← Sentencias
Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 1068/2024

28 de octubre de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR MIRIAN TEOFILA SANDOVAL BARRIOS C/ ART. 1 ° DE LA LEY 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. 3°,9° Y 10° DE LA LEY 2345/03" Nº: 2449 AÑO: 2021.

Antecedente ART. 1 ° DE LA LEY 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. 3°,9° Y 10° DE LA LEY 2345/03

PDF original

Texto leído automáticamente del PDF. Los sellos y firmas pueden dejar letras sueltas; el PDF original es la versión fiel.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR MIRIAN TEOFILA SANDOVAL BARRIOS C/ ART. 1 DELA LEY ;,E'n lá',.Ciu ia/dAsunción, Capital de la República del Parguax, a losv d" chv días del es q,,.Oc;v , del año dos mil ve," h lvq tiro , estando en la Sala de s Etfaés de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores GUSTAVO SANTANDER DANS, VICTOR RIOS OJEDA y CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, y, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR MIRIAN TEOFILA SANDOVAL BARRIOS C/ ART. 1º DE LA LEY 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. 3º,9º Y .

10º DE LA LEY 2345/03", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por 1 Señora MIRIAN TEOFILA SANDOVAL BARRIOS por sus propios derechos y bajo patrocini Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: VÍCTOR RÍOS OJEDA, GUSTAVO SANTANDER DANS y 1.- La Sra. MIRIAN TEOFILA SANDOVAL BARRIOS, por sus propios derechos y bajo patrocinio de profesional abogado, en calidad de funcionaria permanente de la Facultad de Ciencias Médicas dela Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA) conforme instrumentales obrantes en autos, promueven Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9" Y 10 DE LA LEY N 2.345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIOAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su calidad de funcionaria de la administración pública, conforme se desprende de las instrumentales que obran en autos y del escrito inicial de presentación de la acción ..

2.- Alega la accionante que, las normas impugnadas le privarían del derecho de seguir en la administración pública, pues se halla en la etapa de ser jubilada de manera obligatoria por impero de la Ley. Por otro lado, afirma que la aplicación de la norma la perjudicaría en los ingresos que percibe, ya que en su caso particular no podrá acogerse al beneficio de la jubilación, en razón a no contar con los años de aporte requeridos por la caja fiscal del Ministerio de Hacienda, situación que le acarreara un perjuicio patrimonial enorm pues quedará sin salario o sustento y poedad le será difícil conseguir un nuevo empl o. ---

3.- Refiere que la Ley Nº 4252/1 res ta contraria a los Arts. 6,46,47,57,86,88,10 y 13 de la Constitución Nacional, porqu viola u derecho al trabajo y a la estabilidad lab ral, por o tomar nsideración es mpeñ y esmero en e ervicio público en ejer icio de s s Gustavo E. Santander Dans Ministro , Ojeda Vctor iws Dr- ¡v11nistro 4.- Examinadas las instrumentales obrantes en autos, y considerando la inminente aplicación - de la Ley Nº 4252/1 O la Sra. MIRIAN TEOFILA SANDOVAL BARRIOS, procederé al estudio 5.- Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convencion Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. .. )". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Articulo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida del 6. - Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES" los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.

7 .- En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder Legislativo.

9.- Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RE GIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria 10.- Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una medida que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones, posibilitando su legítimo acceso al empleo público, más aún, considerando la contracción de la economía, y por ende del Presupuesto General de la Nación, que conlleva a un descenso en la oferta de empleo en el sector público, circunstancias éstas que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un puesto de trabajo en la función pública.

11.- La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Articulo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Articulo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la CORTE SUPREMA ,,().JUSTICIA 'S' ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR MIRIAN TEOFILA SANDOVAL BARRIOS C/ ART. 1 DELA LEY - J..b. 1óP.,,,. aber cumplid.o u ciclo.de trabajo para con el Estadolos que desean acceder 'l.eg!t1mme- al emplo publico. As1, la nrma impugnada garantiza tanto el derecho a la '-12:"í.a ma impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de , -,Elesmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fin,?s del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a cargos en la 13. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde RECHAZAR la presente Acción de lnconstitucionalidad. Levantar la medida cautelar dispuesta en autos por A.INº 2431 A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: A la cuestión planteada, se presenta la Sra. Mirian Teófila Sandoval Barrios, por sus propios derechos, bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 la ley Nº 4252/1 O "Que modifica los Arts. 3º, 9º y 10 de la Ley 2.345/03 "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Sostiene la accionante que los artículos impugnados infringen las disposiciones contenidas en los Arts. 6, 46,47,57,86, 102 y 137 de la Constitución Nacional. De los argumentos expuestos en el escrito se verifica que los mismos hacen exclusiva referencia al límite de edad para el ejercicio de la función pública, el cual se encuentra contemplado en el Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo concerniente a la modificación del Art. 9 de la Ley 2345/03

EI Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo pertinente dispone: "Art. 9º El aportante que complete 62 (sesenta y des) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y eumeniere 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional basta un tope del 100(cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.

Aquellos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a las derechos que IEi otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILAC/ON Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 "DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de re "os al Ahora bien, corresponde aer a olación la disposición vinculada al sistef a o ré imen de jubilaciones y pensi n d sector úblico, así tenemos que el Art. 103 de I Constit ción one: "D ntro el sistema ad social, la ley regu ará el rég Ministro de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los - organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los - La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento - El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador - en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad Por lo tanto, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la señora Mirian Teófila Sandoval Barrios. En consecuencia, ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el A.I.Nº 2431 de A su turno, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: La señora Mirian Teófila Sandoval Barrios, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado plantea la presente acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la Ley Nº 2345/2003 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios de la accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, seqún se desprende de los términos en que se planteó esta Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 º define a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y reciproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de ley". Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo de funcionamiento.

Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional.

En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.

Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto CORTE SlJ:PREMA ""Á?; 0 STI CIA d'. 'l. dece-ra t194 C.N):. ) del Podr. Ejec!:ivo, entre otras solas.ncionadasen el Art .

.., .238-¡;C.N.,,<és como diriqir la administración general del pars, diriqir el manejo de las a. elacioNeteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, " Et 111omr1pecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio.

En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de iubi/aciones de los funcionarios y de /os empleados públicos. atendiendo a que /os organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a /os aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos /os que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad' (el subrayado es mío).- En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.- Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado. como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes. existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad sociaf' ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.)

y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: "... dos /os paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".

La jubilación, como mod ,- de erminación de la relación jurídica entre el stad y el funcionario público, 1 s d- s r un c stigo o arbitrariedad, es un instituto que ncuent fundamento princip en la r, pia dig idad humana proclamada ya desde el reámbul CJtitució o en la alida , vida en el derecho al biene ar integra . usLavo E. Santander Dans Ministro Cesar M. Oieselrju Ministro J. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR MIRIAN TEOFILA SANDOV AL BARRIOS C/ ART. 1 DE LA LEY , ojeda Víctor l{ios las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han - llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.

, Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna: con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de inconstitucional.-- Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de P o r todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada.

Igualmente corresponde el levantamiento de la medida de suspensión ordenada en autos. - Cesar M. Dies.el Junghan s Ministro CSJ. Ante mí: ,.1usravo E. Santander Oans Ministro cto, firmando SS.EE., todo po ante mí, e inmediat Dr. Víctor Ríos Ojeda Mini-stro ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR MIRIAN TEOFILA SANDOVAL BARRIOS C/ ART. 1 DELA LEY SENTENCIANÚMEROO de Dch)oic de 2.0tlt .- 1., , .fi CJ:IAZAR la presente Acción de lnconstitucionalidad, promovida por la señora s, 1 MIHIAN TEOFILA SANDOVAL BARRIOS, de conformidad a lo establecido en el exordio

RESUELVE:

ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de Efectos, esta por A. l. Nº 2431 de fecha 30 de d .. bre de 2022, dictada por esta Sala. -

ANOT Cesar M. Diesel .,J.unghann Ministro CSJ. Ante mí: - e Santander Dans Gustavo L. Ministro