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Acuerdo y SentenciaSala CivilCivil y Comercial

Acuerdo y Sentencia N° 23/2025

12 de agosto de 2025

JUICIO: "HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: "HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

cuERDo Y SENTENCIA NúMERo .... Y.J.0.:.... tJ .. +-res Asunción, Capital Doce.. días, del mes de la República , estando reunidos en Sala de Acuerdos de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez Simón, Manuel Ramírez Candia y María Carolina Llanes, bajo la presidencia del primero de los nombrados, Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente intitulado: "HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ FRANCISCO RIVAS ALMADA Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL", a fin de resol ver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el Abogado Roberto Améndola Galeano, en representación del actor Humberto Darío Ortiz Coronel, y por los Abogados Juan Rafael Caballero González y Víctor Manuel Arriola Rojas, Procurador General de la República y Procurador Delegado respectivamente, en representación del Estado Paraguayo, contra el Acuerdo y Sentencia Número 74, del 21 de Julio de 2.020, y su aclaratorio, el Acuerdo y Sentencia Número 99, del 29 de octubre de 2.021, dictados por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala, de la Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de , dio el siguiente resultado: Martínez Simón, Ramírez IÓN PREVIA, EL MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN rdar las cuestioneyPi nd o que será maf (W(VJYj , C ndi Oei sús Ram1tez Or, Manue M NSTRO en rolina-hlanes O. esta Abg. Maria Rita Monges Dos Santos Secretaría Sala Civil y Comercial, es preciso hacer algunas En primer lugar, conviene recordar que, en el presente juicio, el señor Humberto Darío Ortiz Coronel dirige su pretensión indemnizatoria contra tres demandados: 1) Ricardo Martín Heisecke Rivarola, 2) Francisco Rivas Almada y 3) En primera instancia, el Juzgado en lo Civil y Comercial de la Capital, 120. Turno, resolvió: "I. RECHAZAR, la demanda de Indemnización de daños y perjuicios, que reclama el Sr.

HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL contra los señores MAR.TÍN HEISECKE, FRANCISCO RIVAS ALMADA y e1 ESTADO PARAGUAYO, por improcedente, de conformidad y con los alcances expuesto en el exordio de la presente resolución. II. COSTAS, a la parte vencida ... 11 Contra esta sentencia definitiva, el demandante interpuso recursos de apelación y nulidad, los cuales fueron resueltos por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Capital, Sta. Sala, mediante el Acuerdo y Sentencia Nº 74 del 21 de julio de 2020, que resolvió: "l.- ANULAR la S.D. Nº 240 de fecha 06 de junio de 2018, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Décimo Tercer Turno. 2.

NO HACER LUGAR las excepciones de prescripción opuestas por la Procuraduría General de la República y el codemandado señor Francisco Rivas Almada, conforme a lo expuesto en el considerando de la presente resolución. 3.- HACER LUGAR a las excepciones de falta de acción opuestas por los codemandados Ricardo Martín Heisecke Rivarola y Francisco Rivas Almada y rechazar, consecuentemente, la demanda promovida en autos por el señor Humberto Daría Ortiz en contra de los excepcionantes, conforme y con el alcance expuesto en el considerando de esta resolución. - 4. - IMPONER las costas a la perdidosa ... 11 Esta resolución fue aclarada por el Acuerdo y Sentencia Nº 99 del 29 de octubre de 2021 dictado por el mismo Tribunal: "1. HACER LUGAR al recurso de aclaratoria interpuesto por el Abg. Roberto Améndola Galeano y en consecuencia, ACLARAR el CORTE SUPREMA USTICIA JUICIO: "HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

ntencia Nº 74 del 21 de julio de 2020, dictado por en el sentido de agregar el pronunciamiento apartado del resuelve, el cual S.D. Nº 240 de fecha 06 de junio de 2018, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Décimo Turno e imponer las costas por su orden". 2. HACER LUGAR al recurso de aclaratoria interpuesto por el Abg. Roberto Améndola Galeano y, en consecuencia, ACLARAR el Acuerdo y Sentencia Nº 74 del 21 de julio de 2020, dictado por este Tribunal, en el sentido de agregar el pronunciamiento sobre las costas en el segundo apartado del resuelve, el cual queda redactado como sigue: "2. - NO HACER LUGAR las excepciones de prescripción opuestas por la Procuraduría General de la República y el codemandado señor Francisco Ri vas Almada, conforme a lo expuesto en el exordio de la resolución, con costas a los excepcionantes".

3. ACLARAR, de oficio, el Acuerdo y Sentencia Nº 74 del 21 de julio de 2020, dictado por este Tribunal, en el sentido de agregar el pronunciamiento respecto del Estado Paraguayo, en el tercer apartado del resuelve, el cual queda redactado como sigue: "3. - HACER LUGAR a las excepciones de falta de acción opuestas por los codemandados Ricardo Martín Heisecke Rivarola y Francisco Rivas Almada y, rechazar, consecuentemente, la demanda promovida en autos por el señor Humberto Darío Ortiz el Estado Paraguayo, conforme el considerando de esta las cosas, el Tribunal de Apelaciones resolvió anular 240 del 6 de junio de 2018 dictada en primera haber Abg. Maria Rita Monges Dos Santos Secretria detectado en ella un vicio de -ci tra peti ta-, al omitir el pronunciamiento Alberto Mar 1 Mini tto Dra. 1 IJa. Caro),kál Llanes v.

Midstra prescripción opuesta por el demandado Francisco Rivas Almada y por el Estado Paraguayo e hizo lugar a la excepción de falta de acción opuesta por los demandados Francisco Rivas Almada, Ricardo Martín Heisecke Rivarola y el Estado Paraguayo, rechazando la demanda planteada por el accionante Humberto Por haber sido materia de recursos, también cabe referir y aclarar de qué manera el Tribunal resolvió imponer las costas procesales. Así, impuso las costas en el orden causado en lo atinente a la declaración de nulidad de la S.D. Nº 240 del 6 de junio de 2018, fundamentando que ninguna de las partes interpuso el recurso de aclaratoria correspondiente para subsanar la omisión en que incurrió el Juzgado de Primera Instancia al no pronunciarse respecto de las mencionadas excepciones, impuso costas a los demandados Francisco Rivas Almada y al Estado Paraguayo por resultar vencidos en el marco de la excepción de prescripción opuesta como medio general de defensa, en aplicación del art. 191 del C.P.C., e impuso las costas a la parte actora por resultar vencido en la excepción de falta de acción, opuesta como medio general de defensa por Francisco Rivas Almada, Ricardo Martín Heisecke Rivarola y el Estado Paraguayo, y en la demanda principal, también en Contra estas resoluciones dictadas por el Tribunal, solo el actor, Humberto Darío Ortiz Coronel, y uno de los demandados, el Estado Paraguayo, interpusieron recursos de apelación y nulidad, aunque lógicamente por agravios distintos, los cuales serán dilucidados a continuación.

En efecto, al momento de interponer sus recursos, los recurrentes no especificaron los puntos concretos de la parte resolutiva del Acuerdo y Sentencia apelado que les resultó agraviantes, tal como se desprende de los escritos obrantes a Tampoco el Tribunal de Apelaciones que concedió los recursos realizó una discriminación puntual de los apartados CORTE SUPREMA nEJUSTICIA JUICIO: "HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

arte resolutiva que a cada apelante le acarreó un los términos del art. 395 del C.P.C.

sólo del examen de los respectivos fue posible aclarar el escenario procesal que se presenta en esta tercera instancia y determinar los agravios concretos que conciernen a cada uno Pues bien, del escrito obrante a fs. 593/604, presentado por el Abg. Roberto Améndola Galeano, en representación del actor Humberto Darío Ortiz Coronel, vemos que sus agravios guardan relación con dos puntos específicos:

1) la cuestión alusiva a la imposición de costas en la declaración de nulidad de la S.D. Nº 240 del 6 de junio de 2) la cuestión de fondo referida al acogimiento de la excepción de falta de acción opuesta como medio general de defensa por los demandados y el consecuente rechazo de la Por su parte, la Procuraduría General de la República, en representación del Estado Paraguayo, presentó su fundamentación de recursos en los términos del escrito de fs.

607/612, focalizando su crítica en la imposición de las costas por el rechazo de la excepción de prescripción opuesta como Análisis acerca de las costas impuestas al declarar la cuestión de fondo (excepción de falta rechazo de la opuesta '¡esu' s Ramír Candi r. Manuel lt-!ISTRO general de Abg. María Rita Monges Dos S Secretaria , .. --c Minis ra De esta manera, solo la decisión del rechazo de la excepción de prescripción quedó firme, puesto que no fue A SU TURNO, EL MINISTRO MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: Con respecto a la cuestión previa, me adhiero al voto del Ministro preopinante, por los mismos fundamentos.

A SU TURNO, EL MINISTRO MARÍA CAROLINA LLANES DIJO: Adhiero a la opinión del Ministro preopinante, por los mismos A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN DIJO: El Abg. Roberto Améndola Galeano, en representación de la parte actora, expresó agravios en los Sin embargo, el recurso de nulidad interpuesto no fue fundado, por lo que debemos declararlo desierto, de Asimismo, la Procuraduría General de la República, en representación del Estado Paraguayo, desistió expresamente del recurso de nulidad interpuesto, por lo que debemos tener por desistido el recurso acorde con el art. 167 del C.P.C.

Por último, no se advierten vicios o defectos que ameriten la declaración oficiosa de nulidad de la resolución recurrida, en los términos que autorizan los arts. 113 y 404 A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: pMVCI Con respecto a la cuestión , me adhiero al voto del Ministro preopinante, por los mismos fundamentos.

A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO MARÍA CAROLINA LLANES DIJO: Coincido con los argumentos esgrimidos por el Ministro preopinante en cuanto al presente recurso, en base a los mismos A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN DIJO: En primer lugar, tal como se dejó establecido al tratar la cuestión previa, se someterá a estudio el agravio del actor que guarda relación con las costas impuestas por el Tribunal de Apelaciones luego de declarar la JUICIO: "HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

i, n lidad 1 d.la S. D. Nº 240 del 6 de junio de 2018 dictada en - ciS sf' ;f,':odo de recapitular, el Tribunal de Apelación, mediante el Acuerdo y Sentencia Nº 99 del 29 de octubre de 2021, aclaratorio del Acuerdo y Sentencia Nº 74 del 21 de julio de 2020 -que declaró la mentada nulidad por incongruencia citra petita- impuso las costas en el orden causado por considerar que las partes debieron subsanar la omisión en que incurrió el Juzgado de Primera Instancia mediante la interposición del recurso de aclaratoria, circunstancia que no tuvo lugar en el juicio.1 El Tribunal de Apelación fundó esa forma de imposición de las costas en lo dispuesto en el art. 193 del C.P.C.

Concretamente en el apartado VIII de su escrito de fundamentación de recursos (fs. 602/603), el actor argumentó en contra de lo dispuesto por el Tribunal y afirmó que nada había que aclarar en la S.D. Nº 240 del 6 de junio de 2018, ni reclamar por alguna pretensión omitida y que, claramente como lo establece el art. 408 del C.P.C., es el juez de primera instancia el que debe cargar con las costas. Dijo que, como el Tribunal determinó que fue el Juzgado el que falló al dictar sentencia sin respetar la estructura del proceso y los asuntos no le compete a su parte cargar con tal Culminó manifestando que corresponde que las nulidad sean impuestas a quien realmente las la juzgadora de primera instancia y que no debe te existió omisión en cuanto a la imposición de costas en e nulidad de la S.D. Nº 240 del 06 de junio de 2018, debiendo agregars el pronunciamiento tanto en el considerando y en el rimer punto del res lve. Dichas costas deben ser impuestas por su orden, e conformidad al Art. del Cod. Proc. Civ., 7nra de que las partes rx,.,-ubsanar a omisi¡6n en que incurrió el A clara to a lo ual no u edió ... " (AyS Nº 99 Por su parte, la Procuraduría General de la República contestó escuetamente el punto de agravio (f. 627, apartado 5) y refirió que considera ajustado a Derecho lo resuelto por el Tribunal, solicitando que esta Sala Civil y Comercial confirme la imposición de costas en el orden causado.

Los otros demandados -Francisco Ri vas Almada y Ricardo Martín Heisecke Rivarola- si bien han presentado sus respectivos escritos de contestación, no han hecho referencia específica al agravio referido a las costas de la nulidad.-- Queda así delimitada la discusión sobre este punto. Ahora bien, es dable destacar que, en el caso de autos, la declaración de nulidad no fue consecuencia del recurso de nulidad interpuesto por el actor contra la S.D. Nº 240 del 6 Es más, este recurso ni siquiera fue fundado por el actor recurrente, tal como surge de los términos del escrito de fs.

Por el contrario, la nulidad fue declarada de oficio por el Tribunal, acorde con lo dispuesto en el art. 113 del C.P.C.- De esta manera, resulta inaplicable al presente caso la regla que prevé el art. 408 del C.P.C. en cuanto a la imposición de costas al juez, por cuanto ella está contemplada para los casos en que la nulidad es declarada por argumentos articulados por la parte que la haya detectado y denunciado mediante la interposición del recurso de nulidad.

De hecho, dispone el mismo artículo que si la otra parte se opone a la declaración de nulidad solicitada por la otra, cargará con las costas respectivas, lo cual solo puede tener Sin embargo, insisto, el apelante de la sentencia dictada en primera instancia -el mismo que recurre ahora este punto específico en estudio (parte actora)- no articuló argumento alguno ante el Tribunal para obtener la nulidad de aquella.- Además, como bien lo señaló el Tribunal en el considerando de la resolución que se analiza, las partes pasaron por alto C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

en que incurrió el Juzgado y no interpusieron el no cabe sino confirmar lo resuelto por el en lo atinente a las costas impuestas en el orden causado como resultado de la nulidad declarada de oficio.--- Conviene subrayar que ya he tomado esta misma posición en fallos precedentes.2 En segundo lugar, corresponde analizar la cuestión de fondo resuelta por el Tribunal de Apelación que, como consecuencia de la anulación de la S.D. Nº 240 del 6 de junio de 2018, dictada en primera instancia, dictó fallo sustitutivo y resolvió hacer lugar a la excepción de falta de acción opuesta como medio general de defensa por los demandados Ricardo Martín Heisecke Rivarola y Francisco Rivas Almada y rechazar la demanda de indemnización de daños promovida por El actor fundó el recurso de apelación en los términos del escrito de fs. 593/604 y aseveró que el Tribunal incurrió en un ostensible error al considerar que la indemnización pretendida tiene fuente voluntaria. Sostuvo, por el contrario, que la indemnización pretendida fue planteada en virtud del art. 106 de la Constitución de la República que establece la responsabilidad personal del funcionario cuando sus actos son irregulares y del art. 242 que establece la responsabilidad ministros del Poder Ejecutivo. Afirmó también no va dirigida contra el Estado, pues su ya fue dilucidada en lo contencioso negó que haya demandado directamente ino a los responsables del ejercicio irregular de que tenía para firmar decretos. No se trata, daño causado por el órgano, sino de los Nº 79 del 16 de Abg. María Rifa Mones Dos Santos secrctina res cion erlnr{ Sen encia N ,. Ramít i cano, e¡esus Mt-1StRO agentes que obraron irregularmente y que son responsables La Procuraduría General de la República contestó la fundamentación en los términos del escrito de fs. 619/629 y alegó que, de las constancias de autos, se deduce con absoluta certeza que el reclamo del demandante es de fuente contractual. Señaló que se halla probado en autos que los demandados directos Francisco Rivas Almada y Ricardo Martín Heisecke Rivarola actuaron en su calidad de funcionarios dependientes del Ministerio de Industria y Comercio, no existiendo pruebas de que hayan incurrido en mal desempeño de funciones. Alegó que al no existir antij uridicidad en los actos administrativos impugnados por el Sr. Humberto Ortiz ante la jurisdicción contenciosa, improcedente pretender indemnización es absolutamente alguna por hechos El escrito de contestación del demandado Francisco Rivas Almada obra a fs. 633/636. Afirma que el análisis realizado por el Tribunal de Apelaciones está conforme a Derecho, en el sentido que los agentes sólo son responsables civilmente si obran anti jurídicamente y que, en el presente caso, su actuar se encuadró dentro de la normativa, dando cumplimiento a sus gestiones administrativas para el cumplimiento de la medida Por último, el demandado Ricardo Martín Heisecke Rivaróla también contestó el traslado de la fundamentación del actor (fs. 638/640), solicitando la confirmación de la resolución dictada por el Tribunal. Dijo que la relación entre el actor y el Estado Paraguayo se originó en un convenio celebrado entre ambos; que, así como emplea o contrata funcionarios públicos mediante actos administrativos, de la misma manera el Estado desvincula funcionarios y que solo por una cuestión formal los decretos son refrendados por los ministros, quienes no pueden incumplir las órdenes de su superior jerárquico.

También alegó que el Estado es el responsable directo de los CORTE SUPRE.MA USTICIA C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

por sus funcionarios siempre y cuando éstos síntesis sobre las posiciones adoptadas por las corresponde ahora que nos aboquemos al estudio de la cuestión planteada.

Antes que nada, dadas las defensas opuestas por los demandados, es menester dilucidar la legitimación procesal que tienen las partes en el presente juicio. Sobre el punto, recordemos que la legitimación procesal constituye un requisito de admisibilidad de la pretensión, consistente en la coincidencia que debe mediar entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita para pretender y contradecir respecto de la materia sobre la cual versa el proceso.3 En el presente juicio, el demandante reclama la indemnización de los daños que afirma haber sufrido a raíz de los actos supuestamente ilícitos cometidos por los demandados Ricardo Martín Heisecke Rivarola y Francisco Rivas Almada como funcionarios del Estado Paraguayo y, específicamente, como Ministros de Industria y Comercio, en momentos distintos.--- Tal como surge del relato de hechos expuesto por el demandante en su escrito de demanda, el Sr. Heisecke Rivarola habría obrado ilícitamente al refrendar, como Ministro de ';;stria y Comercio de ese entonces, el Decreto Nº 1408, del /:/-;,3:.c1e"febrero de 2009, por el que se dieron por terminadas las /0 ,r.:C''/::n1.t::i,1 nes e acc í onarrt e como D'í.r e c or enera e a r op i e a , ;;Gt>Á'm , o, en el cargo de Director General, categoría B15. --- ó SECHET RlA . ' , <./4>0'º lJ( smo tiempo, el actor endilga a Francisco Rivas Almada o-..::..:r;; ,mbién como M un acto ilícito por omitir el cumplimiento, Industria y Comercio, del A.I. Nº 257 del 3 Tribunal de Cuentas de Edición.

'.',füüstro candi 1 oe¡esús Ran ,rez ,1.mnsrno Abg. María Rita Mouges Dos Santo Secretaria la Capital, lra. Sala, que dispuso, como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos del Decreto Nº 1408 del 3 de febrero de 2009 y la reposición del señor Humberto Darío Ortiz Coronel en el último cargo que venía ocupando en el Contra la pretensión del demandante, el demandado Francisco Rivas Almada opuso la excepción de falta de acción pasiva como medio general de defensa (fs. 262/270), argumentando que él no era la persona que debía cumplir lo dispuesto por el Tribunal de Cuentas, sino la Presidencia de la República. También aseveró que no fue parte del juicio contencioso administrativo ni fue condenado a pagar la indemnización prevista en el art. 45 de la ley 1626/00, por lo que no es el sujeto pasivo de la obligación de indemnizar.

Conviene subrayar que esta defensa implica una ratificación de la excepción opuesta como de previo y especial pronunciamiento, la cual fue diferida por el Juzgado de Primera Instancia para resolverla en la sentencia definitiva También la excepción previa de falta de acción pasiva opuesta por el demandado Ricardo Martín Heisecke Rivarola fue diferida para resolverse en la sentencia definitiva. El argumento de esta defensa fue que la demanda debía ir dirigida directamente contra el Ministerio de Industria y Comercio, en razón de que él solo refrendó todas las actuaciones en su carácter de ministro, confiando en los dictámenes de sus inferiores jerárquicos acerca de la remoción del accionante y en el asesoramiento de los departamentos encargados.

Concierne aclarar que también el Estado Paraguayo opuso, como medio general de defensa, la excepción de falta de acción pasiva. Sin embargo, al ser acogidas las excepciones opuestas por los demandados Ricardo Martín Heisecke Rivarola y Francisco Rivas Almada, señalados por el accionante como responsables directos de los daños que sufrió, el Tribunal consideró ya innecesario el estudio de la defensa planteada CORTE SUPREMA E JUSTICIA C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

do Paraguayo, al ser este demandado como eventual leer en la resolución apelada: "Finalmente Estado, en el escrito inicial, el demandante expresó que promueve el juicio de indemnización de daños en forma subsidiaria al Estado, en virtud del art. 106 de la Constitución Nacional. Por consiguiente, resulta que el actor no consideró al Estado como verdadero y directo responsable de 1los hechos supuestamente consumados en su perjuicio" (AyS De igual manera, dado que en esta instancia serán nuevamente sometidas a examen las excepciones de falta de acción opuestas y la cuestión de fondo, debemos repasar los argumentos esgrimidos por la Procuraduría General de la República (P.G.R.) para fundar la defensa en cuestión. Así las cosas, la P.G.R. argumentó que el actor debió dar cumplimiento previo a la carga que el Decreto Ley 6623/44 "Que reglamenta las demandas contra el Estado", como condición sine qua non para ejercer la acción indemnizatoria. También indicó que en el caso de autos no existe acto ilícito alguno para pretender una indemnización en razón de que el Decreto Nº 1408 del 3 de febrero de 2009 fue un acto administrativo reglado dictado por la autoridad administrativa competente, en cumplimiento de sus Decreto Nº 1408 al momento de acaecer los hechos que s existía entre el Humbert.

n cont ato vo típico LtatieS . pra- Ma- ¡v1i1,is1r" Dr. Manuel elesús Ramír Cand; 11,mnsrno en Abg. María Rita Monges Dos Santos Secrctrh1 de función pública4 , en el que se establecían derechos, deberes Fue en el marco de esa relación de función pública que la Presidencia de la República expidió el Decreto Nº 1408 del 3 de febrero de 2009, por el que se dieron por terminadas las funciones de Humberto Darío Ortiz Coronel como Director General de la Propiedaé Intelectual en el Ministerio de Ahora bien, es indudable que Humberto Darío Ortiz Coronel pretende activar la responsabilidad directa de los dos demandados principales, Ricardo Martín Heisecke Ri varola y Francisco Rivas Almada, por haber supuestamente actuado de manera irregular en el ejercicio de sus respectivas funciones y, subsidiariamente, activar también la responsabilidad Ello resulta claro desde el momento mismo en que se comienza a leer el escrito de demanda, en cuya parte introductoria el actor menciona: "Que, por instrucciones de mi mandante vengo a promover demanda por indemnización de daños y perjuicios morales y materiales, en contra de los Señores MARTÍN HEISECKE, domiciliado en Avda. Artigas Nro.

2315 esq. Sgto. Fernández, y FRANCISCO RIVAS ALMADA, domiciliado en Fray Luis Bolaños esq. Inca, ambos en esta ciudad, e igualmente en fcrma subsidiaria se demanda al Estado Paraguayo, conforme al artículo 106 de la Constitución Nacional, representado po r la Procuraduría General de la En otro segmento, se puede leer también: responsabilidad directa de Heisecke consiste en haber dejado sin cargo ni salario a mi mandante, contra toda disposición legal; y la de Rivas Almada es la de no haber cumplido con la medida cautelar, cohonestando así una situación harta ilegal que soportaba mi mandante. Es obvio que los demandados estaban en posición de respetar los derechos de mi mandante, pero VILLAGRA MAFFIODO, Salvador. PRINCIPIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. 5ta.

Edición. Editorial Servilibro, ps. 262/271 CORTE SUPREMA JUSTICIA / JUICIO: "HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

vulnerarlos, por acción y por omisión. Eran los en posición de no dañar y de cumplir orden reparadora de tales daños, pero optaron por dañar aún más, el primero y omitir el cumplimiento de la orden de También en su escrito de contestación de expresión de agravios, presentado ante el Tribunal de Apelación, mencionó cuanto sigue: "En efecto, VV.EE. deberán tener en cuenta que el presente juicio se inició con motivo de lo sucedido en la carrera en la administración pública, en perjuicio de mi mandante, perjuicios cuyos efectos se atribuyen primeramente al demandado MARTÍN HEISECKE, por la iniciativa del dictado del Decreto Nº 1408 de fecha 3 de Febrero de 2009, que no respetó los derechos adquiridos por mi mandante, quien aún despedido del cargo de Director, debió ser asignado en otro y este derecho la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo ha dejado bien claro en el A. y S. Nº 1605 de fecha de 5 de noviembre de 2012, obran te a fs. 1 72 en adelante de estos autos. Además, instó en este juicio la responsabilidad por omisión del demandado Francisco Rivas Almada, quien reemplazó al primero citado, pero al serle notificado el A.I. Nº 257 de fecha 03 de Junio de 2009 que suspendió los efectos del Decreto Nº 1048, remitir un proyecto de Decreto, al judicial que recibió, lo mandante de volver al , como hasta hoy día se mantiene"(f. 527) .

ante esta instancia, el actor fue aún más explícito, stionó que el Tribunal de Apelación haya encuadrado ión indemnizatoria en la órbita contractual: "En la exposición del agravio consiste en explicar 1 Excma. Corte que el Tribunal incurrió en un la indemnización pretendida el Ministro de Industria y Comercio. La indemnización que el Tribunal encontró como pretendida nunca estuvo planteada, pues como puede verse, en el escrito de demanda lo fue en virtud del artículo 106 de la Constitución Nacional, que establece la responsabilidad personal del funcionario público cuando sus actos sean disposiciones considerados irregulares, y en las demás vigentes er¡ nuestro derecho solidaria de los Ministros del Poder Ejectivo por los actos que refrendan, a lo que siguen los previstos en el Código Civil. Ello obedece al principio que cuanto más alto el cargo, más trascendente Queda claro entonces que el actor atribuye a los dos demandados principales, icardo Martín Heisecke Ri varola y Francisco Rivas Almada, a comisión de actos ilícitos en el ejercicio de sus funciones, que los harían directamente responsables por los supuestos daños ocasionados, a tenor de los arts. 106 de la Constitución de la República y 1845 del Asimismo, para atribuir la obligación de indemnizar a los demandados principales, ivoca el art. 1833 del Código Civil, el cual hace referencia a la responsabilidad civil por el hecho propio, así como el art. 1834 que alude a la antijuridicidad en el marco de la responsabilidad Ello supone, lógicamente, que los daños cuyo resarcimiento pretende el actor no derivan de un vínculo contractual previo entre el actor y los dos demandados aludidos, por lo que considero que la pretensión indemnizatoria debe ser enmarcada en el régimen de Esta es la imputación jurídica que el mismo actor realiza: los demandados cometieron actos ilícitos extracontractuales y, por ende, serían responsables directos de los daños ocasionados, comprometiendo la responsabilidad subsidiaria al Estado Paraguayo. Categóricamente, esta CORTE SU'PREMA mJUSTICIA C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

v 1.m?uta¿7n J u r i. a e a e actor no pue e ser a era a ni ,.1, mod i f q"cla por el órgano jurisdiccional.

0- T f111- efecto, modificar el encuadre de los hechos en que el etcor sustenta su pretensión o alterar la atribución específica que hace de las consecuencias jurídicas importaría una mutación de la causa petendi y, con ello, se estaría privando a la parte demandada de ejercer una defensa justa, derecho que, cabe recordar, tiene rango constitucional a tenor del art. 16 de la Constitución de la República.

Otra cosa sería la recalificación correcta de la pretensión, conforme los mismos términos de la demanda, cuando ella fue indebidamente rotulada por la parte. Esta no es solo una facultad, sino una obligación del juez, que surge del art.

De manera que no debe entrar a tallar aquí la opinión sobre la conveniencia o practicidad de los términos en que el actor ha decidido demandar, puesto que tal formulación es Se debe aclarar que no se trata aquí de negar que el órgano jurisdiccional, amén del principio iura novit curiae que nuestra legislación procesal recoge, como anticipé, en el art. 159 inc. e del CPC, tiene el deber de resol ver "de conformidad con las pretensiones deducidas en juicio, según correspondiere por la ley", sino también de entre: a) la invocación del derecho y, b) la específica de las consecuencias jurídicas que se rtamente, el principio iura novit curiae opera en los lo primero, para corregir el derecho invocado por extiende a lo segundo, por cuanto que imputación jurídica que el actor hace a los fi: chos que invoca una afrenta al nr. Manuel dispositivo que rige nestro sistema procesal. Cuestión distinta es la facultad que sí tiene el juez de, en ciertos casos, conceder lo peticionado -por ejemplo, una indemnización- cuando la invocación de la norma no sea precisa, pudiendo el juez encuadrar el caso dentro de otra del ordenamiento, siempre que no se afecte el derecho de defensa del demandado o cuando la denominación de la pretensión sea errónea, pero no haya duja de su contenido, extraído de la Insisto, del análisis del escrito de demanda y de los escritos de expresión de agravios en segunda y tercera instancia, surge que la parte actora pretende activar la responsabilidad directa de Ricardo Martín Heisecke Rivarola y Francisco Rivas Almada, pcr su actuar supuestamente irregular, y la responsabilidad indirecta y subsidiaria del Estado En nuestro sistema normativo, la responsabilidad del Estado o de entes de Derecho Público por el actuar irregular o ilícito de sus agentes, se encuentra consagrada en los arts.

106 de la Constitución de la República y 1845 del C.C.

En estos casos, el Estado es responsable subsidiario de la indemnización de los daños derivados de los hechos ilícitos o irregulares -claramente extracontractuales- consumados por sus agentes -funcionariJS y empleados públicos- en el ejercicio de sus funciones, quienes responden de manera directa. En tal sentido, son considerados hechos ilícitos o irregulares todas las transgresiones, delitos o faltas violatorios de un precepto legal y contrarios al ordenamiento normativo que pudiera lesionar la esfera jurídica de una En consecuencia, así como está planteada la demanda en cuanto a la exposición de los hechos, la invocación del derecho y la imputación jurídica hecha por el demandante, no puede sostenerse válidamente que Ricardo Martín Heisecke Rivarola y Francisco Rivas Almada, 3. quienes atribuye responsabilidad personal y directa, carezcan de legitimación pasiva en la CORTE SUPREMA vUSTICIA . ' JUICIO: "HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

ietensié!¡i' incoada. Por tal motivo, la excepción de falta de opuesta por los demandados principales como medio Pasando al análisis de la cuestión de fondo, tenemos que el actor ha promovido una demanda de indemnización de daños contra Ricardo Martín Heisecke Ri varola y Francisco Ri vas Almada, como responsables directos de los daños supuestamente sufridos y contra el Estado Paraguayo, como responsable indirecto y subsidiario, para el eventual caso en que los responsables directos -demandados principales- sean insolventes, conforme con el art. 106 de la Constitución de Según los términos del escrito de demanda de fs. 42/52, la pretensión indemnizatoria tiene sustento en los siguientes 1) Ricardo Martín Heisecke Rivarola: por haber refrendado, en carácter de Ministro de Industria y Comercio, el Decreto Nº 1408 del 3 de febrero de 2009 por el que se dieron por terminadas las funciones del Sr. Humberto Darío Ortiz Coronel como Director General de la Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, categoría Bl5. Señaló el demandante que el decreto fue propuesto por el entonces ministro Heisecke Rivarola, por lo que asume responsabilidad del art. 242 de la Constitución de la el demandante que la responsabilidad directa Heisecke Rivarola consiste en haberle dejado cionado decreto truncó su estabilidad laboral en la le privó de un sustento salarial.

Almada: por no haber cumplido, como y Comercio, la medida cautelar de del Decreto Nº 1408 del 3 de febrero de Cuentade Capital, lra.

i c mercio a vrU. Abg. Maria Rita Mones Dos Sa tos Seurt1hl abonar al demandante sus salarios regulares y asignarle un cargo. Afirmó también que obvió los dictámenes jurídicos que le sugerían el cumplimiento de la resolución judicial y la reposición en el cargo del demandante.

Contra el Decreto Nº 408 del 3 de febrero de 2009 dictado por el Poder Ejecutivo, Humberto Darío Ortiz promovió una demanda contencioso administrativa ante el Tribunal de Cuentas de la Capital, lra. Sala. En el marco de ese juicio, el Tribunal dictó el A.I. N257 del 3 de junio de 2009 (fs. 7/9), por el que se decretó una medida cautelar de suspensión de los efectos del mencionado decreto y se ordenó la reposición del accionante en el últimc cargo que venía ocupando en el Ministerio de Industria y Comercio, o en otro de igual categoría y remuneración, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. Es esta la resolución que, a decir del demandante, fue incumplida por el demandado Francisco Rivas Almada, Luego de los trámites pertinentes, el Tribunal resolvió la cuestión de fondo mediante el Acuerdo y Sentencia Nº 5 del 14 de febrero de 2012, haciendo lugar a la demanda contencioso administrativa planteada por Humberto Darío Ortiz Coronel contra el Decreto Nº 140E del 3 de febrero de 2009, dictado por el Poder Ejecutivo y, en consecuencia, dispuso su revocación y la reposiciódel actor en el cargo que ocupaba o en otro de similar categoría y remuneración yel pago de los salarios caídos o, caso contrario, el pago de la indemnización correspondiente por despido injustificado.

La sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas, lra.

Sala, fue confirmada en instancia recursiva por la Sala Penal de la Corte Suprema Justiia mediante el Acuerdo y Sentencia Nº 1605 del 5 de noviembr2 de 2012, aunque modificó parte de ella, disponiendo la reposición de Humberto Darío Ortiz Coronel en el cargo que ocupaba con anterioridad a su nombramiento en el cargo de confianza, o en uno de similar categoría y remuneración y el pago de 12 meses de salarios / ,CORTE SUPREMA USTICIA a i do s JUICIO: "HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

su defecto, el cumplimiento de lo establecido por los dichos del demandante, es obvio que los demandados estaban en posición de respetar sus derechos, pero prefirieron vulnerarlos por acción u omisión. Eran los demandados los que estaban en posición de no dañar y de cumplir con la orden reparadora de tales daños, pero optaron por dañar aún más, el primero y omitir el cumplimiento de la orden de Manifestó que, en todo el lapso en que se encontró sin ocupación efectiva, a pesar de su condición de funcionario público con estabilidad, los demandados nombraron a otras personas en el cargo que le correspondía. Apuntó que todas estas circunstancias le ocasionaron daños materiales y morales. En concreto, reclamó la suma de G. 500.000.000 en concepto de indemnización de daño moral; mientras que para el daño material sufrido, reclamó el pago de los salarios que dejó de percibir, más los aumentos previstos para cada ejercicio para la categoría Profesional II D 57, desde febrero de 2009 hasta la fecha de efectivo pago, con intereses, y también las bonificaciones por responsabilidad en el cargo, representación, seguro médico, aguinaldos y aporte j ubilatorio. Este daño material no fue cuantificado por el ! . t:.,,.,,,:c,. parte actor a se halla fundada. Pasemos, entonces, a .'l,. ;IWna .... zar si en el caso se hallan reunidos los presupuestos .o s:cP. ... f.Jctra: responsabilidad civil a los demandados responsabi :1.-d civil atribuida Hesecke para luego Fra lmada.-- Ahg. María m:a Monges Dos Santo¡ Secrrtllrb Como se mencionó líeas arriba, el actor afirma que el Sr. Heisecke Rivarola había obrado ilícitamente al refrendar, como Ministro de Industria y Comercio de ese entonces, el Decreto Nº 1408 del 3 de febrero de 2009, por el que se dieron por terminadas las funciones del accionante como Director General de la Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, en el cargo de Director Ahora bien, aquí es importante mencionar que la decisión de dar por terminadas las funciones del Sr. Humberto Darío Ortiz Coronel como Director General fue absolutamente regular, pues el cargo de confianza que ocupaba era de libre disposición, de conformiéad a lo que prescribe el art. 8 de la ley 1626/00, por lo que podía ser removido por la autoridad A esta misma conclusión arribó la mayoría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al estudiar, en grado de apelación, lo resuelto por el Tribunal de Cuentas: "Teniendo los antecedentes administrativos mencionados, y la legislación aplicable al caso, se constata que el Sr. Humberto Da río Ortiz Coronel, ocupó el cargo de "DIRECTOR", cargo que en la función pública se encuentra entre los denominados "CARGOS DE CONFIANZA". Por lo que su remoción del cargo de Director General, Categoría B15, por la autoridad competente se encontraba ajustada a lo dispuesto por la legislación aplicable al caso en estudio" (Voto de la Dra. Alicia Pucheta al cual se adhirió el Dr. Benítez Riera, f. 24 vlto.)

Por supuesto, según a Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la irregularidad administrativa no estuvo dada por la remoción en sí, sino por el incumplimiento del art. ,9 de la ley 1626/00, que estipula: "Cuando se produzca la cesantía de un funcionario con estabilidad que hubiera estado ocupando un cargo de confianza, el afectado podrá optar por volver a las funciones que cumplía con anterioridad o por recibir la indemnización prevista para los despidos sin causa". Como el Sr. Humberto Darío Ortiz Coronel era un funcionario de carrera CORTE SU'l'REMA mJUSTICIA C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

se le debía dar la opción, terminadas sus el cargo de confianza, de volver a sus funciones de percibir una indemnización laboral. Esto fue lo que ordenó la máxima instancia judicial y cumplió posteriormente el Ministerio de Industria y Comercio.- De hecho, obra a fs. 416/419 la Resolución Nº 132 del 18 de febrero de 2015, dictada por el Ministro de Industria y Comercio de ese entonces, Gustavo Leite, por la que se resolvió autorizar el pago de la suma de G. 87. 833. 832 (Guaraníes ochenta y siete millones ochocientos treinta y tres mil ochocientos treinta y dos) al Sr. Humberto Darío Ortiz Coronel Como se puede apreciar, ante la disyuntiva de reponer al Sr. Humberto Darío Ortiz Coronel en el cargo que ocupaba antes de su. nombramiento en el cargo de confianza -Director General meses de salarios caídos o la indemnización que prevé el art.

45 de la ley 1626/2000, el Ministerio de Industria y Comercio En tal sentido, puede leerse en el considerando de la resolución administrativa en cuestión la explicación respectiva: "El pago de los 12 salarios caídos solicitados igualmente por el Sr. Humberto Ortiz Coronel no puede ser por la Excma. Corte a de Justicia al referenciar en su parte resolutiva 'DISPONER la reposición del funcionario Humberto el cargo que ocupaba con anterioridad en el cargo de confianza, o en uno de similar art. 45 de pago de 12 meses de salarios to, el cumplimiento de onformidad a en e exor tínez Simon esente . Ma. Careiina Llanes O.

resolución'. La letra "C" es utilizada por dicho Acuerdo y Sentencia, como una conjunción disyuntiva que indica alternancia exclusiva o xcluyente, por lo que se considera sin temor a equívocos, que la citada Resolución Judicial ha dispuesto dos opciones a la Institución con relación al caso del Sr. Humberto Ortiz. La primera: Su reposición como funcionario y el pago de 12 meses de salarios caídos. La segunda: la indemnizacón del mismo, en virtud a lo establecido en el art. 45 de la Ley Nº 1626/00. En efecto, procediendo el Ministero de Industria y Comercio a dar cumplimiento a la Segunda alternativa dispuesta por la C.S.J., es decir, LA INDEMNIZACIÓN del Sr. Humberto Ortiz Coronel, teniendo en cuenta de que es la única opción que puede ser cumplida por la Institucijn en esta instancia administrativa, de acuerdo a lo prescripto en el art. 45 de la Ley Nº 1626/00, se considera absolutamente improcedente el pago en concepto de los 12 meses de salarios caídos, que correspondía a la primera alternativa, y debía ser diligenciada única y exclusivamente, en el caso de haberse procedido a la reposición del Sr. Humberto Ortiz en su cargo. CONCLUSIÓN: Por tanto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 3º del Acuerdo y Sentencia Nº 165 de fecha 05 de noviembre de 2012, dictado por la Excma. C. S. J. con relación al expediente: 'HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ DECRETO Nº 1408 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2009, DICTADO POR EL PODER EJECUTIVO'. La Dirección General de Asuntos Legales considera jurídicamente pertinente, proceder al pago total de la Gs. 87. 833. 832 (Guaraníes ochenta y siete millones ochocientos treinta y tres mil ochocientos treinta y dos), a favor del SEÑOR HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL, en cumplimiento a lo establecido en el art. 45 de la Ley Nº 1626/2000 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, y en concepto de cada uno de los rubros que han sido detallados en el exordio del presente dictamen, ya que los mismos han sido calculados de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 213/1993 'Código del Trabajo'. Recomendándose en consecuencia, la prosecución de los trámites de rigor para dar cumplimiento a CORTE SUPREMA mJUSTICIA JUICIO: "HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ FRANCISCO ALMAOA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

por la referida Resolución Judicialn (fs.

,:tao Paraguayo- no hizo sino dar estricto cumplimiento al Acuerdo y Sentencia Nº 1605 del 5 de noviembre de 2015 dictado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pagando al Sr. Humberto Oarío Ortiz Coronel una indemnización equivalente a la establecida en el Código del Trabajo para el despido sin causa, según lo dispuesto en el art. 45 de la ley 1626/2000. Por eso es que el monto de G. 87.833.832 incluye los rubros de falta de preaviso, vacaciones proporcionales, aguinaldo e indemnización, según la resolución administrativa dictada por el Ministerio de Industria y Comercio.

De este modo, si bien es cierto que existió irregularidad administrativa en el Decreto Nº 1408, la cual a la fecha se encuentra subsanada, no se puede sostener que el Sr. Heisecke Ri varola haya cometido un acto ilícito al refrendarlo. En otros términos, incurrir en un error o una irregularidad administrativa no implica necesariamente dolo del funcionario Conviene tener presente que el Sr. Heisecke Rivarola era Ministro de Industria y Comercio en ese entonces y que, de con lo que establecen los arts. 238, numeral 5, y la República, tenía el deber de ivarola no ejercicio de sus funciones como Ministro de debe descartarse que el Sr. Heisecke nda promovida Con relación al denandado Francisco Ri vas Almada, el demandante le endilga que no cumplió con la medida cautelar decretada por el Tribunal de Cuentas de la Capital, lra. Sala, mediante el A.I. Nº 257 del 3 de junio de 2009. En primer lugar, aquí cabe aclarar que los efectos de la citada resolución judicial alccnzaron al Estado Paraguayo y, en particular, al Ministerio de Industria y Comercio; no se proyectaron esos efectos, lógicamente, al señor Francisco Ri vas Almada a tí tul o personal. A este solo le cupo, como Ministro de Industria y Comercio, ejecutar y disponer los arbitrios necesarios para que el Ministerio de Industria y Comercio, como institución, cumpla la medida cautelar ordenada De hecho, en autos ha quedado demostrado que el demandado ha llevado adelante ciertas acciones para dar cumplimiento a la orden judicial. Así, tenemos que a fs. 205/207 obran como pruebas documentales la Nota S.N. Nº 617 del 11 de noviembre de 2009 dirigida al entonces Presidente de la República, Fernando Lugo Méndez, por el que se remite un proyecto de decreto por el que se suspenden los efectos del Decreto Nº 1408 del 3 de febrero de 2009 y el propio proyecto mencionado.

Esto tiene sentido porque, claramente, la decisión debía ser tomada por el Presidente de la República y refrendada, en todo caso, por el Ministro respectivo. En estas circunstancias, tampoco queda duda de que Francisco Rivas Almada actuó como Ministro de Industria y Comercio, por lo que no puede afirmarse Por lógica consecuencia, rechazada la demanda dirigida contra los demandados principales, también debe ser rechazada la pretensión indemnizatoria deducida por el actor contra contra el Estado Paraguayo, como demandado subsidiario.

El Estado Paraguayo, en su calidad de principal, sólo puede ser considerado respnsable indirecto cuando sus agentes han incurrido en una conducta ilícita que les genera responsabilidad directa. Al no verificarse este presupuesto CORTE SUPREMA DEJUSTICIA el JUICIO: "HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

caso de autos, no puede recaer civil sobre el Estado Paraguayo.

: si las razones expuestas no fueran suficientes para la demanda, existen también otros motivos que hacen improcedente la pretensión indemnizatoria de Humberto Darío En efecto, como ya se indicó anteriormente, obra a fs.

416/419 la Resolución Nº 132 del 18 de febrero de 2015, dictada por el Ministro de Industria y Comercio de ese entonces, Gustavo Leite, por la que se resolvió autorizar el pago de la suma de G. 87. 833. 832 (Guaraníes ochenta y siete millones ochocientos treinta y tres mil ochocientos treinta y dos) al Sr. Humberto Darío Ortiz Coronel en concepto de Como se puede apreciar, ante la disyuntiva de reponer al Sr. Humberto Darío Ortiz Coronel en el cargo que ocupaba antes de su nombramiento en el cargo de confianza -Director General meses de salarios caídos o la indemnización que prevé el art.

45 de la ley 1626/2000, el Ministerio de Industria y Comercio Por ende, ya no subsiste en la actualidad el daño calificado como material por el actor en su escrito de demanda. -ecordemos que uno de los requisitos que debe concurrir para /.(:;:-.,-'el daño sea indemnizable es que este sea subsistente, en (-/j r:::,tido de que no debe haber sido aún resarcido al tiempo 1 eclamo. No siendo así, resulta forzoso rechazar la ,; -,-- .- '" ' .::-se retera, el Ministerio de Industria y Comercio no optó :,,por. ,:.ffeponer Sr. Humberto Darío Ortiz Coronel y abonar los -, sa)í-ários caído sino pagarle la indemnizació_n según la ond'en"- de la de la Corte Suprema de Justicia, como vio. Por ahora el a:-ünez Simon en conc caídos ni la pérdida de chance que supuso la imposibilidad de percibir los aumentos previstos para la categoría Profesional II D 57 cada ejercicio rresupuestario desde febrero de 2009 hasta la fecha de efectivo pago, con intereses. Tampoco puede pretender el pago de los rubros que son propios del ejercicio del cargo de funcionario público, por lo que cabe rechazar la pretensión de percibir una indemnización por las bonificaciones por esponsabilidad en el cargo, representación, seguro médico, aguinaldos y aporte jubilatorio, dejadas de percibir. El Sr. Humberto Darío Ortiz Coronel fue indemnizado según las normas del Código del Trabajo, y no puede reclamar los rubros propios del cargo al Tampoco es procedente la pretensión de indemnización de daño moral planteada por el demandante.

El daño moral debe importar un padecimiento de entidad suficiente, injusto y permanente o, por lo menos, prolongado de la persona que lo sufrE, alterando sensiblemente su calidad de vida. Debe entenderse 1ue no cualquier pesar puede dar pie a un reclamo indemnizatorio por daños morales. El solo hecho de vivir nos expone constantemente a la posibilidad de padecer un sufrimiento, ello es inevitable y forma parte de las consecuencias de existir. Por tanto, no cualquier contratiempo o vicisitud que nos afecte puede tener la virtualidad de constituirnos en acreedores por daños morales. Para darse la posibilidad de un reclamo viable de indemnización por afectaciones internasel sufrimiento debe tener una prolongación suficiente en el tiempo y una profundidad adecuada, de modo a convencer a cualquier que se ha afectado razonablemente el espíritu de la víctima de manera tal a hacerla acreedora de una suma en concepto de satisfacción. En conclusión, habrá de reservarse esta indemnización por daños morales para resarcir aquellos eventos que sean realmente agraviantes y que hayan afectado, en forma profunda y prolongada, a la víctima en sus afecciones internas, debiendo desecharse la concesión de la indemnización en casos en que CORTE suPREMA DEJUSTICIA JUICIO: "HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

no tenga la envergadura efectiva para alterar la calidad de vida de quien lo alegue.

encuentra abonada por diversos autores doctrina. Por ejemplo, el español Luis Diez-Picazo enseña: " ... Las meras incomodidades y molestias a las que todos seres humanos estamos expuestos por razón de la convivencia social o del alarde de los otros no constituyen perjuicios compensables económicamente ... ". 5 También la doctrina argentina ilustra: " ... A diferencia de lo que ocurre con el daño material, la alteración disvaliosa del bienestar psicofísico del individuo debe presentar cierta magnitud para ser reconocida como perjuicio moral. Un malestar trivial, de escasa importancia, propio del riesgo cotidiano de la convivencia o de la actividad que el individuo desarrolle, nunca lo configurarán. Esto quiere decir que hay un iso' de molestias, inconvenientes o disgustos recién a partir del cual este perjuicio se configura jurídicamente y procede su reclamo ... ". 6 Sin embargo, en el caso de marras el demandante no ha convencido de forma categórica y clara haber sufrido el ,é:'.l;-: yes to daño moral que alega. La mera afirmación genérica no Ú,/?/" bT-sipara sustentar un reclamo de indemnización de daño moral f(;r r.Bf f ' o tiene la evidencia de otros casos en los que se ;k,1 l,J n este tipo de indemnizaciones -por ejemplo, por ani'esto hecho público que, en verdad, denosta la buena fama ',/¾;;;,, buen nombre de una - Manuel L

t""- ex a un evidente colectiva. Responsabilidad lra. Edición. Hamrnurabi. Pág. 243 Abv. Marfa Rit1 :M:ílnes Dos Simtos D sctr!i; rJ Si bien en los casos en los que se reclama una indemnización por daño moral, la prueba directa muchas veces es imposible, la evidencia del perjuicio a las afecciones íntimas deben ser evidentes y ostensibles, de modo que nadie, razonablemente, dude de su producción.

Así las cosas, el demandante debió, acorde con lo dispuesto en el art. 249 del C.P.C.,7 arrimar pruebas que demuestren de manera sólda y concreta de qué manera sufrió el menoscabo específico, circunstancia que no tuvo lugar en Del escrito de deanda (fs. 42/52), surge que el demandante se limitó a mencionar generalidades y simples insinuaciones subjetivas acerca del supuesto daño moral sufrido. Se reitera, todas estas alegaciones no fueron luego probadas para determinar de qué manera concreta configuraron un daño con entidad suficiente y permanente o prolongada que hayan cambiado su calidad de vida para servir de base a un No descarto ni desconozco que el hecho de haber sido removido de un cargo de confianza haya generado incomodidad, angustia e incertidumbre en el demandante. Pero, de forma alguna, tienen la entidad suficiente como para otorgarles una indemnización pues el daño efectivo aparece difuso y no se percibe como cierto, re qui si to básico del daño resarcible, debiendo reservarse la concesión de este tipo de indemnizaciones para aquellos casos en los que, claramente, se observa la producción evidente de pesares internos graves, contundentes, indiscutibl2s, permanentes o prolongados y con la entidad suficiente como para cambiar la calidad de vida de los reclamantes, a riesgo de incurrir, en caso contrario, en casos que Diez-Picazo podría citar en su libro "El escándalo del daflo moral", obra dedicada, precisamente, a desnudar "Carga de la prueba. Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tengan el deber de conocer. Los hechos notorios no necesitan ser probados; la calificación de los mismos corresponde al juez" CORTE SUPREMA mJUSTICIA Por las JUICIO: "HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

los que se por daños morales claramente inviables, como consideraciones pretenden, expuestas, indebidamente, la demanda de indemnización de daños promovida por el señor Humberto Darío Ortiz Coronel contra Ricardo Martín Heisecke Rivarola, Francisco Rivas Almada y el Estado Paraguayo debe ser rechazada, debiendo ser confirmado lo resuelto por el Tribunal En tercer lugar, debemos aludir al agravio del Estado Paraguayo referido a la forma en que el Tribunal de Apelaciones impuso las costas por el rechazo de la excepción de prescripción opuesta por el Estado Paraguayo y Francisco Rivas Almada como medio general de defensa. En efecto, el Tribunal impuso las costas a los excepcionantes por resultar perdidosos Argumentó el Procurador General de la República que no comparte en absoluto el criterio del Tribunal de Apelaciones por la simple razón de que en el caso de marras la excepción se opuso como medio general de defensa, es decir, fue un argumento más que complementó la contestación de la demanda.

Dicho de otro modo, manifestó, la excepción opuesta como medio de defensa comporta la contestación misma de la las costas de dicha excepción no pueden en forma separada. Así, puesto que la demanda y el Estado Paraguayo resultó ganancioso, el debió aplicar el art. 192 del C.P.C., debiendo costas in totuma la parte actora.

parte, el demandante contestó este agravio rechazo de la excepción de prescripción y que es justo que el Estado Paraguayo Entonces, se trata de determinar la naturaleza de las excepciones opuestas como medio general de defensa, para luego deducir de qué modo corresponde imponer las costas luego de Pues bien, es inne;rable que tanto a las excepciones previas, que interrumpen el curso del proceso principal, como a las que se oponen al contestar la demanda, les corresponde el nombre genérico de defensas, que el demandado opone a la pretensión del actor. La diferencia entre ellas radica, básicamente, en el trámite y efectos que conllevan.

Como se dij o, las excepciones previas interrumpen el plazo para contestar la demanda y deben ser resueltas antes de proseguir con el curso del proceso. Estos efectos propios de las excepciones previas son lo que determinan su naturaleza incidental o accesoria ccn relación al proceso principal que queda interrumpido. Por lo general, son las defensas por las que se pretende denunciar la falta de algún presupuesto procesal sin el cual no se podría constituir un proceso válido (por ejemplo, incompetencia, falta de personería, litispendencia) y que, de hecho, sólo pueden oponerse bajo Aunque, por supues-:.o, también pueden oponerse como previas las excepciones que tienen la finalidad de atacar directamente el derecho de la contraparte (por ejemplo, fa1ta Por el contrario, las excepciones que se oponen al contestar la demanda no iLterrumpen el curso del proceso, sino que integran el argumentario que sustenta la posición defensiva del demandado. Claro que en esta oportunidad sólo pueden oponerse las excepciones perentorias destinadas a producir la extinción de la acción o el rechazo de la pretensión, de conformidad con lo que establece el art. 233 del C.P.C.8 "Facultad del demandado. El demandado podrá hacer valer, en la contestación de la demanda, como medios generales de defensa, las excepciones destinadas a producir la extinción de la acción o el rechazo de la pretensión, que no hayan sido admitidas y juzgadas como previas" CORTE SUPREMA USTICIA JUICIO: "HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

en este caso, la defensa planteada no tiene o accesoria, antes bien, integra la los cuales deberá producirse prueba y delimita el thema decidendum sobre lo que deberá decidir el órgano judicial en la sentencia definitiva. En otras palabras, la excepción opuesta como medio general de defensa compone la contestación y define la posición defensiva que asume el demandado, entre otras varias que puede llegar a asumir (no presentarse, allanarse, simplemente negar los hechos, admitir los hechos y darle otra consideración jurídica, reconvenir).- Por consiguiente, el mérito de la defensa planteada se resuelve en la sentencia definitiva junto con el estudio de la pretensión del actor. Así las cosas, pretensión del actor y defensa del demandado integran un mismo conflicto que el órgano judicial dirime en la sentencia definitiva. Esto implica que también habrá una sola imposición de costas, teniendo en cuenta el resultado final de la controversia y el principio general previsto en el art. 192 del C.P.C, siempre y cuando no existan causales de exención de costas o supuestos Por ejemplo, si el órgano judicial acoge favorablemente el demandado, la pretensión del actor éste las costas respectivas; judicial rechaza la excepción y admite la del actor, las costas deben ser impuestas al el caso de marras se dio la particularidad de que el Apelaciones rechazó la excepción de prescripción defensa, pero, a la vez, rechazó del actor. Entonces, impuso las pción e impuso result eOeesús r1an, 1ei cano or. l-Aan MINSiO Sccr,üri .. i No obstante, siguiendo la linea de razonamiento esbozada, considero errónea la imposición de costas hecha por el Tribunal aislando la preensión del actor de la defensa del demandado. Se trata, se insiste, de una sola controversia que integra dos posiciones enfrentadas y, por ende, el resultado final es global, debiendo haber una sola imposición de Asi las cosas, corresponde revocar parcialmente el apartado II del Acuerdo y Sentencia Nº 74 del 21 de julio de 2020, aclaratorio del Acuerdo y Sentencia Nº 99 del 29 de octubre de 2021, en la parte que se refiere a la imposición de costas en la excepcióde prescripción opuesta como medio En su lugar, solo corresponde imponer las costas de manera global y atendiendo el principio general previsto en el art. 192 del C.P.C., Eegún el cual la parte vencida carga con las costas del juicio. En el presente caso, vista la forma en que fue resuelta la cuestión de fondo, corresponde imponerlas a la parte actora, en virtud de lo dispuesto por A SU TURNO, EL MINISTRO MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: La presente demanda de indemnización por daños y perjuicios fue promovida por el Sr. HUMBERTO DARÍO ORTIZ contra los Sres.

RICARDO MARTÍN HEISECKE RIVAROLA y FRANCISCO RIVAS ALMADA (por responsabilidad directa), y contra el ESTADO PARAGUAYO (por responsabilidad indirecta/subsidiaria), conforme al art. 106 Tramitado el juicio se dictó la Sentencia Definitiva Nro. 240/2018, en donde se rechazó la demanda de indemnización de daños y perjuicio y se impuso las costas a la parte vencida. La referida sentencia fue recurrida por la parte actora, recayendo el Acuerdo y Sentencia Nro. 74/2020 y, su aclaratoria, el Acuerdo y Sentencia Nro. 99/2021, dictados por el Tribunal de Apelacién en lo Civil y Comercial, que resolvieron: 1.- ANULAR la S.D. Nro. 240/2018, con costas por su orden; 2.- NO HACER LUGAR las excepciones de prescripción, CORTE SUPREMA E JUSTICIA C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAílO MORAL".

a los excepcionantes; 3.- HACER LUGAR a las de falta de acción opuestas por los codemandados Heisecke Rivarola y Francisco Rivas Almada y, rechazar, consecuentemente la demanda promovida en autos contra los excepcionados y el Estado Paraguayo; 4.- IMPONER Contra estas resoluciones la parte actora interpuso recurso de apelación, cuyo escrito de agravios se resumen en dos cuestiones: 1) La imposición de costas, en la declaración de nulidad de la sentencia, debe ser soportada por el juez de primera instancia; 2) Respecto al fondo de la cuestión, la indemnización pretendida fue planteada en virtud al art. 106 de la Constitución, que establece la responsabilidad personal del funcionario cuando sus actos son irregulares y del art.

242 que establece la responsabilidad solidaria de los ministros del Poder Ejecutivo, no se trata del daño causado por el órgano, sino de los agentes que obraron irregularmente Igualmente, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en representación del Estado Paraguayo (demandado), expresó agravios en los términos del escrito obrante a fojas 607/612 de autos, respecto a la imposición de costas por el rechazo la excepción de prescripción, sostiene que la citada 'gición fue opuesta como medio general de defensa, en forma comp,i" entaria a la contestación, por lo que no pueden ser los puntos cuestionados por ambos solo ha quedado firme el rechazo de la excepción cripción, por lo tanto, en esta instancia recursiva analizados tres cuestiones: 1) La imposición de costas en imposición t ,declaración de nulidad de la sentencia; 2) La por el rechazo de la excepción de cepciones de acción y, en En primer lugar, respecto al planteamiento de la parte actora, sobre la imposición de costas en la declaración de nulidad de la sentencia, me ADHIERO al voto del Ministro MARTINEZ SIMON, en que corresponde CONFIRMAR -en este punto la sentencia del Tribunal de Apelación, que impuso las costas en el orden causado, por compartir los mismos fundamentos.-- En segundo lugar, en cuanto al planteamiento de la parte demandada, sobre la imposición de costas por el rechazo de la excepción de prescripción, también me ADHIERO al voto del Ministro MARTINEZ SIMON, en que corresponde REVOCAR -en este punto- la sentencia del Tribunal de Apelación, en la parte que refiere a la imposición de costas a los excepcionantes, por En cuanto a las excepciones de falta de acción y a la pretensión indemnizatoria, considerando que en autos son dos los demandados, a quienes se les atribuye responsabilidad directa por hechos dife::entes, y al Estado Paraguayo por responsabilidad subsidiaria, corresponde analizar por separado la procedencia de las excepciones opuestas y, en su caso, determinar si t i erien "legitimidad pasiva" para ser demandados en el presente juicio y si corresponde la - Respecto al demandado RICARDO MARTÍN HEISECKE:

Verificado el escrito de demanda se observa que, la acción indemnizatoria es éirigida contra el Sr. RICARDO MARTIN HEISECKE por haber suscripto, en su carácter de Ministro de Industria y Comercio, el Decreto Nro. 1408/2009, por el que se dieron por terminadas las funciones del hoy accionante como Director General dentro del Ministerio, por lo que asume responsabilidad en los términos del art. 242 de la Constitución, habiéndole dejado sin cargo ni salario contra las disposiciones legales. Igualmente, la acción se sustenta en que el Decreto de desvnculación fue revocado en un juicio contencioso administrativo, ordenándose su reintegro al C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

rte, el Sr. RICARDO MARTIN HEISECKE contesta la excepción de falta acción (pasiva) su carácter de Ministro debía confiar en de sus inferiores, por lo que la demanda se debió entablar contra el Ministerio de Industria y Comercio, siendo su actuar solo en función de "refrendar" los actos adrninistrati vos. Además, el demandado expone que el actor ocupaba un cargo administrativo de confianza, siendo de libre disposición conforme a la ley Nro. 1626/00 (fs. 230/232) .--- El Tribunal de Apelación fundamentó su decisión -de hacer lugar a la excepción de falta de acción- en que el demandado, MARTIN HEISECKE, no asume personalmente responsabilidad civil por los actos cumplidos en su condición de Ministro, por no haber sido él sino el órgano responsable directo, en tal caso, La parte accionante recurrió la decisión del Tribunal de Apelación sosteniendo que la indemnización pretendida fue planteada en virtud al art. 10 6 de la Constitución, que establece la responsabilidad personal del funcionario cuando sus actos son irregulares y del art. 242 que establece la responsabilidad solidaria de los Ministros del Poder Ejecutivo, no se trata del daño causado por el órgano, sino de los agentes que obraron irregularmente y que son responsables directos. También señala que, el Tribunal 1'-ficó los términos de la demanda y que el reclamo es por :ponsabilidad del funcionario que intervino en la emisión I('"- (. t:. - recuento - de - las -- actuaciones -- se-- observa - que, 9 SECREJ;'t:f; la acción instaura es por responsabilidad t1 ira el Sr. RICARDO MARTIN HEISECKE por supuestas te''gularida en el ejercicio de sus funciones corno Ministro por haber suscripto el Decreto Nro.

fue revocado St!C/1'.tl'i.1 conte nu ne¡esS r1am1 Of. Ma MN1Si'RD el accionante las disposicicnes contendidas en los artículos 106 Al respecto, el art. 106 de la Constitución establece: "DE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y DEL EMPLEADO PUBLICO Ningún funcionario o emp1eado púb1ico está exento de responsabi1idad. En 1os casos de transgresiones, de1i tos o fa1tas que cometiesen en e1 desempeño de sus funciones, son persona1.mente responsab1es, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase a abandonar en tal Igualmente, el art. 242 de la Constitución determina: "DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MINISTROS. Los ministros son 1os jefes de 1a administración de sus respectivas carteras, en las cuales, bajo la dirección del Presidente de la República promueven y ejecutan la política relativa a las materias dsu competencia. Son so1idariamente responsab1e de 1os actos de gobierno que refrendan.

Anualmente, presentarán al Presidente de la República una memoria de sus gestiones, la cual será puesta a conocimiento En este caso, uno de los argumentos expuestos por el demandado, RICARDO MARTIN HEISECKE, en su escrito de excepción de falta de acción (pasiva) , es que él solo "refrendo" el Decreto en su carácter de Ministro, pero justamente la norma constitucional establece que los Ministros son los jefes de sus respectivas carteras y que responden "solidariamente" por los actos que "refrendan" (art. 242), como ocurrió en el presente caso al refrendael Decreto en cuestión, por lo que de existir alguna irregc.laridad en el acto administrativo refrendado (cuestión que será tratado en el siguiente punto), el demandado es personalmente responsable por las consecuencias de su actuación (responsabilidad directa).

En este punto, se debe realizar algunas aclaraciones respecto a la responsabilidad directa del demandado, pues si bien el Decreto emana del Presidente de la Republica, que no CORTE SUPREMA mJUSTlCIA JUICIO: "HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

tra exceptuado de responsabilidad, este último no fue por lo que no corresponde analizar su y considerando que el texto constitucional el término "solidario" al referirse a la responsabilidad de los Ministros por los actos que refrendan, el hoy demandado debe responder en forma directa de existir irregularidades en el acto administrativo.

Al respecto, cabe señalar que las obligaciones solidarias son una modalidad de obligación que consiste en que, existiendo varios responsables, se puede exigir a cada uno de Igua mente, es importante recalcar que los funcionarios públicos son personalmente responsables por las irregularidades cometidas en el ejercicio de la función y solo en forma subsidiaria ( en caso de insolvencia) responde el Estado, conforme a lo establecido en la propia Constitución (art. 106). Además, esta postura se justifica en que, si se libera de la responsabilidad directa, constituiría un premio al funcionario negligente y un castigo para los contribuyentes quienes deben soportar la carga económica de la actuación En ese sentido, el autor Bielsa (1962) ha expresado que "si se hace responsable al Estado y no a los funcionarios gozando de la impunidad de sus actos es decir, el tesoro público, cargará esos hechos. Con hacer responsable una incidencia injusta en esa los administrados o contribuyentes, pues que el Estado paga, se s contribuyentes honestos o en una de las Aires, Respecto al argumento Ministro debía "confiar del excepcionante, de que él como en los dictámenes de sus inferiores jerárquicos" y que la solicitud de desvinculación provino del Departamento de Recursos Humanos, con dictamen de Asesoría Jurídica, en este caso, a responsabilidad por las supuestas irregularidades que pudieran derivan del Decreto en cuestión, no afectan a los funcionarios inferiores, pues estos no emitieron el acto administrativo, sus funciones se limitan a dictar simples actos de la administración que pueden servir de sustento o no del acto administrativo ( en este caso del Decreto), son actos previos y no obligatorios para la emisión del acto administrativo y, por dicha circunstancia, no genera responsabilidad patrimonial respecto a estos funcionarios.-- En efecto, la responsabilidad recae sobre el funcionario que -como máxima au t o r í.c.ad de la Entidad Publica- toma la decisión definitiva al sscribir el acto administrativo, los funcionarios inferiores (como el caso de los que emiten dictámenes) no son los que toman la decisión, estos solo realizan recomendaciones y sugerencia a la máxima autoridad, que puede ser tomada como un elemento que luego sirva de sustento a la decisión de la máxima autoridad, pero en absoluto lo obliga. Es decir, se reconoce la facultad que tiene la máxima autoridad de asumir idéntica posición o, en su caso, si existe merito suficiente, apartarse de la recomendación, resolviendo en sentido contrario. Por ende, la recomendación debe ser valorada por la rráxima autoridad pero no se encuentra Por todos los fundamentos expuestos, debe ser rechazada la excepción de falta de acción opuesta por el Sr. RICARDO MARTIN HEISECKE, pues él nismo tiene legitimación pasiva para ser demandado en el presente juicio, pues de existir irregularidades en su actuación, debe responder en forma personal y solidaria, conforme al art. 242, en concordancia / JUICIO: "HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

bien, rechazado la excepción de falta de acción .-.pas'Íva .-::-.e,:¡, orresponde determinar si en el presente caso se da '-!!J/.,..i.el,, esto de "irregul.aridad en el. ejercicio de 1.a :función" '-pu-f parte del Sr. RICARDO MARTÍN HEISECKE, que pudiera derivar en una responsabilidad civil y, en consecuencia, en la Para aclarar esta cuestión, se debe partir nuevamente de que la acción planteada es por responsabilidad directa del Sr.

RICARDO MARTIN HEISECKE por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones como Ministro de Industria y Comercio, siendo el hecho generador el haber propuesto y suscripto el Decreto Nro. 1408/2009, por el que se dieron por terminadas las funciones del accionante como Director General, siendo posteriormente revocado el citado decreto vía judicial De esta desvinculación forma, fue en el accionan te forma sostiene irregular ya que que, su posterioridad, fue revocado -vía judicial- esta decisión y fue ordenado su reposición al cargo, por lo que -en primer lugar se debe verificar lo resuelto en el proceso contencioso administrativo, respecto a la regularidad del acto Así, de las constancias de autos se observa que, el Sr.

DARÍO ORTIZ promovió una demanda contenciosa Decreto Nro. 1408 del 03 de febrero por medio Sentencia Nro. 05/2012, hacer lugar a la demanda disponer la revocación del Decreto y la actor en el cargo que ocupaba o en otro de remuneración, con el pago de los salarios contrario el pago de injust'ficado;

demnización La citada resolución fue recurrida ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió -por medio del Acuerdo y Sentencia Nro. 1605/2012- confirmar parcialmente la sentencia del Tribunal de Cuentas, modificando la parte que dispone la reposición del accionante, estableciendo que la reposición debe darse en el cargo que ocupaba con anterioridad a su nombramiento en el cargo de confianza, con el pago de 12 meses de salarios caídos, o en su defecto el cumplimiento de lo establecido por el art. 45 de la Ley Nro. 1.626/00.

Así, la máxima .i n s t anc í.a judicial -en el juicio contenciosa administrativa- concluyo que " ... el Sr. Humberto Darío Ortiz Coronel, ocupó el cargo de DIRECTOR, cargo que en la función pública se encuentra entre los denominados CARGOS DE CONFIANZA. Por lo que su remoción del cargo de Director General, Categoría Bl5, por la autoridad competente se encontraba ajustada a 1o dispuesto por 1a 1egis1ación ap1icab1e a1 caso en estudio ... ", agregan que el funcionario era de carrera, por lo que debía ser repuesto en el cargo anterior al de confianza o recibila indemnización conforme al art.

De lo expuesto se verifica que, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó sentado que -efectivamente- el Sr. HUMBERTO DARIO ORTIZ ocupaba un cargo de confianza y, por lo tanto, de libre disposición de la máxima autoridad, por lo que la destitución del cargo de Director General resulta regular. Es importante aclarc.r que la Sala Penal no dispuso la reposición al cargo de Director General (como lo quiere hacer entender el accionante eL el presente juicio), sino que, al ser un funcionario de carrera, con la destitución en el cargo de confianza, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el art. 9 de la Ley de la Función Pública que establece: "Cuando se produzca la cesantía de un funcionario con estabilidad que hubiera estado ocupando un cargo de confianza, e1 a:fectado podrá optar por vo1 ver a 1as :funciones que cuq,1ía con anterioridad o por recibir 1a indemnización prevista para 1os CORTE SUPRE.MA mJUSTICIA JUICIO: "HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

ta forma, en autos no se comprueba el presupuesto ejercicio de sus funciones" por parte MARTIN HEISECKE como Ministro de Industria y refrendada (destitución del cargo de Director General por ser cargo de confianza) resulta regular, por lo que no se cumple con uno de los presupuesto para la existencia de responsabilidad civil, pues el primer requisito es que la actuación del funcionario sea irregular.- En efecto, las cuestiones argumentadas por el accionante no resultan motivos justificantes para atribuir responsabilidad directa al Sr. Sr. RICARDO MARTÍN HEISECKE, al no comprobarse la irregularidad en el ejercicio de sus funciones como Ministro. Se debe considerar que, para que exista responsabilidad y, por ende, los daños se deban resarcir, se exige que los mismos puedan ser vinculados causalmente con los hechos que se le imputan a la parte demandada; en otras palabras, para que el funcionario deba responder por los supuestos daños, es menester que exista una relación de causalidad entre el hecho (que en este caso debe ser considerado irregular) y el daño que se ocasiona.

En base a todo lo expuesto, corresponde confirmar el RECHAZO de la demanda de indemnización por daños y perjuicios instaurada en contra del Sr. RICARDO MARTÍN HEISECKE, por responsabilidad directa derivada del ejercicio de sus RIVAS ALMADA:

cuanto a la demanda en contra del Sr. FRANCISCO RIVAS este se sustenta en que no cumplió, como Ministro de Comercio, con la medida cautelar dictada por el Cuentas que ordena la suspensión de efectos del 1408/2009 y la asignación a un cargo con además, obvio nes jurídicos 'n judicial y El Sr. FRANCISCO RIAS ALMADA opuso excepción de falta acción (pasiva) argument¿ndo que la ejecución o cumplimiento de la resolución judicial no estaba dentro sus atribuciones, sino en las del Presidente de la República, sostiene que cumplió con sus funciones habiendo elevado al Presidente el proyecto de Decreto para la reposición del accionante, agotando todas las instancias a su alcance para el El Tribunal de Apelación fundamentó su decisión -de hacer lugar a la excepción de f3lta de acción- en que el demandado, FRANCISCO RIVAS ALMADh, ha cumplido con los actos administrativos para el cumplimiento de la medida cautelar, actuó bajo los límites y formas, por lo cual no asume personalmente responsabilidad civil por las decisiones de su principal (el Estado), además, la decisión de reponer al actor es competencia del Presidente de la República.

El accionante al expresar agravios sostiene que la indemnización pretendida fue planteada en virtud al art. 106 de la Constitución, que establece la responsabilidad personal del funcionario cuando sus actos son irregulares y del art.

242 que establece la responsabilidad solidaria de los Ministros del Poder Ejecutivo, no se trata del daño causado por el órgano, sino de los agentes que obraron irregularmente y que son responsables directos. Sostiene que el Tribunal modificó los términos de la demanda y que el reclamo es por la responsabilidad del funcionario que no realizó las diligencias para el cumplimiento de la medida cautelar que Del recuento de las actuaciones se observa que, la acción instaurada es por responsabilidad directa del Sr. FRANCISCO RIVAS ALMADA por supuestas irregularidades (por omisión)en el ejercicio de sus funciones como Ministro de Industria y Comercio, la accionante sostiene que el demandado no cumplió con la medida cautelar dictada por el Tribunal de Cuentas, que ordena la suspensión de efectos del Decreto Nro. 1408/2009 y CORTE SUPREMA mJUSTICIA de expuestos por el - l- demnµv; RANCISCO RIVAS ALMADA, en su escrito de excepción -.. e-fltffacción (pasiva), es que la ejecución o cumplimiento t4Z1_:;)I;solución judicial no estaba dentro sus atribuciones, JUICIO: "HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

sino en las del Presidente de la República.

En ese contexto, se debe considerar que la medida cautelar en cuestión ordenaba la suspensión de efectos de un Decreto Presidencial (Nro. 1408/2009) y la reposición al accionante en un cargo al ta jerarquía ( Director General o similar) mientras dure el proceso contencioso administrativo, por lo que, considerando el objeto de la medida dictada, el competente para su cumplimiento es -efectivamente- el En efecto, la suspensión de los efectos de un Decreto y la reposición a un cargo de esa jerarquía, sólo pueden ser ordenados por el Presidente de la República, siendo deber del Ministro realizar las diligencias necesarias para que tal efecto, por lo que, en este caso, el demandado no tiene suficientes atribuciones para dar cumplimiento por sí solo de la medida cautelar dispuesta, el competente para tal efecto es el funcionario que dicto el referido acto administrativo (el Presidente de la República), que no se encuentra exceptuado de responsabilidad civil en caso de actuar (acción u omisión) en forma irregular, pero al no ser demandado en autos, no corresponde analizar dicha cuestión.

fó,JV/¡. Igualmente, en lo que respecta a las actuaciones del ,. ddado FRANCISCO RIVAS ALMADA, de las constancias de autos /- f;'''! ... o se verifica alguna negligencia, pues el mismo, dentro ','.:'.:Jii ; atribuciones como Ministro, eJerció sus funciones 1o SECRETamñ.© 1 me o dispone la ley, realizando acciones para dar cum,imiento la medida cautelar (remitió al Presidente el r;?it§.. ecto de decr to de suspensión de efectos) , por lo que no pde atribuir esponsabilidad directa (por omisión) al iento Por otro lado, en lo que respecta al cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, señalado, lo resuelto fue la reposición cargo que ocupaba con anterioridad a su nombramiento en el como ya se había del accionante al cargo de confianza, con el pago de 12 meses de salarios caídos, o en su defecto el cumplimiento de lo establecido por el art.

Al respecto, el art. 45 de la Ley de la Función Pública establece que " ... Si no t cexe posible la reincorporación del funcionario público en el plazo de dos meses de haber quedado firme y ejecutoriada la sentencia respectiva, el afectado tendrá derecho a la indemnización equivalente a la establecida en el Código del Trabajo para el despido sin causa. Si hubiese adquirido la eet.eb i l i ded. la indemnización será también la establecida por la legisl3ción laboral para tales casosn. Según las constancias de autos, el Ministro de Industria y Comercio -en ejercicio en aquel tiempo- dio cumplimiento a lo establecido en la citaéa norma, autorizando el pago a favor del accionante en concepto de indemnización (Gs. 87.833.832), por lo que -en este punto- tampoco se observa ninguna actuación irregular que pudiera derivar en alguna responsabilidad Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, corresponde confirmar la sentencia recurrida en el apartado que hace lugar a la excepción de falta de acción (pasiva) opuesta por el Sr.

FRANCISCO RIVAS ALMADA, por falta de legitimación pasiva para ser demandado en el presente juicio, pues de existir irregularidades en el 2umplimiento de las resoluciones judiciales, esto no le es atribuible, en consecuencia, queda rechazado la demanda de idemnización por daños y perjuicios instaurada por responsabilidad directa derivada del ejercicio de sus funciones como Minstro de Industria y Comercio.

- Respecto a la demanda contra el Estado Paraguayo.--- El Sr. HUMBERTO DARO ORTIZ CORONEL demanda al Estado Paraguayo por responsabilidad subsidiaria ( indirecta) , para el caso de insolvencia de los demandados "una vez probada la CORTE SUPREMA nrUSTICIA JUICIO: "HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

cometidas por acción y omisión por los todo conforme al artículo 106 de la de falta acción (pasiva) argumentando que la demanda de indernni zación es por un "supuesto acto ilícito", pero el órgano judicial no ha declarado la nulidad ni la ilicitud del acto administrativo en la jurisdicción contenciosa adrninistrati va, sostiene que no existe acto antijurídico o ilícito alguno, para pretender una eventual indernnización.-- El Tribunal de Apelación en su sentencia -para rechazar la demanda contra el Estado Paraguayo- argumento que, el actor no consideró al Estado corno verdadero y directo responsable de los hechos supuestamente consumados en su perjuicio y, en tales condiciones, corresponde el rechazo de la dernanda.

Considerando la forma en que ha quedado trabada la Litis, queda claro que la acción contra el Estado Paraguayo es por responsabilidad subsidiaria (indirecta), para el caso de que los demandados principales (por responsabilidad directa) sean condenados pero resulten insolventes, conforme al art. 106 de En efecto, la cuestión planteada es la responsabilidad indirecta, cuando el Estado asume la obligación de reparar daño causado aladministrado, en forma por actos irregulares cometidos por los insolventes (art. 106 de la Constitución), para se deben reunir los siguientes requisitos: a) acto u del funcionario en ejercicio de sus funciones; b) el que la onsabilidad indirecta, que conlleva esponsa ilidad del previamente declarada, así como su insolvencia, al ser RECHAZADO la demanda contra los dos demandados directos, RICARDO MARTÍN HEISECKE y FRANCISCO RIVAS ALMADA, no concurren los presupuestos señalados para que exista responsabilidad subsidiaria del Estado, por lo tanto, corresponde que la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida contra el Estado también sea rechazada.

Cabe señalar que, en el presente caso, tampoco se dan los presupuestos para que el stado asume responsabilidad directa u objetiva, pues este supesto ocurre cuando la causación del daño se halla autorizada expresa o tácitamente por la normativa constitucional, legal o reglamentaria, en la hipótesis en que el funcionario causa daño en el ejercicio De esta forma, la responsabilidad es directa cuando el Estado asume la obligación de reparar el daño causado a consecuencia de una actividad legítima, debiendo indemnizar a la víctima disposición patrimonial por imperio legal. En del Estado de la estos proviene legalidad, casos la de un acto es decir, por responsabilidad lícito de la Administración pública, y surge por la realización de: a) un daño causado por acto legítimo, actividades riesgosas; c) en como la expropiación; b) por caso de condena judicial En alguno de Lo s supuestos señalados (como la expropiación y condena judicial errónea), la responsabilidad civil directa u objetivo del Estado se da por mandato constitucional, es decir, la propia normativa constitucional obliga al Estado a indemnizar a las víctimas.

En el presente caso, los hechos generadores de la demanda (supuestas irregularidades en el Decreto de destitución y en el cumplimiento de la medida cautelar) no se adecuan a ninguno de los supuestos para la atribución de responsabilidad directa u objetiva al Estado, no concurre la situación referida en los párrafos 'precedentes, pueE no existe una disposición normativa Ahora bien, en cuant8 al primer agravio planteado por el Abogado Roberto Améndola Galeano, coincido con la solución propuesta por el Ministro Preopinante, Dr. Alberto Martinez Simón, conforme a las mismas motivaciones expuestas y menciono Es importante señalar que, en el caso de autos, la pretensión originaria del accionante se basó en la indemnización material y moral por los daños y perjuicios causados a su persona como resultado de los actos ilicitos, que, a su parecer, fueron ocasionados por los señores, hoy demandados directos, Ricardo Martin Heisecke Rivarola y Francisco Rivas Almada. El primero, por suscribir como Ministro de Industria y Comercio el Decreto Nº 1408 de fecha 3 de febrero de 2009, que dio por terminada la función del señor Humberto Dario Ortiz Coronel (demandante) como Director General de la Propiedad Intelectual. El segundo, por incumplir como Ministro en aquel entonces, la medida cautelar de suspensión del citado Decreto Nº 1408, dispuesta por el Igualmente, el Estado Paraguayo fue demandado en forma subsidiaria, para responder en el caso que los responsables En primer término, cabe resaltar que la responsabilidad es personal cuando deriva de actos propios de la persona y que emanan de la voluntad del sujeto, realizándose con discernimiento, intención y libertad. Sin embargo, las personas juridicas forman y expresan su voluntad a través de sus órganos estatutarios o legales, y en cualquier caso requieren siempre del concurso de actos y voluntades de las personas fisicas que conforman sus órganos.

En este sentido, se puede afirmar que el Estado actúa siempre a través de sus órganos, los cuales son representados por personas fisicas, y ror tanto, las consecuencias que se le atribuyen serán el reflejo de las actuaciones de estas CORTE SUPREMA ,,E JUSTICIA e.xhau 1 o estudio efectuado de las constancias obran tes en ,_f1 '70,rr¡:ttitósasí como de la pretensión del accionante y lo planteado --por los demandadosa través de las excepciones de falta de JUICIO: "HUMBERTO DARÍO ORTIZ CORONEL C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

l efecto, deviene ,:-1 necesario destacar que, del acción opuestas por cada uno, surge, que los accionados actuaron en ejercicio de las funciones que cada uno, en momentos distintos, ejercieron como agentes de un órgano estatal (Ministros de.Industria y Comercio). Por consiguiente, al haber realizado cada uno su actividad en el marco de las atribuciones que les correspondía; en el caso de Ricardo Martín Heisecke, de refrendar el Decreto Nº 1408 del 3 de febrero de 2009 emanado del Presidente de la República, y en el de Francisco Rivas Almada, de ejecutar una medida cautelar dispuesta por el órgano jurisdiccional, ambos han actuado en competencia a las atribuciones y facultades asignadas a su labor específica como funcionarios públicos del Estado.

En consecuencia, al ser aplicables al caso particular los artículos 97 y 98 del Código Civil, indudablemente carecen de responsabilidad individual los demandados, y en caso de existir algún tipo de ilicitud en el ejercicio de sus funciones, debe responder ante sus órganos y el Estado ante el afectado, por ser el responsable directo en los actos realizados por los titulares de sus órganos, en ejercicio de sus funciones, por hallarnos ante un régimen de y resuelta instancias habiendo sido condenado el Estado Paraguayo, Nº 132 del 18 de febrero de 2015 emanada del se dispuso el pago de Gs.

Humberto Dar'o Ortiz Coronel, es decir, erto ?.1arHei Simou .,ucl D esús Ba improcedente por haberse subsanado el daño a través del desembolso mencionado en su oportunidad.

En relación a la indemnización por daño moral, tampoco se corrobora en autos que la situación acaecida haya ocasionado en el actor un hondo padecimjento indefinido que afectara en su persona de manera tal a que su sufrimiento sea irreversible, por lo que también es improcedente dicha Referente al segundo agravio, comparto igualmente con la posición asumida por el Ministro Preopinante, en el sentido de confirmar las costas impuestas en el orden causado como consecuencia de la nulidéd de la S.D. Nº 240 del 6 de junio de 2018, por no ser aplicable al caso en particular el art.

408 del CPC, en razón a que la parte recurrente no expuso sus fundamentos para la procedencia de la nulidad, sino que fue declarada de oficio, conforme a los motivos expuestos por el Tribunal, sin que las partes del proceso hayan reclamado en su oportunidad la omisión del Juzgado.

En cuanto al agravio expuesto por la Procuraduría General de la República respecto a la imposición de costas a los excepcionantes por el rechazo de la excepción de prescripción opuesta, también me adhiero al pronunciamiento del Ministro Preopinante, en razón a que dicha excepción fue opuesta al contestar la demanda, es decir, como medio general de defensa, formando parte de la contestación, la cual se resuelve recién en la sentencia, siendo así, resulta lógico que las costas se impongan sobre un todo, por formar parte del conflicto principal susci tacto entre ambas partes, por lo tanto, las costas deben estudiarse en forma general y no por separado, por lo que indefectiblemente debe revocarse dicho punto de la sentencia recurrida, imponiéndose las costas a la parte vencida, es decir al actor de la demanda, en virtud a lo estipulado en los artículos 192 y 205 del C.P.C.

Referente a las costas generadas-.- en esta instancia, teniendo en cuenta la form3 en que se ha resuelto lo planteado ante esta instancia recurEiva, corresponde que sean impuestas CORTE SUPREMA E JUSTICIA C/ FRANCISCO ALMADA RIVAS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL".

perdidosa, es decir, a la parte actora del presente virtud a lo dispuesto en los articulas 203 inc. "a" e dio por terminado el acto firmando SS.EE.

y lo certific/0 Dr. Manuel De sús Ramirez M ISTRO acordada la ENTENCIA NUMERO . del Acuerdo que del 2.025.- antecede, la SALA CIVIL Y COMERCIAL

RESUELVE:

Declarar desierto el recurso de nulidad interpuesto por la parte actora contra el Acuerdo y Sentencia Nº 74, del 21 de julio de 2020, y su aclaratorio, el Acuerdo y Sentencia Nº 99, del 29 de octubre de 2021, dictados por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sta. Sala de la Capital.- Tener por desistido el recurso de nulidad interpuesto por el Estado Paraguayo contra el Acuerdo y Sentencia Nº 74, del 21 de julio de 2020, y su aclaratorio, Acuerdo y Sentencia Nº 99, del 29 de octubre de 2021, dictados por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sta. Sala de la Capital.- Confirmar el apartado I del Acuerdo y Sentencia Nº 74, del 21 de julio de 2020, y su aclaratorio, Acuerdo y Sentencia Nº 99, del 29 de octubre de 2021, en la parte que se refiere a la imposición de co s t a s en el orden causado.

Revocar parcialmente el apartado II del Acuerdo y Sentencia Nº 74, del 21 de julio de 2020, y su aclaratorio, Acuerdo y Sentencia Nº 99, del 29 de octubre de 2021, en la parte que se refiere a la imposición de costas a los Revocar parcialmente el apartado III del Acuerdo y Sentencia Nº 74, del 21 de julio de 2020, y su aclaratorio, Acuerdo y Sentencia Nº 99 del 29 de octubre de 2021 y, en consecuencia, rechazar las excepciones de falta de acción opuestas como medio general de defensa por los codemandados Ric Martín Heisecke Rivarola y Francisco Rivas Almada.

parcialmente el apartado III del Acuerdo y del 21 de julio de 2020, y su aclaratorio, Acuerdo y 99, del 29 de octubre de 2021 y, en de indemnización de daños y la parte carolltUl µ pra, Af a. Mir.istra Or. Man el Deíesús f'lamír z Cano MINISTRO Ante mí: Secretsria