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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 1177/2024

23 de diciembre de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR JULIA NOEMI CHAPARRO C/ ART. 9 DE LA LEY Nº2345/03 Y EL ART. 1 DE LA LEY 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. 3°, 9° Y 10 DE LA LEY 2345/2003 Y CONTRA LOS ARTS. 3 Y 6 DEL DECRETO Nº 1579/2004" Nº: 1535 AÑO: 2021.

Antecedente ART. 9 DE LA LEY Nº2345/03 Y EL ART. 1 DE LA LEY 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. 3°, 9° Y 10 DE LA LEY 2345/2003 Y CONTRA LOS ARTS. 3 Y 6 DEL

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR JULIA NOEMI CHAPARRO C/ ART. 9 DE LA LEY Nº2345/03 Y EL ART. 1 DE LA LEY 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. 3,9Y 10 DE LA LEY 2345/2003 Y CONTRA LOS ARTS. 3 Y 6 DEL uEY SENTENCIA NÚMERO: H; oe .,,o et e "' a 1 s e mes de r«'oe.""""' lore del año dos mil vlZ..-1 cvol--r o estando en la Sala de " s, p :"e la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. SeñoreMinistros de la, Sala i ucional, Doctores GUSTAVO SANTANDER DANS, VICTOR RIOS OJEDA y CESAR DIESEL JUNGHANNS, y, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR JULIA NOEMI CHAPARRO C/ ART. 9 DE LA LEY Nº2345/03 Y EL ART. 1 DE LA LEY 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. 3º ,9º Y 10 DE LA LEY 2345/2003 Y CONTRA LOS ARTS. 3 Y 6 DEL DECRETO Nº 1579/2004, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la señora JULIA NOEMI CHAPARRO por sus propios derechos y en causa propia.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Se presenta la señora Julia Noemi Chaparro, por derecho propio y en causa propia, a promover acción de inconstitucionalidad contra el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por el Art. 1 de la Ley Nº 4252/201 O "Que modifica los Arts. 3,9 y 1 O de la Ley Nº 2345/03 y contra los Arts. 2,3,4 y 5 del En primer lugar, debo advertir que la acción no puede prosperar respecto a los Arts. 2,3,4 y 5 del Decreto Nº 1579/04 del Poder Ejecutivo por falta de fundamentos, es decir, por no desarrollar en forma clara y concreta los agravios que le ocasionan las normas cuta declaración Revisad as las constancias de autos, se observa que a fs. 3 obra copia autenticada de la cédula de identidad de la accionante, en la que consta su fecha de nacimiento-12 de abril de 1957-, con lo que se comprueba que a la fecha cuenta con 65 años cumplidos, por lo que se encuentra sujeta a la jubilación obligatoria prevista por la norma hoy impugnada -Art9 de la Ley Nº 2345/03 modificado por el Art. 1 de la Ley Nº 4252/201 OCorrida vista al Ministerio Público, conforme lo establece el Art. 554 del C.P.C, la Fiscal Adjunta, Gilda Villalba Tottil, recomendó hacer lugar parcialmente a la present cción de inconstitucionalidad, según Dictamen Nº 1962 de fecha 12 de octubre de 202 , obra a fs.

Como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que os ocupa, be señalarse qu / estra nstitución, en su artículo 1 define a la Re ública de Paraguay co o: " ... un Es o social de recho, unitario, ívisible y des ralizado qu adopta para su Gustavo E. Santander Oans --- Ministro Cesar M. Diesel Junghan s Minisuo gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de ley". Todas estas características tienen -importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional.

En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.

Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art.

238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio.- En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" (el subrayado es mío).- En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.- Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR JULIA NOEMI CHAPARRO C/ ART. 9 DE LA LEY Nº2345/03 Y EL ART. 1 DE LA LEY 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. 3,9Y 10 DE LA LEY , .. Es :,pr, que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir 9, r-,e.n una íl it-u injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de " w'g,r ,( ue un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los anos de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad social' "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo, en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".

La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.

Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la misma.

Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador, por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en adelante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio y la especial prote , n como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 d a C. ). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de inc nstitucio al.-- del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario 9ue se dejar de percibir por paso a la sividad, lo que lleva al fu ionario a tratar de poste gar en lo po 'ble su jubil ón. Mas, la referi a circunstancia, así orno I tipo de tratami ..- q e otorgan a ste Cesar M. Diesel Junghanns Ministro e ustavo E. Santander Dans Ministro , 01'eda , ,- VícWI' RWS D inistro complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenarnientciurldico.

y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de constitucionalidad. Por idénticas razones, corresponde igualmente el rechazo de la acción respecto al Art. 3 del Decreto Nº Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada.

Asimismo, corresponde el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dictada en esta causa a través del A.L. Nº 1106 de fecha 09 de agosto de 2022. ES MI VOTO.

1.- Se presenta la Sra. JULIA NOEMI CHAPARRO, por derecho propio y en causa propia, a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 9 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03, "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO" en su calidad de jubilada de la administración pública, conforme se desprende de las instrumentales que obran en autos y del 2. - Alega la accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 1,6,46,47,57,86,88,102,103,132 y 137 de la Constitución Nacional y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: "sostengo que afectan las normas constitucionales de referencia, por el hecho de que se obliga a pasar a la INACTIVIDAD LABORAL por la sola razón de tener 65 años de edad, vulnera el derecho de continuar trabajando a una sola persona capaz, honesta e idónea, que son factores indispensables exigidos para el acceso a las 3. - De las instrumentales agregadas, tenemos que la accionante reviste calidad de funcionaria publica, ya que agrega a autos copia del decreto Nº 10802 de fecha 24 de agosto de 2007, emitida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, acreditando la misma que es funcionaria de dicha institución, así mismo surge de la Cedula de Identidad glosada a foja 03 que la misma 4.- Examinadas las documentaciones citadas (que obran en autos) y considerando que el accionante a la fecha de emitir esta opinión cuenta con 67 años de edad y ante la inminencia la aplicación de la ley 4252/201 O, procederé al estudio de esta acción en los siguientes 5.- Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. .. )". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Articulo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida del 6. - Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES" los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.

1 -71- Enaras -acilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional internax__1, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y -;- ,, , funcionriQ-públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la .9/ (Jj jubilacifl , en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº ''425ÚO. Ellas facultan al Poder Administrador,como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria". .:, 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder Legislativo.

9.- Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RE GIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria 10.- Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una medida que promueve el derecho al trabajo a favor de las nuevas generaciones, posibilitando su legítimo acceso al empleo público, más aún, considerando la contracción de la economía, y por ende del Presupuesto General de la Nación, que conlleva a un descenso en la oferta de empleo en el sector público, circunstancias éstas que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un puesto de trabajo de la función pública.

11.- La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Articulo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Articulo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que no de los fines del Estado es hacer efectivo el derec e todo paraguayo de acceder ,á cargos n la 13.mnracinsid---nes -que- antece -- n,- opi o- que -corresponde -recha- ar la- prese- te Acció de lnconstitucion lidad. 1 s , corre pande levantar la suspe ión de efect s ACCIÓN ))E INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR . JULIA NOEMI CHAPARRO C/ ART. 9 DE LA LEY Nº2345/03 Y EL ART. 1 DE LA LEY 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. 3,9Y 10 DE LA LEY 2345/2003 Y CONTRA LOS ARTS. 3 Y 6 DEL Gustavo E. Santander Dans Mlnistro Ministro contra el art. 1 de la Ley 4252/1 O y art. 127 de la Ley 6258/19 dispuesta en autos por A.I Nº A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: La señora JULIA NOEMI CHAPARRO, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "QUE MODIFICA LOS Art. 3º,9º y 10 de la Ley 2345/03 de Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Publico, específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/2003 "De la Reforma y Sostenibilidad De La Caja Fiscal. Sistema De Jubilaciones Y Pensiones Del Sector Público" y contra los artículos 2,3,4,5 y 6 del Decreto De los argumentos expuestos por la accionante se extrae que la misma cuestiona la constitucionalidad de la norma que faculta al Estado a jubilar a sus funcionarios que hayan cumplido 65 años de edad. En ese contexto, de las constancias de autos se evidencia que la recurrente reviste la calidad de funcionaria publica y que ha reunido los requisitos establecidos en la norma para adquirir la jubilación. Sostiene entre otras cosas que a la fecha se encuentra con suficiente salud física y mental para seguir prestando sus servicios al Estado. Funda la presente acción en los Arts. 1,6,46,47,57,86,88, 102,103 y 137 de la Constitución Nacional. --- El Art. 1 de la Ley 4252/10 en lo pertinente dispone: "Art. 9º El aportante que complete 62 (sesenta y des) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentara 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional basta un tope del 100(cien por ciento). Cumplidos /os 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ning(m caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.

Aquellos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a /as derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULAC/ON DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 "DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Analizada la normativa cuestionada, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art.

103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de /os funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que /os organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios Estado.

La ley garantizará la actualización de /os haberes jubila torios en igualdad de tratamiento El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador - en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por (CORTE SUPREMA iOJ E JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR . JULIA NOEMI CHAPARRO C/ ART. 9 DE LA LEY N2345/03 Y EL ART. 1 DE LA LEY 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. 3,9Y 10 DE LA LEY 2345/2003 Y CONTRA LOS ARTS. 3 Y 6 DEL :r :lo.e ar1 rva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición '/4?'; , ont s.;.1 cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema (f.!_/ iJQ'U(!j 1- , por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad Por último, es dable manifestar que la accíonante se ha limitado a esbozar de manera poco clara y más bien genérica la impugnación contra los Artículos 2,3,4,5 y 6 del Decreto Nº 1579/2004 "Por el cual se reglamenta la Ley Nº 2345/2003", se verifica que la recurrente no ha expuesto ni desarrollado los agravios concretos ocasionados por las normativas objetadas, la misma solo se limita a enunciar la impugnación de tales disposiciones, esta circunstancia -falta de desarrollo de agravios- impide su consideración por esta Magistratura, que de ninguna En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden y visto el Die- men de la Fiscalía General del Estado, voto por no hacer lugar a la Acción de lnconstitucionaf ad promovida por la señora JULIA NOEMI CHAPARRO. Ordenar el levantamiento de la medí a de suspensión de efectos dictada por A.I Nº 1106 d .... _/f"f' ........ ,a 9 de agosto de 2022 Es MI VOT .

. . Con lo queterminado.el act, fi mndo SS.E., todo por ane mí, de qu certifico, queda 00 acordaJª sentencia ,n . ed1ata nte sigue:

Ante mí: 1 Cesar M. Dis2I !Jungha Ministro SENTENCIA NÚMERO: / -i 1 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro Sala Constitucional

RESUELVE:

RECHAZAR la presente Acción de lnconstitucionalidad, promovida por la señora NOEMI CHAPARRO, de conformidad a lo establecido en el exordio de la presente Resolu ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de Efectos, dispuesta por .1 ANOt Ante mí: nghanns D Víctor Ríos 1e