente la pretensión del apelante. No basta con hacer una simple mención sobre el vicio de nulidad que podría afectar la validez de 'un 'acto administrativo, sino que necesariamente tales vicios. deben ser alegados y probados en el juicio pertinente, con la finalidad de quila autoridad competente lo declare nulo. El referido acto de nombramiento formaliza la designación de la actora en un puesto de trabajo permanente de la carrera administrativa (Decreto N;º, 10.461 de fecha 28 de diciembre de. 2012), fue dictado por el Presidente de la República en ejercicio de su función ejecutiva concedida por la propia Constitución (Artículo 238, nurn. 6), no ha sido objeto de investigación administrativa ni de proceso contencioso para su revocatoria, por lo tanto, conserva su validey plena eficacia, produciendo sus efectos jurídicos individuales de forma directa. Así las cosas, entiendo que la pretensión del apelante de obtener la declaración de nulidad del acto de nombramiento por parte de esta Sala revisora, en el presente juii'6, sin rl támite aeb1 i,do, es notoriamente 1mprocedent-y'transgrede 'prinéipiÓs .
fundamentales del debido proceso, defensa en juicio e igualdad. - 1 2.f:3.' Awms es oportunoresaltar qu ; i bien la Ley N.0 11260d,et1 sJ.;A: ;culo 15,iexige el i-ag1Jt. tad. y1 rsponsab1hcla. d del.' funcid kno. Es la Adrn,ln1stracon:!Ja:1que .tie 1 lb- sohc 1Itar la u¡ alizadóln dél concurso público de 1 1s1 , 'n en la forma ):1 ,e . 'fbglamehtd General (Resolución SFP , .; '.' /2012). La Adn:t!isfrcinti:0 ped: aihibuir;la <larga -,f.pcuP. f I ícnto suprp I iso . g:arpi: es a a mm1straffi; I;' ''/ 2. t.4!L Cll' 'relación "a 1egundi.J , , ación esgrimi1',, por el apelan! ', refereftte la' la innecesaria realización de 'un sumarió ministrativo pevio pélrra 'destituí a la actora, por motivo e que a misma no canta a con es:1n i i a a ora e' anos e servic o, tam ien e o anticipar m1 disconformidad ante tal postur1: 2.1.5.- La Ley Nº 1626/00 establece 3 elpas de desarrollo! de la relación laboral en la función publicar- , . .
La primera etapa se desarrolla dJirante un periodo de seis meses a contar desde el "nombramien:o" (de arácter prois1;io), considerado 4 (plazo de prueba",- La ley estable que durante este penado cualqmer:de las partes puede dar por terminada la relación jurídica sin indemnización ni preavi:(Artículo 18).- ; La segunda etapa se desarrolla cuJilido el periodo dprueba hasta ds años de servicio. En esta etapa el funcionario público,:1 ;dquiere estabilidd provisoria (Artículo ,I 8).- La tercera etapa se desarrolla a Jair de los dos años ininterrumpidos de, servicio en la función pública. En esta etapa el :fncionario público adquiere estabilidad definitiva, siempre que apruebe las evaluaciones.contempladas en el reglamento interno del organismo o la entidad del Estado en que se encüentre prestando servicio (Artículos 20 y 47).- 2.1.6.- Como podemos observar durantela primera etapa de la relación laboral, "cualquiera de las partes puede dar por terminada la relacián jurídica sin indemnización ni pre aviso ". Superada dicha etapa la ley prevé la destitución 11 de los funcionarios. públicos 'mediante "sumario administrativo previo", conforme lo exigc!':el Artículo 43 de la Ley 1626/00 que dice: "La destitución del funcionario público será dispuesta por la autoridad que lo designó y deberá estar precedida de fallo condenatorio recaído en ,el correspondiente sumario administrativo". Si bien el apelante manifiesta que la destitución previ9 sumario administrativo es para aquello que hayan adquirido la "estabilidad permanente", no condice su postura con el texto de la norma transcripta, cuyas letras no mencionan dichacondición:;,A través de la norma transcripta, la Ley 1626/00, en sCAPÍTULO VI, regula "LA TERMINiCIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA NTR EL ESTADO Y SUS FUNCIONARIOS", obligando a la Administración a destituir a los füncionari s donde la Ley no ha diferenciado.- ",, -..gµn constancias de autos, la actora fue destituida dura ,.1v;tavo E. Santander Dans Ministro .
N.º 1335 de fecha 5 de marzo de 2014 - acto adminjstrativo impugnado). La misma, al momento de ser destituida, había superado el periodo de prueba, se encontraba posicionada en la segunda etapa de la relación laboral, faltando sólo tres meses para iniciar la tercera etapa: Revestía todas las cualidades de. "sujeto de nivel.administrativo acreditado", por lo que, realizada 1interpretación literal del Artículo 43 de la Ley 1626/00 (transcripto arriba) entiendo que la única'vía que tenía la Administración para proceder. a su destitución era la .instrucción de un sumario administrativo previo en l que recayera resolución condenatoria, considerando su derecho a la defensa en su calidad de funcionaria pública. - ' 2.1.8.- Mediante ,el sumario administrativo, la Administración asegura al funcionario público el ejercicio pleno de su derecho a la defensa, evitando vulnerar su derecho a la estabilidad laboral (Artículo 94 C.N.), en donde el principio orientador ha de ser el respeto a los derechos adquiridos y a la situación consolidada por el mismo. - 1' 2.1.9.- De las constancias de autos surge que la Administración dispuso la destitución,de la actora basándose en las previsiones, del Artículo 4 7 de;la Ley 1626/00, ei cual establece econcepto de "estabilidad definitiva" y las condiciones para alcanzarla, cuya norma no es aplicable a la'actora, en.razón de que al momento de su desvinculación no había aún alcanzado la estabilidad definitiva.- 2.1.10.- Lo dicho hasta aquí me lleva a concluir que,: la Administración dictó el acto administrativo de detitución sin sustento jurídico n1 sujeción a los principios fndael)tales que rigen aderecho administrativo. No es posible determinar la existencia de motivos Iegítimos.para la adopción de tal medida administrativa, por lo que concuerdo. con la decisión judicial recurrida.
Entiendo que los criterios del derecho procesal gravitados en el fallo recurrido son acertados, por lo que debe ser confirmado .en todos sus términos, ,pues se. halla suficientemente motivado, es razonable y etá ajustado a derecho, dictado conform¿ a.las previsiones legales, sin.vulneración de derchos fund-méntales. Notque los argumentos esgrimidos por el apelante veran .más bien sobre cuestiones de disconformidad con lo decidido en sede judicial, sin sustentar la pretensión en fundamentos jurídicos que ameriten la procedencia del recurso incoado.- , ' 2.1.11.- Por imperativo constitucional la Administración debe actuar siempre sometida plenamente al derecho, siendo nuestro Estado, un Estado Social de Derecho. En dominio de sus decisibnes debe operar el derecho' y no el capricho del Poder Público, de lo contrario resultaría vulnerado el Principio de Prohibición de la Arbitrariidad Administrativa, que condena la falta de sustento o fundamento jurídico objetivo de una conducta administrativa y, por consiguiente, la infracción del orden material de los principios y valores propios del Estado de Derecho.- 2.1.12.- Como custodios de nuestra Constitución estamos obligados a proteger el trabajo (Art.
86 C.N.) por ser un derecho humano esencial. Es a nivel constitucional donde se contemplan los principios reguladores de las ,relacines de trabajo yJos derechos fundamentales que han cobrado cada vez mayor relevancia dentro de la rama del Derecho Laboral, que considera al trabajador en su calidad de sujeto más débil de la relación laboral.jl.as leyes de contenido laboral se orientan ,a cumplir la función primaria del derecho constitucional, al trabajo que es la de proteger la vida y la salud del trabajador, garantiándole un nivel de 1¡fda decoroso. Ello 'nos indicaique no es .
constitucionalmente lícito destituir a un funcionario piliblico sin el irámite de rigor, prevaleciéndose la Administración de su superior condición económica, social 1y política, en transgresión a los derechos fundamentales del debido proceso e , igualdad, resultando el trato totalmente discriminatorio. No fue cumplido en este caso concreto el deber constituciori.al de proteger el trabajo, apoyado en principios de solidaridad social, igualdad y defensa de la dignidad humana, elementos básicos del.orden constitucional. - U:1CQR.'J]E 'iÍ JUI 11 11 i1"MARÍAGL1 dABRERAMAR,TINÍC/ 'rUPREMA ;, 1 ! DEijR:, o Nº 1335/t :DEL 5/MAR/14, DICT,ADO í STICIA 1 E1 ipooER EJE 11 '1 TIVO" - 1 9.f i.1.l13.- S;;Opo,rtuno resaltar 1i:iue bnf!r a las letras den." tira, Gms 1titu.cio 1' n, fueron sus<iirit,s 1ratifi' 'o'.UP,or 1nuestw país, linnume l instrumentos , 11, c¡>rdelíI intera:c 1ional orienta os 'a Sil_ ot . e-1 trabajo: la Declaracién Uriivérs , e los Derechos i umanos (l)uuH -194 .1, cbnsara como 'derco húmano fWip ,, en tal el dereci¡ :'. de to1a, persona 1 trabajoa la mro,tecc10n contra el resmple91, siguier U0 'a misma lmea:i.1 'al D,eclarCln 'Américaná 1'.de leos erech'o 2'¡Debernsdel F¡fombrJI (DAD I il: 048); la Carta In n.ae1on'al¡mr1calílii1 tle Garantías ,Sociale,s,1 1 1948);1 BactIntei;nacf¡º 1 1 de Derechos ! : qcohórpco's; ,lq'ciales y ;Culturales Declaratión I s'obre el lro eso y el Desa 0110 en lo So¿ial (DPDS- 11 Protocolo Adicioal a la Convención Amerina sobre Derech 1Humanos1 en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocólo de San Salvador (PACADH, 1988); Declaración io laboral del Mercosur (DSLM - 199S). Los convenio¡'. ku,scriptos por nuestro país como miembro de la OIT, que desde su creación (1919) tiene como mandato la lucha Cntra el desempleo y la consecución de los objetivos del empleo. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) -en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales6 (PIDESC), a través de su artículo 6, trata este derecho más extensamente que cualquier otro instrumento, manifestarjdo que "el derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y onstituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana"» .1 2.1.14.- En jurisprudencia reciente la CoJe Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha expedido sobre el alcance del Artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en relación con el derecho al trabajo. En ella la Corte IDH plantea el derecho al trabajo como un derecho autónomo, que Jnera responsabilidad internacional de los Estados, y que es exigible de manera directa ante el sitema interamericano. Los casos recientes de estudio por ella son: el caso "Lagos del Campo vs. F'erú", con Sentencia el 31 de agosto de 2017; el caso "Trabajadores cesanteados de Petroperú y otros vs. Perú" con Sentencia de 23 de noviembre de 2017; el caso "San Miguel Sosa y otras vs. Venezuela", con Sentencia de 8 de febrero de 2018; el caso "Spoltore vs. Argentina", con Sentencia de 9 de junio cié 2020; el caso "Empleados de la fábrica de fuegos en Santo Antonio de Jesds vs Brasil", con Sntencia de 15 de julio de 2020. En estos cicos casos la Corte IDH analiza el alcance de los derechos al debido proceso (art. 8, CADH) y a la tutela judicial efectiva (art. 25, CADH) en el ámbito laboral. Consideró que el derecho al trabajo incluye la obligación del Estado de garantizar los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva en el ámbito públicoy en el ámbito privado de las relaciones laborales.
Recordó que el artículo XIV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre prescrib: "toda persona tiene derecho al frabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocacón ". Con estas sentencias la Corte IDH ha pretendido fortalecer el mrco protectefrio ampara a, los trabajadores, especialmente en materia de estabilidad equitativas y satisfactorias de trabajo, sin discriminación. - 3.- En el caso concreto he llegado a la conclusión de que, la destitución dis Administración mediante el dictado del acto administrativo impugnado, Deco N.º q35 de fecha 5 de marzo de 2014, ha violado los derechos fundamentales de la funci ri.ariatada.Fue dictado constitucional, convencional y legal, vulnerando ab ertamed'k 1 Artículo 137 de la Constitución, por lo que caree -valí Gustavo E. Santander Dans Ministro 4.- Ante la manera irregular en la que ha sido separado del cargo la actora, se debe garantizar su derecho a la permanencia en el empleo o función y una forma de hacerlo la constituye el derecho al cobro de salarios no percibidos durante la suspensión de la relación laboral. Es un derechd constitucionalmente garantizado al trabajador, del que también gozan los funcionarios y empleados, públicos, por aplicación del artículo 102 C.N.- ' 1 4.1.- El pago por los salarios caídos debe correr desde el momento en que operó el cese de las actividades y hasta que se haga efectivo el reintegro de la funcionariay deberán ser determinados, liquidación mediante, en la etapa procesal oportuna.- 1 4.2.- El fundamento de esta decisión radica en lo que, a continuación, se pasa a explicitar. La palabra salarios caídos engloba todos los salarios que, el funcionario habría recibido, de haberse desarrollado normalmente la relación de trabajo. Existe.un inveterado criterio establecido.en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre esta cuestión, de acuerdo con el cual, ante el 1 supueo referido -condena al reinte,grr;_ .Y pago de salarios caídos de funcionario público, destituf do- e procede.a disponer la concesión de los salarios caídos hasta el límite de 12. (doce) meses de salarios; aun cuando el juicio en el que se ordena el reintegro se haya extendido por un lapso mayor a un año. Si nos remitimos a los antecedentes notaremos que el razonamiento fundante lo constituye una .suerte de ,aplicación analógica del Art. 82 del Código del Trabajo, dado que se toma l parámetro establecido por ésta en razón de su presunto ajuste "equitativo".- .
1.3. Sin, embargo, paa que el denominado criterio analógico -a simile- calce dentro de: un discurso argumentativo, resulta absolutamente necesario, que se den cirt<tr- condiciones qu,e la hacen pertinente para justificar su. aplicación, a saber: (i) que haya semejanza, :er su aspecto esencial, entre el supuesto de hecho no regulado con.otro supuesto de hecho sí regulado; para así, deducir a partir de aquella conexión sustancial, (ii) 'la misma consecuencia jurídica para ambos supuestos. Dentro de este contexto se debe tener en cuenta que « ... para argumentar que existe semejanza entre dos supuestos de hecho, Fl y F2, hay que mostrar que existe entre ellos un rasgo común no accidental sino "sencial" a los fines de su;disciplinajurídica .... »1 4.4.- Justamente, tales extremos no se configuran respecto del Art. 82 del CT. Es que la similitud pretendida, en aspectos esenciales, no se produce porque, en realidad, existen diferencias sustanciales y muy evidentes .que parten desde lo conceptual y siguen por la senda de la naturaleza propia del instituto que la norma regula. Esto, desde luego, impide la aplicación analógica de la citada norma. - 4.5.- Lo supra referido se explicará en lo que sigue. Hay que tener en cuenta que la normativa en cuestión plasma el instituto denominado como indemnización "complementaria" -de esto, no quepa ninguna duda- para el específico supuesto de que se haya imputado una justa causa que, finalmente sea el motivo que fuere, no fue debidamente acreditada. De tal suerte que estamos ante un emolumento que, en realidad, tiene un carácter accesorio, no sólo porque, su nombre así lo indica, sino que, por cuanto que va ligado a, y en orrsecuencia pende de, una indemnización principal denominada indemnización por despido injustificado. La propia norma así lo establece y, a fin de cuentas, es, el entendimiento que le da la doctrina al asunto, cuando .se menciona que: ': ... tiene carácter accesorio de la indemnización principal que es la prevista por 'el art. 91 del C. T , al admitirse la indemnización por despido injustifica,do debe admitirse la del art. 82, JI parte ... "2 Del mismo modo, se ha dicho que " ... Esta indemnizdcion es accesoria de la que corresponde por 1,Guastini:R(1999). Estudios sobre interpretación jurídica. IIJ-l::JNAM: Mexico, México, .Pág, 38.,. ,,, Barbaza, R. (2002). El despido en el Derecho Laboral Paraguayo. lntercontinental. Asunción, Paraguay. Pág. 512.- !'J, 1 I! ,:"MARIAGLO.i.,LCABRERAMARTINIIC/ 4', DEL 5/MAW14,. DICTADO.
'?,'el 'despido in1,/?tificadb; asi lh líeferidnof ' fdice que el trab:r.i' 'dor tendrá dr¡,echo ar.su de1 'pido injustificado; rfl una inclemnizac:ü5n comple'rt:J ntaria.: 3 s, t<ir:IDe'.la l:lreve ex! posicióse despren I diáfanamente, q: la indemnizici'ón: complementaria ap tea. cuan o se I otorga a incemmzacio , m espr o, m1en: asgue esta: u, ima -por en e, a primera- se torgkn cl!lando el b0ntr¡atb s'e 't11 . , e por-definitiva¡1 1 acto 9el ?ep1cj.o stfra nly1el :crato e reP¡, . vigente. Como,¡/':'e,, n;ibos; s 1, I?¡Ueft-termzc10n e contrato va z o y nu iaa e espi O-". . mrorman e a.. istencia e cuestiones en extremo disímiles de las, que no 'surge similitud 11 Mguna, Es por tal : motivo . que la doctrina explica, diáfanamente, que. "(. .! en una demanda íf : ª.l tra 1bajo y cobro d: caídos es aberrante por arbztrarzo condenar al pago é indemnizaciones complementarias (. . .) 4 4.7.- Dicho en otros términos, la indemnización complementaria no guarda notas de semejanza -esenciales- respecto de la nulidad del despido y el consecuente reintegro sino que, todo lo contrario, aplica a una casuística no reconciliable con aquella nulidad puesto que parte de la hipótesis de que el contrato quedará resuelto y, además, es cdndicional -cuando opere la indemnización por despido- en tanto y en, :1-1anto depende de otro. tipo indemnizatorio para su otorgamiento, tal como su propio nombre, I<indica.- 4(8.-Acaso si buscáramos unos rasgos 're semejanza de contenido esencial, en realidad, lo encontraremos en lo que dispone el Art. 96 ¡!el CT. En efecto, nótese que esta norma parte de la hipótesis de nulidad del despido y consec1ente reintegro mientras que, a su vez, hace expresa referencia a los salarios caídos y su correspondiente alcance normativo cuando menciona que deberá abonarse por todo el periodo de suspensión. , 4,.9.- Por lo demás, hay que tener en c1 J¡nta que el Art. 86 de la CN, reconoce el principio protectorio que tutela los derechos del trabajador y, cuya aplicación es insoslayable, a regla del Art.
102 de la CN, Recordemos que este principio, en una de sus variantes, nos impone que adoptemos, ' ante alguna duda reconocible, aquellas cond,ciones que son más beneficiosas para el trabajador,- 4.10.- En consecuencia, considero que lol salarios caídos deben ser concedidos desde que operó el cese de las funciones y hasta el momento del efectivo reintegro del trabajador sobre todo porque no se le puede imputar a este, una eventual falta de cumplimiento contractual dada la actuación poco diligente de la patronal para hacer efectiva una eventual causa de justificación de despido.- ¡1, 5.- El principio general del Derecho Laboral de "continuidad o permanencia", inetpreta s interrupciones de los contratos laborales como "simples suspensiones". En el caso/de estudio,.
considerando el principio de continuidad, al haber sido revocado el acto administrativo de destitución, queda restablecido el vínculo jurídico laboral, retrotrayendo el estao de las cosas a la situación en que se encontraba la actora con anterioridad a la fecha de eJisión del acto ' administrativo objetado. Desde ese mismo momento surge como consecuencia "kI derecho del trabajador" previsto en el Artículo' 96 del Código del Trabaio, de a Montaner, J.D. (2021 ). Tenninación del cémttabajo. Fides. Asundi' Gustavo É,;,Santander Dans - Ministro " aroíiin.e:, O.
Ministra caso. Este dispositivo jurídico obliga a readmitir o reintegrar al trabajador en el cargo que ocupaba u otro equivalente y a pagar el salario y demás beneficios correspondientes al periodo de suspensión en el trabajo. Derecho éste reclamado por la actora, según podemos apreciar en su escrito de demanda obrante a fs. 14/21 de autos. De esta manera, la relación laboral entre la actora y el Estado deberá continuar produciendo sus efectos normales. 5.1.- Es importante mencionar que la referida norma (Artículo ?6 del. (:T), con sustento constitucional (Articuló 94 C,N,);; obedece a la nbcesidad de proteger "preferentemente" los derechos del trabajador, como sujeto más débil en la relación laboral. Nuestra propia Constitución calificade 'irrnunoiables" ls derechos que otorga la ley laboral (Artículo 86), respondiendo aun "interés social".« 6.- Con 'relación las cotasccorresponde imponerlas al funcionario emisor del acto¡ impugnado por su notoria arbitrariedad .yabuso de poder, pues ha constituido un acto administrativo sin sustento en ninguna norma constitucional o legal vigente; .s decir, en "nudas vías de hecho", tal cobo lo he explicado suficientemente arriba- t1 6.1.- Arespecto, la doctrina: es elocuente al sñalar que; " ... El funcionario, mientras obre conforme a la ley, representa al Estado, y por las consecuenci'as de sus actos na es personalmente responsable sino surepresentado i y ante los tribunales administrativos, pero una vez 'que se extralimitó, ya no representa al Estado ... El agente así es responsable de los actos no autorizados 6.2. En el caso, resulta una actuación administrativa extralimitadacm la consecuente responsabilidad personal del .funcionario que ha dictao un acto notoriamente irregular fuera del marco legal y, porconsiguiente, arbitrario. - 7.- En nclus,qt;1, y en total armonía con el razonamiento esbozado por los miembros del Tribunal de Cuentas Primera Sala en el fallo cues,tionado opino que, corresponde tener por desistido el recurso de nulidad; rechazar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, confirmar en todos sus términos la sentencia recurrida. En cuanto a. los salarios caídos, deben ser concedidos desde que operó el cese de las funciones y hasta el momento del efectivo reintegro del trabajador. Asimismo, corresponde imponer las costas al funcionario emisor del acto administrativo declarado irregular. Es mi voto.- : A SU TURNO, EL MINISTRO GUSTAVO SANTANDER DANS DIJO: El recurrente expone como agravios dos puntos concretos, el primero gira en torno a la nulidad del acto administrativo por el cual se dio el ingreso y el segundo eje de agravios se circunscribe a la estabilidad de María Cabrera.- En I; atinente al, primer punto, debemos mencionar que la competencia para declarar la nulidad de un acto administrativo.es una cuestión exclusivamente jurisdiccional; es decir, solo el Tribunal Contencioso-Administrativo puede declarar la nulidad de un acto administrativo, pero, para ello, necesariamente la máxima autoridad administrativa del órgano que distó el acto irregular debe iniciar el proceso de nulidad ante el órgano facultado por la ley, independiente e imparcial, con poder jurisdiccional.
Lo manifestado por esta Magistratura tiene su asidero en el Principio administrativo VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON VALET", más conocida como la Doctrina de los Actos Propios; ello nos Indica, que es inadmisible que la Adminisf,ración actúe contra sus . FELIX PAIVA, "Estudio de la Constitución del Paraguay", t.l.p. 150, Asunción, 1926, en "CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY-CONCORDADA, ANOTADA Y CON JURISPRUDENCIA'; de Horacio Antonio Pettit. Tomo 1, Parte Dogmática, pág. 1088, Edit. LA LEY PARAGUAY A - Asunción: afio 2010.- ITTJI(: 1 ; :;"MARÍAGLl 11 IACABER. AMARTINIC/ ' JUSTICIA 1 1 1 i PORI 1 1 '!PODER EJEir'° ,, TIVO".-,.
. .,,íl:,?,JS ;a, ; . !tdos fonºtidª1I :ej I ecir, "" spro?I , f ! ,un f iy1s,frdqr pd. r 1cqmportm1en10 mostli1¡19 ¡ )n antenondad: J¡1 ln1f1tar lps ;<lre,ch'os de otra, que t1l e ado e esa manera' elll la'. bue, a',fe , . la pnmera. ¡ 1 , , . Además, la nulidad del lcto am1l <at1vo no puedé ser atribuida al que el i¡ite es 'el encargado del'll1mado a:¡c j curso, como así filllos npmbrarhientos y ascensos de lbdps1 na,!ldebibnao: drgrl1 t4s .uencias que 'lasililitmasl1bodhyvan'-y,dica iomisón como se IJOno pue e sercarga a a íuncio JrIO ya que no esJ¡rsponsa e e .acto a ministratrvo por el cual se dispone el ingreso al entidad.¡1 haya mediado Concurso de Oposición; debe'ceñirse a lo estatuido en el Art. 26 de la Res. S.F.P.
Nº 150/2012 de la Secretaría de la Función Publica: " ... Procedimiento para la nulidad. A pedido : qe la. SFP, previa rr:: fministrativa, dofiidenuncipor '":" de cualquier persona, la Procuraduria Gen(!r,a.l de la República, tnictara las acciones judiciales pertinentes para revocar el acto administrdtvo de nombraiento' considerado nulo, sino de la responsabilidad civil, penal o administrati"f(que pudiera corresponder a los responsables del nombramiento ... ". Esta resolución es la que operativiza el art. 17 de la Ley 1626/2000, por tanto, para la declaración de nulidad del acto de nombramiento, debió imprimirse el trámite previsto en la resolución emanada por la Secretaría 1;.de la Función Pública y que fuera transcripta precedentemente. - En cuanto a los agravios que giran en tomo a la estabilidad de María Gloria Cabrera No Martini, en este punto la misma alega que adquirió estabilidad ya que ha superado el periodo de prueba de seis meses establecido en el art'.';, 18 de la Ley de Ia Función Pública, por tanto, su desvinculación debió darse previo sumario administrativo. - Sobre el punto, la Ley 1626/.00 recnoce tres estatus del funcionario, el primero es el periodo de prueba previsto en el art. 18 ( desde el nombramiento hasta seis meses) dondela terminación del vínculo se puede dar sin sumario previo ni indemnizaciones; el segundo es la estabílidad1 provisoria iserta en el art. 19 cuyo lapso comprende pasado los sei's meses Hasta los dos años, de dos años en adelante el funcionario adquiere estabilidad plena. - Ahora bien, el art. 4 7 de la Ley 1626/9,0 indica que a los dos años se adquiere la estabilidad que básicamente es el derecho a conservar el: argo, y en el art. 48 establece que la terminación del vínculo entre el funcionario y el estado se dará conforme a la ley de la función pública y supletoriamente el Código Laboral. - Entonces, en resumidas cuentas, el funcionario en periodo de prueba puede ser tsvinculado sin sumario previo y sin indemnizaciones, el, funcionario con estabilidad definitiva o permanente puede seresvinculdo olamente mediano sumario prev!o, finalen,cuanto a funcionario con estab1hdad prov1sona ¿puede ser desvmculado con o sm sumano/2Jrevio En este punto, la ley, de la función pública no contiene disp estabili: visoria, por ende, debemos emitimcódigo la custavo E. Santander Dans 13 Ministro .
Pues bien, al remitirnos al Código Laboral encontramos ciertas similitudes con-la Ley dela Función Pública, tenemos que ambos cuentan con el periodo de prueba (art. 18 de la Ley-1626/00 y art. 58 de la Ley 213/93) así también ambas legislaciones prevén la estabilidad definitiva (art 47 de la Ley 1626/00 y art. 94 de la Ley 213/93 ), asi también comparten que el despido- a un funcionario/trabajador estable definitivo) debe realizarse mediando juicio previo (art 43 de laLey Ante esto, se, aprecia que ambas legislaciones tienen un periodo entre el cumplimiento del periodo de prueba y la adquisición de la estabilidad, sobre esto el Código Laboral es más específico, .mencionando que el empleador está facultado a culminar la relación laboral con el trabajador que ha superado el periodo de prueba pero no ha adquirido la estabilidad prevista en el art. 94 de la Ley 213/93, sin justa causa ( conocido comúnmente como despido injustificado) y como consecuencia del despido debe abonar una suma determinada en concepto de indemnización.- Que, la Ley de lafunción pública no prevé dicha situación, pero como la norma nos faculta a remitirnos al Código Laboral, corresponde traer dicho instituto ( despido sin justa causa) a los efectos de resolver la controversia.- En consecuencia, la desvinculación realizada por fa autoridad administrativa sin sumario previo corresponde, tomando en consideración que la funcionaria no adquirió la estabilidad prevista en el art. 4 7 de la Ley 1626/00, ya que estuvo en el cargo por un lapso inferior a los dos años (desde el 28 de diciembre de 2012 al 05 de marzo de 2014), asi también, la autoridad administrativa está obligada al pago de las indemnizaciones y demás accesorios legales previstas para los despidos injustificados.- Por ende y tomando en cuenta lo expuesto precedentemente, corresponde HACER LUGAR parcialmente al recurso interpuesto debiéndose REYOCAR el fallo del Tribunal de Cuentas y consecuentemente confirmar la resolución administrativa; ORDENAR a la Autoridad Administrativa el pago de las indemnizaciones y demás accesorios legales paraspidos injustificados a favor de MARÍA GLORIA CABRERA MARTINI conforme las con los alcances establecidos en el Código del Trabajo.- Finalmente, en cuanto a las costas procesales, corresponde imponerlas en¡el orden causa10, atendiendo a como fue resuelta la controversia y tomando en cuenta que ninguho de los agenjes intervinientes actuó con temeridad o mala fe en el ejercicio de sus derechos. Es Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE todo por antf mí, uu quedando acordada la sentencia que inmediatamente 'sizue: - Gustavo E. Santander Dans Ministro Ante mí: Ministra I CORTE ' -SUPREMA lii: r,, DEJUSTICIA i'il JUICIOj¡ "MARÍA GLJRIA CABRERA, MA )rrNI C/ DECREl1 O Nº 1335/1DEL 5/MAR/14, DitTADO POR Et;¡PODER EJE1UTIVO".- antecedela il CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL, l. TENER POR DESISITIDO del recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada, conforme al fundamento expuesto en la presente resolución. - / 2. HACER LUGAR PARCIALMENTE al Recurso de Apelación interpuesto y en consecuencia REVOCAR el Acuerdo y Sentencia Nº 250 de fecha 19 de octubre de 2Ó16, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. CONFIRMAR la resolución a 1m iva ybRDENAR el pago de los beneficios socialespor despido injustificado conforme a los fu en el considerando de la presente resolución. - 3. IMPONER las costas en el orden causado. - Ante mí ror Ríos Djeda --Ministro j)ra. u« Caro,ma Liü72:; D.
,Ministra ,ustavo E. Santander Oans Ministro