ACCIÓN DE INCQNSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: "NICASIA ARZAMENDIA AGÜERO C/ ART. 1 º DE LA LEY Nº 4252 DEL DE LA LEY Nº 2345/2003 Y LA NOTA DEL 5 '',A UER SENTENCIA.NÚMERO: H; c,íe"'º QCJ)e-"lt-Q 'i uno . -, laSafid<i .rdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. ,Señores !'J1inistros de la 18;ltijac1onal, Doctores GUSTAVO SANTANDER DANS, VICTOR RIOS OJEDA y cESA'R 1:_DIESEL JUNGHANNS, ante mí Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: "NICASIA ARZAMENDIA AGÜERO C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4252 DEL 29/12/2010 QUE MODF. EL ART. 3º, 9º Y 10º DE LA LEY Nº 2345/2003 Y LA NOTA DEL 5 DE MARZO DE 2019", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Abogado Sergio Enrique Aranda Mujica, en nombre y representación de la Señora Nicasia Arzamendia Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, dijo: En fallos anteriores ya me he pronunciado con relación al Art. 1 de la Ley Nº 4252/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la Ley Nº 2345/2003 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal.
Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público", igualmente me permito agregar las Se impugna de inconstitucional id ad el Art. 1 de la Ley Nº 4252/201 O, que modifica los articulas 3, 9 y 1 O de la Ley Nº 2345/2003 "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público". Debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios de la accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del artículo 9de la Ley Nº 2345/2003; concretamente, en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 º define a la Repi 'lica el Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y des entraliz do que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y lu alista, fi dada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mis contexto, el a culo 3º ispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ei cutivo Judicial e un siste a de separación, equilibrio, coordinación y reciproco control. Ninguno e estos po eres ue tribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, indi idual o c ectiva, fa Ita exireordi rias o la suma del Poder Público. . ictadura stá fuera ley".
Gustavo E. Santander Dans Ministro 1eda V, tor R1os M,inistro Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo de C o m o se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional. En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art.
193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, e) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" (el subrayado es En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtual del Principio de Reserva de la ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley la cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: "NICASIA ARZAMENDIA AGÜERO C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4252 DEL DE LA LEY Nº 2345/2003 Y LA NOTA DEL 5 1--.. --... Pcipn c;le na. u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, -;, en: anto e' 1no conllve una ostensible oncucción de laSuprmacía de laConstitución.
! , Puede iderarse in Justa o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no "--,,, ,'7'.SigJ,l'iliílG,- ue la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la -C::-ihconstitucionalidad del alcance de la misma, por arbitrariedad u otros fundamentos.
Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad social" ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la CN., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.
Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del dere o I trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el e la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una pote egislativa onstitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que uardan alidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y pri ipios nstituci nales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumerlto por el c I el gislad , r poe-trrr+aco, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la fu p blic rts. 47 y 101 .N.) y el recambio de la plantilla de servi res e tata les, mie Gustavo E. Santander Dans Ministro 3 , Ojeda Víctor Rws vr. ,n,stro que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de Fin al mente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las formulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito P o r todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada. Corresponde además, el levantamiento de la medida de suspensión de efectos de A su turno, el Doctor VÍCTOR RÍOS OJEDA dijo: 1. El Abg. Sergio Enrique Aranda Mujica, en nombre y representación de la Señora NICASIA ARZAMENDIA AGÜERO, en calidad de funcionaria del INDERT, conforme instrumentales obrantes en autos, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 39Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 " DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FICAL. SISTEMA DE JUBILACOINES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", y contra la Nota de fecha 05 de marzo de 2019, emanada de la Dirección General de Gestión y Desarrollo de Personas, del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) conforme se desprende del escrito inicial de 2. Alega la accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 6, 46, 47, 57, 86, 88, 92, 95, 103 y 137 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que la norma impugnada le priva de su derecho a continuar trabajando 3. De las instrumentales agregadas a autos surge que la accionante, a la fecha, cuenta con la edad de 77 años y por Resolución Nº 421 de fecha 06 de abril de 1993 quedó 4. Examinadas las instrumentales obrantes en autos, y considerando la inminente aplicación de la Ley Nº 4252/1 O a la accionante, comunicada por Nota 05 de marzo de 2019, procederé al estudio de esta acción en los siguientes términos:
5. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la. dignidad humana (. . .) ". Para garantizar a la persona su dignidad humana, . nuestra Ley CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: "NICASIA ARZAMENDIA AGÜERO C/ ART. 1 º DE LA LEY Nº 4252 DEL DE LA LEY Nº 2345/2003 Y LA NOTA DEL 5 . 1 F, :ent. : stablece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo , ,5).,-:abarc. "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilaci: , ,,Yomo derecho fundamental en la vida del trabajador.
;:,e f6re a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos yDeberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un 7. En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder Legislativo.
9. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL REGIMEN DE JUBILACIONES", no fija una edad en la cual el funcionario . público debiera jubilar , tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir q e ha c ferido a gislador la facultad de acordarla, manteniendo éste a autori d y om etencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la funci , n encomen ada.
Psti uiaª--- odríamos tacharala norma impugne toria delma ato Gustavo E. Santander Dans fVlinistro IViinistro CSJ. 5 , s ojeda Víctor Rº 1 O. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones. Entiendo que dicha limitación, tiende más bien a posibilitar el legítimo acceso al empleo público a favor de las nuevas generaciones que ya enfrentan actualmente problemas relevantes de acceso al mercado laboral, por motivo de la contracción de la economía y por ende del Presupuesto General de la Nación, que como consecuencia directa genera el descenso de la oferta de empleo en el sector público, todo esto por causas ajenas a quienes desean acceder a un puesto de trabajo 11. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación, como también el derecho al trabajo, es decir, se trata de una disposición normativa que opera en dos dimensiones para cumplir un mandato constitucional en un desbalanceado contexto 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo/a paraguayo/a de 13. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad, debiéndose levantar la medida cautelar de suspensión de efectos decretada por A.I. Nº 3188 de fecha 31 de diciembre de 2019. Es mi voto.
El Abogado Sergio Enrique Aranda Mujica, en representación de la Señora NICASIA ARZAMENDIA AGÜERO, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Art. 1 º de la Ley Nº 4.252/10 que modifica los Arts. 3º, 9º y 10 de la Ley 2.345/03 "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal - Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público", y la Nota del 5 de marzo de 2019, de la Dirección General de Gestión y EI accionante sostiene que los artículos impugnados infringen las disposiciones contenidas en los Arts. 6, 46, 47, 57, 88, 92, 95, 103 y 137 de la Constitución Nacional.
De las constancias de autos surge que el recurrente acredita su calidad de funcionaria de la Administración Pública Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).
No obstante, teniendo a la vista la copia del documento de identidad de la recurrente, se evidencia que a la fecha en que se emite el presente voto, el Sra. NICASIA ARZAMENDIA AGUERO cuenta con 77 años de edad, razón por la cual podría ser pasible de aplicación de la disposición recurrida, tornándose inevitable el estudio de la acción planteada.
El Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo pertinente dispone: "Art. 9º. El a portante que complete 62 (sesenta y dos) añas de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: "NICASIA ARZAMENDIA AGÜERO C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4252 DEL DE LA LEY Nº 2345/2003 Y LA NOTA DEL 5 qa1c '1;rá ultiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de --:- , , jubila i ', pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, 91ta./ÍP(9(!0 se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa deSustitución será del 47 ,:lsífm1il'atinta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional basta un tope del 100 (cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.
Aquellos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856109 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 DE. LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se verifica vulneración constitucional alguna.
Final ents n relación a la objeción formulada contra la Nota D.G.G.D., de fech 5 de e 019 por I cual la Dirección General .de Gestiones sarrollo de Persona del RT s licita a la ccionante losdocumentos-ooefe-cto i iciar los trá Ministro obligatorios de la jubilación, la citada Nota, carece de relevancia jurídica para ser En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden y visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que corresponde rechazar la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la Sra. NICASIA ARZAMENDIA AGÜERO. En consecuencia, corresponde ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el SS.EE., todo por ante mí, Ante mí: Con lo que se dio or terminado el acto, certifico, quedando cordada entenci q Gustavo E. Santander Dans Ministro SENTENCIA NÚMERO: y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentísima, Sala Constitucional RESUELVE: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro RECHAZAR la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Abogado Sergio Enrique Aranda Mujica, nombre y representación de la Señora NICASIA ARZAMENDIA AGÜERO, de conformidad a lo establecido en el exordio de la presente Resolución.
ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de efectos, dispues por el Gustavo E. Santander Bafls Ministro Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro g SECRETARIA 5 JUDICIAL I ;:::