CORTE SUPREMA orJUSTICIA JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD iudad Asunción , Capital de la República j vL,10 del einte y cinco, estando reunidos en Sala de Acuerdos inistros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN, CÉSAR ANTONIO GARAY y EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN, baj o la presidencia del segundo de los nombrados, por Ante mí la Secretaria autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente intitulado: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO SOLIS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL" ines de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el Abogado Daniel Venialgo Ramos, representante convencional de la Parte actora, por el Procurador General de la República, Marco Aurelio González Maldonado y el Procurador Delegado, Aníbal Silva Bareiro, en representación del Est ado Paraguayo, contra el Acuerdo y Sentencia Número 46, con fecha 22 de Agosto de .023, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civi omercial, Pr Previo estudio de los antecedentes Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del caso, Sala Civil la Comercial, resolvió plantear las siguientes, En caso contrario, se halla ajustada a Derecho?
Practicado el sorteo de Ley, para determi ar el orden de votación, dio el siguiente resultado: JIMÉNEZ RO MARTÍNEZ SIMÓN. No obstante , cabe aclarar que, GARAY y realizar las deliberaciones para resolver el caso, el César Antonio Garay -segundo en el orden-compartió fundamentos Abg. María Rita Monges Dos Santos Secreti1ria A LA CUESTIÓN PREVIA, EL SEÑOR MINISTRO EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN DIJO: el superior jerárquico no se encuentra vinculado por la forma de concesión de los recursos y puede, de oficio, analizar su admisibilidad. Esta facultad está consagrada en el El art. 403 del mismo Código establece, en su parte pertinente, que: "El recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia se concederá contra la sentencia definitiva del Tribunal de Apelación que revoque o modifique la de primera El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala, en virtud del Acuerdo y Sentencia Nº 46 de fecha 22 de agosto de 2023, resolvió: "DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia recurrida, S.D. Nº 647 de fecha 01 de noviembre del 2022 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Duodécimo Turno de la Capital, así como de todas las actuaciones rendidas u obradas en estos autos, conforme con las consideraciones vertidas en el cuerpo argumental del presente fallo. DECLARAR la incompetencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Duodécimo Turno y de este Tribunal para entender en estos autos, conforme con las consideraciones vertidas en el cuerpo argumental del presente fallo. MANDAR que el actor ocurra ante el órgano competente que corresponda para entender en el presente asunto, si así conviniere a sus derechos, conforme con las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente fallo. IMPONER las costas, en ambas instancias, en el orden causado. REGISTRAR y y conservar en el gestor documental del Poder Judicial, en los términos del art. 66 de la Ley Nº 6822/2022 y conforme con el ítem 5, 1Conservación de documento electrónicos', del Protocolo de Tramitación Electrónica aprobado por Acordada Nº 1108 del 31 de agosto de 2016, emanada de la Corte Suprema de Justicia."
(sic, disponible en el po~tal electrónico).
E JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD ' los apartados primero, segundo y tercero del o no son recurribles ante la Excma. Corte Suprema a tenor de lo dispuesto por el art. 403 del Código Procesal Civil, coincidente con el art. 14 literal "a" de la Ley 609/95; en efecto, dichas normas consagran el recurso de apelación ante la máxima instancia judicial solamente cuando la sentencia def ini ti va del Tribunal de Apelación revoque o modifique la de primera instancia, y, en este último caso, en La decisión del Tribunal de Apelación, contenida en los mencionados apartados, no revoca ni modifica la resolución del Juzgado de Primera Instancia, dado que declara su nulidad sin pronunciamiento sobre el mérito del asunto. Esto es, no hay revisión de lo resuelto en cuanto al fondo de la pretensión Nótese que la modificación implica la subsistencia del pronunciamiento de la instancia inferior, aunque con un alcance distinto; mientras que la revocación importa la pérdida de la vigencia de aquél, dada su sustitución por otro de diferente sentido. Entonces, tanto la modificación como la revocación conllevan la existencia de una resolución respecto de la sustancia de la pretensión. Contrariamente, la nulidad de las actuaciones y el reenvío, como en el caso de autos, no acarrea una decisión sustancial susceptible de ser revisada, porque la Sentencia Definitiva de primera instancia fue privada de todos sus efectos, y el Acuerdo y Sentencia de tiene carácter modificatorio o instancia no n síntesis, en este tipo de casos, no hay nada que revisar Al ser así, corresponde declarar mal conce idos los recursos interpuestos contra dichos decisorios.
imp el Tribunal de Apelación ambas instancias, Abg. María Rita Monges Dos Sai1to5 SecretllJria esta Magistratura, las costas de primera instancia tampoco son susceptibles de transitar tres instancias.
En casos anteriores se ha explicado que los recursos interpuestos contra los acuerdos y sentencias en que se anula la resolución de primera instancia, y se dicta fallo sustitutivo en el mismo sentido, no son recurribles ante la tercera instancia (ex plurimis: Acuerdo y Sentencia Nº 48 de fecha 31 de julio de 2019; Acuerdo y Sentencia Nº 78 de fecha 02 de octubre de 2019) Ello, porque al anularse la decisión del órgano inferior, se crea una ficción donde el a quo y el ad quem fallan en el mismo sentido a través de una misma resolución. Y, por tanto, al no existir una variación del sentido adoptado en la instancia primigenia, la resolución se torna irrecurrible ante la tercera instancia, por mediar doble pronunciamiento coincidente, que da por cumplido el principio Es cierto que, en este caso, el Tribunal inferior no dictó fallo sus ti tuti vo, sino que decidió anular todo el proceso; empero, la postura invariablemente asumida por este Ministro, expuesta en el párrafo anterior, resulta igualmente aplicable.- En primera instancia, el Juzgado exoneró al actor y perdidoso de cargar con las costas de la excepción de falta de acción opuesta por la Procuraduría General de República. En segunda instancia, el Tribunal de Apelación anuló todo el proceso e impuso las costas del juicio en el orden causado. No existe, por tanto, en las instancias inferiores, una modificación sustancial en la forma de distribución de las costas de primera instancia. Ergo, los recursos interpuestos contra este decisorio deben ser declarados mal concedidos.
,, En lo que atañe a la admisibilidad de los recursos interpuestos contra las costas de segunda instancia, cabe decir que existe variedad de criterios, tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial. Tal vez el más difundido sea aquel que JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD en la aplicación lisa y llana del connotado que lo accesorio sigue la suerte de lo principal; al ser las costas una condenación accesoria vinculada causalmente con la pretensión principal, la irrecurribilidad de ésta produciría, como consecuencia directa, estrecha e i nmediata, la irrecurribilidad de aquella.
Esta Magistratura no comparte ese postura. Primero, porque las costas adquieren entidad propia desde que responden a un interés distinto al del fondo de la cuestión. Segundo, porque -siempre en el contexto del caso de análisis-la condenación de las costas de segunda instancia es una decisión originaria, es decir, tiene un sólo juzgamiento. En este sentido, resulta lógico sostener que el decisorio contenido en el referido apartado se torna recurrible ante la Corte Suprema de Justicia, quien se constituirá en su segunda instancia, de conformidad con el art. 403 del Código Procesal Civil. Con ello no se niega -que quede claro-el carácter accesorio de las costas, ya que su existencia depende de un juicio en el que se discute el reconocimiento de derechos sustanciales, y que el sentido de su imposición debe obedecer -salvo casos de excepción-al resul tacto final del pleito. Simplemente se sostiene que esa accesoriedad no condiciona la admisibilidad de los recursos interpuestos contra la decisión que las contiene.
Ahora bien, lo dicho no implica que cualquier decisión del Tribunal de Apelación respecto de las costas de segunda instancia sea recurrible ante esta evidentemente, es requisito ineludible, referido art. 403 del Rito Civil, que el contenido en habilitada 'Jinúnez inistro que, por su instancia, como en procesos de conocimi Abg. Marfa Rita Mo11aes Dos eo t 1, , ,,irn.os Secn•ü1ria instancia; a tenor del En el caso, el juicio de indemnización de daños y perjuicios, sustanciado conforme las reglas de conocimiento ordinario, admite, en abstracto, la apertura de la tercera instancia judicial, es decir, su recurribilidad ante la Corte Suprema de Justicia se encuentra permitida.
Entonces, al verificarse tales requisitos, los recursos interpuestos contra las costas de segunda instancia deben ser En suma, corresponde declarar mal concedidos los recursos interpuestos contra los apartados primero, segundo y tercero del Acuerdo y Sentencia recurrido; y, declarar parcialmente mal concedidos los recursos interpuestos contra el apartado cuarto, específicamente, en cuanto a la imposición de las costas de primera instancia en el orden causado.
A LA CUESTIÓN PREVIA, EL SEÑOR MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN DIJO: Adhiero a la opinión del Ministro Dr. Jiménez Rolón en cuanto a la recurribilidad de la decisión referida a la imposición de costas en segunda instancia, por compartir sus Sin embargo, no comparto la opinión según la cual no serían recurribles los apartados primero, segundo y tercero de la resolución recurrida, así como el segmento del apartado cuarto que se refiere a la imposición de costas en primera instancia.
A continuación, paso a exponer los argumentos que sustentan mi Para comenzar, conviene recordar que mediante el Acuerdo y Sentencia Nº 46 del 22 de agosto de 2023, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Primera Sala, se resolvió lo siguiente: "DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia recurrida, S.D. Nº 647 de fecha 01 de noviembre del 2022 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Duodécimo Turno de la Capital, así como de todas las actuaciones rendidas u obradas en estos autos, SECRETARIA -et' . t~ JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD ntorme¡::.--con las consideraciones vertidas en el cuerpo .-úmel del presente fallo.
DECLARAR la incompetencia del 'J ~~~ de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del décimo Turno y de este Tribunal para entender en estos autos, conforme con las consideraciones vertidas en el cuerpo argumental del presente fallo. MANDAR que el actor ocurra ante el órgano competente que corresponda para entender en el presente asunto, si así conviniere a sus derechos, conforme con las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente fallo. IMPONER las costas, en ambas instancias, en el orden causado".- Como se puede apreciar a resolución dictada por el Tribunal de Apelación que se ha puesto a estudio de esta Sala Civil y Comercial resolvió declarar la nulidad de la S.D. Nº 64 7 del 1 de noviembre de 2022, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 120. Turno de la Capital, así como de todas actuaciones rendidas en el juicio. A demás, resolvió imponer las costas en el orden causado, tanto Esta decisión fue asumida tras concluir que el Juzgado de Primera Instancia que resolvió sobre el fondo era incompetente en razón de la materia para entender en el presente juicio, pues consideró que debía hacerlo el Tribunal de Cuentas, con forme con los arts. 30 del C.O.J. y 86 de la ley 1626/00. En consecuencia corde con lo dispuesto en el art. 7 del C.P.C., el Tribunal e Apelación dispuso que la parte actora recurra ·urisdiccional competente y por la vía pertinente si así convinie Pues bien, dec lararse la nulidad en Tribunal de se tiene a sus derechos.
en fallos anteriores que al la resolución del onunciamiento válido que r dicho motivo, debe nte para dar cabal Abg. María Rita Monges os Santos Secretaria En efecto, al considerarse esa resolución como primer pronunciamiento válido, se hace posible encontrar una pluralidad de motivos que sustentan la recurribilidad de fallos como el presente ante esta máxima instancia judicial. En primer lugar, puede mencionarse que la resolución que declara la nulidad del pronunciamiento de primera instancia es originaria, dado que resuelve la cuestión tal y como lo debió realizar el primer órgano jurisdiccional encargado de resolver el litigio y, por tanto, debe ser habilitada la vía de la apelación para que pueda obtener un fallo en instancia recursiva y dar cumplimiento al principio de doble instancia.
En definitiva, sostengo que al privar de validez lo resuelto en Primera Instancia, la resolución sustitutiva debe ser considerada como el primer juzgamiento sobre el caso, independientemente de la naturaleza de lo decidido, por lo que someter ese pronunciamiento a la verificación del órgano jurisdiccional de control es la única vía que permitirá garantizar la vigencia del principio de doble instancia. Sólo de ese modo podrá el ciudadano acceder a dos juzgamientos formal y procesalmente válidos que decidan sobre el asunto sometido Ahora bien, debe mencionarse que en estos autos el Tribunal no ha dictado fallo sustitutivo sobre el mérito de la cuestión sino que, simplemente, ha declarado su incompetencia y dispuesto que la parte actor a ocurra ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con el art. 7 del Dicha circunstancia no supone un problema para reconocer la recurribilidad de fallos como el presente pues, si bien es cierto que existen casos en donde me pronuncié sobre la irrecurribilidad de sentencias que declararon la nulidad y que no se han pronunciado sobre el fondo del asunto, dichos casos corresponden a declaraciones de nulidad y ordenación de reenvío IA JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD etición de determinados actos procesales. Esta umida obedecía a que, declarada la nulidad y ordenado ío, no puede considerarse que exista agravio irreparable para la parte apelante, requisito ineludible en Sin embargo, este no es el escenario ante el cual nos encontramos. Aquí se ha declarado la nulidad por incompetencia y se ha ordenado que el actor plantee su pretensión ante el órgano competente -Tribunal de Cuentas según el Tribunal de Apelación-. En este sentido, una decisión de esta naturaleza deviene recurrible ante la Corte Suprema de Justicia por cuanto es indudable que sí existe un agravio irreparable para la parte, por el sencillo motivo que la coloca en una posición menos beneficiosa de la que se encontraba con anterioridad al dictado de la nulidad a la actora y apelante en esta instancia y, por sobre todo, tal situación no podrá ser reparada en el mismo De manera que la resolución en cuestión no solo es originaria por ser el primer pronunciamiento válido en el juicio, sino que también produce un agravio irreparable para la parte actora, ya que lo ordenado por el Tribunal de Apelación -con o sin razón-no podrá ser subsanado en un momento procesal posterior dentro del mismo juicio, ya que, a diferencia de lo ocurre en las nulidades con reenvío, el Juez o Tribunal ya tendrán nuevamente a la vista los documentos y actos ocesales necesario consecuencia, resu Tribunal juzgar sobre el fondo en estos autos.
evidente que la resolución dictada por s recurrible para la parte actora, lo que se refiere declaración de nulidad por Por los con luhló apartado cuarto / og. Mari:? Rifa Mo11ges Dos Santos Secrct:tria imposición de costas en primera instancia, por cuanto este es el primer pronunciamiento válido al respecto.
Por consiguiente, considero que no corresponde declarar mal concedidos los recursos interpuestos por el Abg. Daniel Venialgo Ramos, en representación de la parte actora contra el Acuerdo y Sentencia Nº 46 el 22 de agosto de 2023, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Igualmente, tampoco corresponde declarar mal concedidos los recursos de apelación y nulidad interpuestos por la Procuraduría General de l epública contra el apartado cuarto de la resolución en cuestión, en la parte que se refiere a la imposición de costas en primera instancia.
A LA CUESTIÓN PREVIA, EL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY DIJO: Por el Acuerdo y Sentencia Número , de fecha 22 de Agosto del 2. 023, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala, de ésta Ciudad Capital, resolvió: "DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia recurrida, S.D. Nº 647 de fecha 01 de noviembre del 2022 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Duodécimo Turno de la Capital, así como de todas las actuaciones rendidas u obradas en estos autos, conforme con las consideraciones vertidas en el cuerpo argumental del pres en te fallo. DECLARAR la incompetencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Duodécimo Turno y de este Tribunal para entender en estos autos, conforme con las consideraciones vertidas en el cuerpo argumental del presente fallo. MANDAR que el actor ocurra ante el órgano competente que corresponda para entender en el presente asunto, si así conviniere a sus derechos, conforme con las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente fallo. IMPONER las costas en ambas instancias en el CORTE SUPREMA . TlCIA JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD culo 403 del Código Procesal Civil norma: "El ante la Corte Suprema de Justicia se la Sentencia Definitiva del Tribunal de que revoque o modifique la de Primera instancia. Este último caso será materia de recurso sólo lo que hubiere sido objeto de modificación y dentro del límite de lo modificado.
Contra las Sentencias recaídas en los procesos ejecutivos, posesorios y, en general, en aquellos que admiten un juicio posterior, no se da este recurso. Procederá también contra las resoluciones originarias del Tribunal de apelación que causen gravamen irreparable o decidan incidente".
Revisadas las actuaciones, se constatan que por el aludido Fallo se declaró la nulidad -de oficio-de la S.D. N~ 647 del 1~ de Noviembre del 2.022, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Duodécimo Turno de la Capital, como también declaró la incompetencia del A-qua y del Ad-quem para entender en Juicio e igualmente, impuso Costas en Esta Magistratura juzga invariablemente que son recurribles ante esta Instancia, Resoluciones dictadas por el Tribunal de Apelación, cuando declaran nulidad del Fallo de Primera Instancia ictan otra en su reemplazo. Si bien, no juzgó propiamente la cuestión de fondo, lo resuelto se encuadró en lo dispuesto en el Artículo 406 del Código Procesal Civil.- En el caso, la declaración de incompetencia para entender or el Ad-quem cuyos efectos alcanzan el Fallo anulado que por n Juicio pronunciada ambién al A-qua, SECRETARIA :5 ecisión es primer sustancial o Jimé-ne.z Afinistro que -a concerniente a la cuestión dudarlo-inexorablemente debe del Superior imiento de la doble Abg. María Rita Monges Dos Santos El litigio no puede agotarse con el primer j uzgamiento porque cuantos más Jueces juzguen mitigarán al máximo eventuales falibilidades y errores serán inexistentes, razón por la cual será menester e ineludible que sea previamente revisado por otros Juzgadores, para así lograr la recta, depurada, plena, diáfana, etc., aplicación del Derecho.
Luego, surge diáfanamente que los apartados primero, segundo, tercero y cuarto del Acuerdo y Sentencia Número 46, de fecha 22 de Agosto del 2.023, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala, de ésta Ciudad Capital, causan gravámenes irreparables al accionan te, según Respecto a Recursos interpuestos por la Procuraduría General de la República contra el apartado cuarto, cabe igualmente juzgarlo por iguales esbozos que preceden. Entonces, el Fallo es recurrible al estar incursa en el Artículo 403, del A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR MINISTRO EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN DIJO: el Procurador General de la República, Marco Aurelio González, y el Procurador Delegado, Aníbal Silva Bareiro, desistieron expresamente de este recurso; por lo demás, no existen vicios que ameriten un pronunciamiento oficioso en los términos del art. 113 del Rito Civil. Al ser así, corresponde tener por desistido a los recurrentes del A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN DIJO: La Procuraduría General de la República ha desistido expresamente del recurso de nulidad interpuesto contra el apartado cuarto del Acuerdo y Sentencia Nº 46 del 22 de agosto de 2023, según se desprende de la expresión de agravios contenida en el escrito presentado a fs. 135/145. En consecuencia, debemos tener por desistido del recurso acorde g SECRETARIA -1 CORTE SUPREMA TICIA JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD p o lado, leído el escrito de expresión de agravios e el Abg. Daniel Venialgo Ramos, en representación advierte que el recurso de nulidad interpuesto n ue fundado en absoluto. Si bien menciona en varios segmentos del escrito que la resolución recurrida es arbitraria, incongruente y que carece de fundamentos, lo cierto es que estas manifestaciones fueron hechas sin estar fundadas en argumentos claros y precisos ni en un análisis razonado de los supuestos vicios que afectarían de nulidad a la resolución recurrida, tal como lo exige el art. 417 del C.P.C.
Por ende, corresponde que se declare desierto el recurso de nulidad interpuesto por la parte actora contra el Acuerdo y Sentencia Nº 46, del 22 de agosto de 2023.
A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY DIJO: Suscribo juzgamiento al del señor Ministro Alberto Martínez Simón por motivaciones allí pergeñadas. Es mi voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR MINISTRO EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN PROSIGUIÓ DICIENDO: el Procurador General de la República, Marco Aurelio González, y el Procurador Delegado, Aníbal Silva Bareiro, expresaron agravios en los términos del escrito obrante a fs. 143/144. Dijeron que la facultad de los Magistrados de eximir de costas a las partes debe ejercerse de forma restrictiva y sobre bases debidamente fundamentadas.
Explicaron que, en este caso, no se verifica ninguna de las causales de exención en la normativa procesal, v.gr. encimiento allanamiento, razón fundada para itigar, entre otras; y, eneral establecido en el rn <--oo-;_, ndicaron lf) que, en virtud de la debe primar el principio del Código Procesal Civil. del vencimiento objetivo, 11 el actor debe promovido iminez Ministro con las juicio, ya que ha ente. Pidieron que del Acuerdo y Abg. Mllrla Rita Monges Dos Santos Secrcfariu Por providencia de fecha 23 de noviembre de 2023, se corrió traslado de la expresión de agravios a la adversa (f. 146) .--- El Abogado Daniel Venialgo Ramos, representante convencional de Sergio Antonio Flei tas Paredes, contestó los agravios en los términos del escrito obrante a fs. 147/155. En lo medular, indicó que los funcionarios de la Procuraduría General de la República no pueden solicitar costas, ya que cobran un salario fijo del Estado y, por tanto, están vedados de recibir una doble remuneración. Solicitó se rechacen los recursos interpuestos por la adversa.
En el sub examine, se discute la pertinencia de la imposición de costas, en segunda instancia, en el orden Primero, debe recordarse que sobre el particular rige el principio objetivo de la derrota, consagrado en el art. 192 del Código Procesal Civil. Esa regla se asienta sobre la tesis de CHIOVENDA sobre la naturaleza de la condena en costas: ella es de tinte netamente procesal y objetiva. En otras palabras, se deben costas por el mero hecho objetivo del vencimiento, sin que quepa computar ni juzgar la culpa o temeridad del vencido De esta manera, la regla general del art. 192 permite una condena en costas que va ... ligada a un hecho objetivo y de fácil determinación, por lo menos en principio, como es el del vencimiento." (GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil. Tomo I.
Madrid: Civitas. pp. 572/573; citado, en nota al pie Nº 36, por LOUTAYF RANEA, Roberto. 2013. Cadena en Costas en el Proceso Civil. Segunda Reimpresión. Buenos Aires: Astrea. p. 7)
Ahora bien, dicha regla tiene carácter general, mas no absoluto, según se infiere del epígrafe del art. 192 mencionado; y se confirma con el dispositivo del art. 193 del mismo Código. De manera que, el legislador nacional consideró prudente establecer casos de excepción a la rígida regla del vencimiento CORTE SUPREMA JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD materia de costas, enrolándose, decididamente, en criterio de vencimiento relativo. La doctrina "El criterio de vencimiento puede establecerse y en forma estricta (o absoluta), o en forma relativa. En el primer caso la única pauta para determinar la condena en costas es el vencimiento puro y simple. En cambio, la forma relativa tiene lugar cuando se introducen excepciones al principio general del vencimiento, estableciéndose la facultad judicial de eximir de costas al vencido cuanto encontrare 'mérito' para ello" (LOUTAYF RANEA, Roberto. Op. Cit. p. 9) .-- Sin embargo, no existe taxonomía ni enumeración legal de los casos que habiliten la exención de la condena en costas, si no, únicamente, dos directrices dirigidas al juzgador: i) que encuentre motivos para la exención; y, ii) que fundamente su pronunciamiento, bajo pena de nulidad. Ciertamente, el art. 193 del Rito Civil, que contiene tales directrices, deja la cuestión En este caso, como lúcidamente ha sido argumentado por el Tribunal de Apelación, la nulidad del proceso fue declarada de oficio, sin que ninguna de las partes haya hecho referencia al vicio de incompetencia en razón de la materia, y, con ello, colaboraron a la tramitación defectuosa -sin que quede aquí una referencia al ión-del proceso; respecto, además, y Sentencia recurrido sprudencia nacional, ala Civil de la fallos en tal sentido.-por la intangibilidad de la el criterio sustentado en el dista de ser pacífico en la que -a la fecha Suprema de Justicia no ha corresponde Sent ncia impugnado, en cuanto a en el orden Abg. Maria Rita Monges Dos Santos Secretu•iu Costas de esta instancia: también en el orden causado, por los motivos señalados; e, igualmente, atendiendo a que los recurrentes han podido tener razón fundada para recurrir, corno consecuencia del efecto de la resolución de segunda instancia, a tenor de lo dispuesto en el referido art. 193 del Código A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN PROSIGUIÓ DICIENDO: Resulta primordial hacer un breve recuento de las actuaciones procesales relevantes que han tenido lugar ese marco, se tiene que por S.D. Nº 647, del 1 de noviembre de 2022, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Duodécimo Turno de la Capital resolvió: "NO HACER LUGAR, con costas, a la EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN COMO MEDIO GENERAL DE DEFENSA opuesta por los señores 1) Víctor Romero Salís. 2) Fernando Bolaños Solalinde. 3) Carlos Armando Miranda Estigarribia. 4) Arnaldo Javier Bernal Quinteros. 5) Adriana Ali ce Teixeira González. 6) María Elizabeth Ibarra Gachther. 7) Juan Federico Noldin. 8) Enrique Páez Gueyraud. 9) María Del Carmen Silguero Alvarenga.-10) Christian Alexis Barbaza Torales. -11) Pedro Ramón Vargas Riveras. 12) Carmen María Cristina Mor las. 13) Hermelinda Talavera López. 14) Renzo Alejandro Cristaldo Garay y Administración Nacional de Electricidad (ANDE), por los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución. HACER LUGAR, con exención de costas, a la EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN COMO MEDIO GENERAL DE DEFENSA opuesta por la procuraduría General de la República por las razones expuestas en el considerando de la presente resolución.
HACER LUGAR, con costas, a la demanda promovida por el Señor SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES en contra de 1) Víctor Romero Salís. 2) Fernando Bolaños Solalinde. 3) Carlos Armando Miranda Estigarribia. 4) Arnaldo Javier Bernal Quinteros. 5) Adriana Ali ce Teixeira González. 6) María Elizabeth Ibarra Gachther. ICIA JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL".-- , derico Noldin. ' 8) Enrique Páez Gueyraud.-9) María Silguero Al varenga. 1 O) Christian Alexis Barboza "" ';'),71!3. 11) Pedro Ramón Vargas Riveros. 12) Carmen María -Cristina Mor las. 13) Hermelinda Tala vera López y 14) Alejandro Cristaldo Garay; y SUBSIDIARIAMENTE contra la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por indemnización de daños y perjuicios, en base a las razones expuestas en el exordio de la presente resolución y en consecuencia CONDENAR a la parte demandada en partes iguales al pago de la suma de GUARANÍES CUATRO MIL TRESCIENTOS MILLONES (G. 4.300.000.000) en concepto de los rubros mencionados en el exordio de la presente resolución, más los intereses del 2% mensual que deberán correr desde la fecha de promoción de esta demanda hasta el del efectivo pago.ll.
Recurrida esta sentencia definitiva, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Primera Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia Nº 46, del 22 de agosto de 2023, por el que resolvió: "DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia recurrida, S.D. Nº 647 de fecha 01 de noviembre del 2022 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Duodécimo Turno de la Capital sí como de todas las actuaciones rendidas u obradas en ~stos autos, conforme con las consideraciones vertidas en el cuerpo argumental del presente fallo. DECLARAR la incompetencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Duodécimo Turno y de este Tribunal para consideraciones fallo. MANDAR que el en estos autos, conforme con las el cuerpo argumental del presente SECRETARIA ~ corresponda conviniere a el órgano competente que presente asunto, si así ver ic:lci--€; ioJiménez :Ministro las consideraciones IMPONER las costas, Abg. Maria Rita Mon~es Dos Santos Contra esta resolución del Tribunal, interpuso recurso de apelación el Abg. Daniel Venialgo Ramos, en representación del actor Sergio Antonio Fleitas Paredes. También interpuso recurso de apelación la Procuraduría General de la República, aunque específicamente contra el apartado cuarto de la resolución de alzada, referido a la imposición de costas en primera y segunda Así pues, por una cuestión de método y de orden, se abordará en primer lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, para luego pasar al estudio del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República contra el apartado cuarto de la resolución En ese sentido, tenemos que la parte actora presentó su expresión de agravios en los términos del escrito de fs. 5/21. En lo medular, adujo que la pretensión deducida en el presente juicio tiene por objeto la reparación de los daños que supuestamente sufrió como consecuencia de la destitución ilegal resuelta por la ANDE en el marco de un sumario instruido en su contra. Afirmó que en el fuero contencioso administrativo, tanto el Tribunal de Cuentas como la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, resol vieron que su destitución fue un despido injustificado y que, como consecuencia, de ello sufrió cuantiosos daños irreparables. Señaló que su pretensión indemnizatoria no puede ser atendida en el fuero contencioso administrativo, ya que la ley 1626/00 no dispone que el funcionario público damnificado tenga que recurrir a dicho fuero para reclamar el resarcimiento correspondiente y que ésta es una cuestión que atañe exclusivamente al ámbito civil.
Manifestó que no podría ser competente el fuero contencioso administrativo sin conculcar el principio jurídico non in bis idem. Alegó que la responsabilidad de los demandados está dada por lo que dispone el art. 39 de la Constitución de la SECRETARIA ep(lp,J¿ actuaron JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD sí como los arts. 98 y 99 del Código Civil. Indicó responsables de los daños al invocar el art. 41 de la ley 966/64 y que todos en contravención al orden administrativo al incurrir en mala aplicación de las normas. Concluyó el escrito solicitando la revocación de la resolución dictada por el Corrido el pertinente traslado a todos los demandados, se presentó primeramente el Abg. Roberto Ruíz Díaz Labrano, representante convencional del demandado Víctor Romero Solís (fs. 38/56) y solicitó que se declare desierto el recurso de apelación interpuesto por el actor ya que ha incurrido en una exagerada repetición de argumentos ya esgrimidos, sin efectuar una crítica específica sobre la fundamentación dada por el Tribunal de Apelación para concluir que la jurisdicción competente es la contencioso administrativa y no la civil.
Solicitó la confirmación de la resolución dictada por el Por su parte, también la ANDE, a través de la Abg. Mariangel Cabrera Chaparro, se presentó a contestar la expresión de agravios de la parte actora (fs. 57/70) y aseveró que esta no constituye una crítica razonada de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación y que en ella la actora expresa su mero desacuerdo con lo resuelto. En el mismo sentido se ha expresado la Abg. Patricia Vitale Liñan, que actúa en representación de los d~~ dados María Carmen Silguero de Calo y Christian Alexis Barboza el recurso de apelación no se A fs. 83/91 se halla la (fs. 71/82), diciendo que por el Abg. Messina, e de traslado presentada representación de los demandados Ri veros, Talavera López, Lópe z . en la que Abg. María Rita Monges Dos Santos SecretHia el sumario administrativo instruido al actor Sergio Antonio Fleitas Paredes y que, por ende, carecen de legitimación pasiva A fs. 92/128 se presentaron los demandados Carlos Alberto Miranda Estigarribia, María Elizabeth Ibarra Gachter, Arnaldo Javier Bernal Quinteros, Adriana Alice Teixeira González, Fernando Bolaños Solalinde y Juan Federico Noldin Almirón, todos en causa propia, y sostuvieron, en primer lugar, que la sentencia del Tribunal de Apelación es irrecurrible ante la Corte Suprema de Justicia ya que no modifica ni revoca lo resuelto por el Juzgado de Primera Instancia. Igualmente, dijeron que el escrito de expresión de agravios de la parte actora no reúne los requisitos exigidos por el art. 419 del C.P. C. Por lo demás, han manifestado su conformidad con la declaración de incompetencia del Tribunal de Apelación y la consiguiente nulidad de la sentencia definitiva dictada en su vez, el demandado Renzo Cristaldo Garay contestó el traslado en los términos del escrito de fs. 130/134 y solicitó se declaren mal concedidos los parte actora. Subsidiariamente, recursos interpuestos por la se refirió a la resolución recurrida y expresó su adhesión a lo resuelto por el Tribunal de Apelación en cuanto a la competencia material.
Por último, el Estado Paraguayo, a través de la Procuraduría General de la República, también contestó el traslado que se le corrió, en virtud del escrito de fs. 135/145, en el que concluyó que el juzgamiento del Tribunal de Apelación fue acertado al resolver la declaración de incompetencia del fuero civil para atender la pretensión indemnizatoria del señor Pues bien, habiendo hecho una síntesis de las posiciones de las partes en cuanto al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el Acuerdo y Sentencia Nº 46, del 22 de CORTE SUPREMA DE USTICIA JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD 3, corresponde ahora que nos aboquemos al estudio ente, por tratarse de una cuestión de ad, debo referirme al pedido de declaración de deserción de recursos formulado por varios de los demandados.
En ese sentido, el art. 419 del C.P.C. impone, en cuanto a la forma de fundamentación de los recursos, que el recurrente haga una crítica razonada de la resolución impugnada.
Desdoblando este artículo, surge que el mismo contiene dos normas básicas: 1) el recurrente debe criticar el fallo, lo que implica, obviamente, referirse al mismo sus argumentos y, 2) que la crítica debe ser razonada, lo que significa que se debe intentar refutar lógica y jurídicamente los argumentos dados por el juzgador, a fin de demostrar que el mismo carece de razones jurídicas para llegar a la conclusión a la que arribó y que por ese motivo no se ajusta a derecho.
Esto no quiere decir que deba exigirse al recurrente que efectivamente refute los argumentos dados por el juzgador, sino simplemente que, refiriéndose al fallo, exprese una mínima crítica, acompañada de los motivos que tiene para considerarlo injusto o viciado. Si se cumplen estos mínimos requisitos, no procede la declaración de deserción de los recursos.
Así también lo ha entendido la doctrina, al decir incluso que la brevedad de un escrito de agravios no obsta a su admisibilidad en alzada, si contiene una mínima crítica que permita el análisis de fundabilidad recursiva: "Es por ello que se ha declarado que la n evedad o laconismo de la expresión de no constituye del recurso suficiente para sentar la supuesto que el apelante los motivos de su por cuan to la a la insuficiencia Abg. Maria Rita Monges Dos S ntos Secrets:rla amplio, favorable a la admisibilidad del recurso. Significa, entonces, que la alzada debe echar mano de la deserción excepcionalmente. El recurso de apelación, a diferencia de los extraordinarios que encuentran tasados los motivos de su apertura, no está embretado por causales específicas, funcionando ante la simple injusticia; vale decir que, por su naturaleza, el ámbito de la apelación permite al órgano un mayor despliegue jurisdiccional que no debe verse cercado por Lo expuesto encuentra razón en que la declaración de deserción de recursos es la última ratio en lo que hace a la admisibilidad de estos, por la gravedad que trae para el ejercicio del derecho a la defensa en el proceso -de la que el recurso, como bien lo sostiene la doctrina, es sólo otra forma En el caso concreto, se advierte que el escrito de expresión de agravios de la parte actora sí contiene una crítica de los fundamentos del fallo, ya que cuestiona la interpretación del Tribunal de Apelación para concluir que la jurisdicción civil es incompetente para entender en el presente juicio, tal Entonces, no puede hablarse, en rigor técnico, de falta o insuficiencia de fundamentación como alega la apelada. Cosa distinta es, obviamente, el grado de mérito de esa crítica para producir la revisión favorable de la resolución recurrida, cuestión que atañe a la fundabilidad del recurso y que no debe ser confundida con la suficiencia de fundamentación: "La constringencia del razonamiento, es decir la fuerza de los argumentos para generar adhesión del órgano de apelación a la tesis revisionista que sustentan, interesa en un momento 1 AZPELICUETA, Juan José y TESSONE, Alberto. "La alzada. Podere deberes".
La Plata, Librería Editor latense S.R.L., 1993, p. 30. CORTE ICIA JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD cuando toque juzgar la fundabilidad del recurso de n consecuencia, en el caso ha de juzgarse que el escrito de expresión de agravios presentado por la parte actora sí cumple con los requisitos de fundamentación aludidos, por lo que, habiendo superado el examen de admisibilidad, se pasará a En tal sentido, recuérdese que el Tribunal de Apelación resolvió declarar la nulidad de la S. D. Nº 64 7, del 1 de noviembre de 2022, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 120. Turno de la Capital, así como de todas actuaciones rendidas en el juicio. Además, resolvió imponer las costas en el orden causado, tanto en primera como Esta decisión fue asumida tras concluir que el Juzgado de Primera Instancia que resolvió sobre el fondo era incompetente en razón de la materia para entender en el presente juicio, pues consideró que debía hacerlo el Tribunal de Cuentas, conforme con los arts. 30 del C.O.J. y 86 de la ley 1626/00.
En consecuencia, acorde con lo dispuesto en el art. 7 del C.P.C., el Tribunal de Apelación dispuso que la parte actora recurra ante el órgano jurisdiccional competente y por la vía pertinente, si así Siendo ese el a sus derechos.- corresponde pasar a la revisión de la resolución recurrida y, en narticular, al análisis de la competencia material en el en lo que razón de la io iménez Ministro Abg. Maria Rita Mon~es Dos Salltos Se1:rctitríen pertenencia de una pretensión a una materia determinada deriva de las leyes sustanciales, que señalan el radio de acción dentro del cual todos los hechos serán alcanzados por ellas. La división de la competencia por razón de la materia responde a principios de especialización en el conocimiento de los litigios y, por ello, su sesgo hacia el orden público es Atendiendo a lo mencionado, reviste vital importancia la naturaleza de la relación jurídica que se expone como fundamento de la pretensión, el acto o hecho jurídico que dan origen a la acción promovida, como también la índole y el contenido de las En el caso de autos, se presentó el Abg. Daniel Venialgo Ramos, invocando la representación del señor Sergio Antonio Fleitas Paredes, a promover demanda de indemnización de daños y perjuicios contra 14 demandados principales: l. Víctor Romero Solís; 2. Fernando Bolaños Solalinde; 3. Carlos Armando Miranda Estigarribia; 4. Arnaldo Javier Bernal Quinteros; 5. Adriana Alice Teixeira González; 6. María Elizabeth Iba~ra Gachter; 7.
Juan Federico Noldin Almirón; 8. Enrique Páez Gueyraud; 9. María del Carmen Silguero Alvarenga; 10. Christian Alexis Barbo za Torales; 11. Pedro Ramón Vargas Ri veros; 12. Carmen María Cristina Mor las; 13. Hermelinda Talavera López; y 14. Además, la pretensión indemnizatoria de Sergio Antonio Fleitas Paredes va dirigida contra dos demandados subsidiarios: l. Administración Nacional de Electricidad (ANDE); y 2. Estado En concreto, el demandante reclama la suma total de G. 5.400.0~0.000 (guaraníes cinco mil cuatrocientos millones), en concepto de indemnización de daño moral (G. 3.850.000.000), daño emergente (G. 700.000.000) ucro cesante (G.
850.000.000), los cuales se habrían producido como consecuencia CORTE SUPREMA J),tJSTI C 1A JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD e h~~e do sometido un sumario administrativo que le instruyó /W ~y si-, 'ANO en cuyo marco se resolvió la sanción de destitución r incurrido en faltas administrativas graves (ausencias ustificadas entre los meses de agosto y diciembre 2016). Según su apreciación, el actor fue víctima de una persecución llevada adelante en su contra y que todos los demandados, que estuvieron involucrado n el sumario administrativo y actuaron irregularmente en el ejercicio de sus respectivas funciones, Dijo que a raíz del despido ilegal que sufrió no pudo pagar sus deudas, que se le privó de realizar un curso ofrecido por el Centro de Entrenamiento de la ANDE, que sus hijos quedaron sin seguro médico, que su padre falleció porque ya no pudo seguir costeando los tratamientos médicos a los que era sometido, que su madre no pudo someterse a una cirugía de la vista por quedar sin cobertura médica como efecto de la destitución, y, por último señaló que la destitución le impidió culminar la carrera de Derecho en la Universidad María Serrana. A sí pues, no obstante la desordenada exposición de los hechos que sustentan la pretensión e independientemente de la corrección o no de la apreciación jurídica que tiene sobre el asunto, es indudable que Sergio Antonio Fleitas Paredes pretende activar la responsabilidad directa de los 14 demandados principales por haber actuado irregularmente en el ejercicio de sus respectivas funciones y, subsidiariamente, la responsabilidad indir eta de la ANDE y del Estado Paraguayo. El lo resulta omienza a leer el introductoria el actor instrucciones oJiménez Afinistro "das el momento mismo en que uno de demanda, en cuya parte "Que, cumpliendo expresas vengo por el presente A!Jg. Marfa Rita Mouges Dos Santos SecretS:ria de Daños INSTRUCTOR DEL SUMARIO FUNCIONARIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ( PGR) y SUBSIDIARIAMENTE CONTRA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE) con Ruc. Nro.
80009735-1 y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) REPRESENTANTE DEL ESTADO PARAGUAYO, con Ruc. Nro. 80010191-0 en base al. Art. 106 de l.a C.N., cuyos Funcionarios deben responder a l.a indemnización correspondiente de sus propios PECULIOS ya que son responsabl.es directos que han cometidos mal. desempeños en el. ejercicio de sus :funciones conscientemente para perjudicar a mi mandante el. Sr. SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES l.as cual.es deben responder por sus hechos en base al.o que establ.ece el. art. 106 de l.a C.N., cuyos :funcionarios son ... 11 En otro segmento, se puede leer también: "Los hechos ilícitos generan responsabilidad civil por hechos propios lo que en este caso los funcionarios denunciados en esta demanda cometieron un daño irreparable al señor Sergio Antonio Fleitas Paredes lo que se configura en responsabilidad civil cometidos en el ejercicio de sus funciones" (página 4 del escrito de de Además, al enumerar a cada uno de los 14 funcionarios demandados, el actor realizó una breve descripción del hecho supuestamente irregular atribuido, las páginas del escrito debidamente registrado en el como se puede advertir de de demanda que se halla expediente electrónico También en su escrito de contestación de expresión de agravios, presentado ante el Tribunal de Apelación, mencionó cuanto sigue: "Que, es importante entender que los DAÑOS ocasionados por todos los demandados están demostrados y existieron DAÑOS irreparables cometidos contra el funcionario Sergio Antonio Flei tas Paredes ya que fue demostrado que fue apartado de su cargo como funcionario público de forma irregular PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD or la propia Corte Suprema de Justicia y que fue INJUSTIFICADAMENTEn (pág. 16 del escrito presentado el 25 de mayo de 2023, y que puede consultarse de consulta de casos judiciales).
"Que, es importante acotar de que existió la comprobación del hecho irregular provocado por los demandados que es la DESTITUCIÓN INJUSTIFICADA y del perjuicio que ocasionó el referido hecho irregular que se comprobó que fue una DESTITUCIÓN INJUSTIFICADA y que existió la relación de causalidad ocasionados por todos los demandados, por ende, la responsabilidad debe ser imputada a los acusados o demandados, por los daños irreparables cometidos por todosll (pág. 16 del escrito presentado electrónicamente el 25 de mayo de 2023) .--- "Por ende, los daños ocasionados por los demandados existieron y existen hasta la fecha para el funcionario Sergio Fleitas, que se ha lesionado su interés y que fue causado por un hecho irregular y antijurídico, ya que aplicaron una sanción inadecuada e ilegal pisotearon la ley, que jurídicamente fue atribuible a los actores ya que violaron los principios de TIPICIDAD, RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD, y que se reúnen el NEXO CAUSAL de todos que cometieron el hecho irregular para destituir injustamente al funcionario SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDESll (pág. 20 del escrito presentado electrónicamente el Ya ante instancia, el actor manifestó: "Que, todos los demandados han incurrido e la norma para perjudi un acto y omisión de mal aplicación al funcionario SERGIO FLEITAS en contravención al orden admini trativo que fue comprobado ante contencioso administrativo y de Justicia, Ministro Al ert firmado por la Corte Suprema e reclamar por los daños rjudicado que durante le ocasionó daños rwev[)¡ Abg. Marfa Rita Monges Dos Santos Sec,·etiría Sala, donde se demostró que la DESTITUCIÓN FUE INJUSTIFICADA por ende produce daños este hecho dañoso cometido por todos los demandados en el ejercicio de sus funciones y la persona jurídica que es la ANDE" (f. 16, escrito de expresión de Queda claro entonces que el actor atribuye a los 14 demandados principales -bien o mal-la comisión de actos ilícitos en el ejercicio de sus funciones, que los harían directamente responsables por los supuestos daños ocasionados, a tenor de los arts. 106 de la Constitución de la República y Ello supone, lógicamente, que los daños cuyo resarcimiento pretende el actor no derivan de ningún vínculo contractual previo entre el actor y los 14 demandados aludidos, por lo que considero que la pretensión indemnizatoria debe ser enmarcada en el régimen de responsabilidad extracontractual.
Esta es la imputación jurídica que el mismo actor realiza: los demandados cometieron actos ilícitos extracontractuales y, por ende, serían responsables directos de los daños ocasionados, comprometiendo la responsabilidad subsidiaria de la ANDE y del Estado Paraguayo. Categóricamente, esta imputación jurídica del actor no puede ser alterada ni modificada por el órgano jurisdiccional.
En efecto, modificar el encuadre de los hechos en que el actor sustenta su pretensión o alterar la atribución específica que hace de las consecuencias jurídicas importaría una mutación de la causa petendi y, con ello, se estaría privando a la parte demandada de ejercer una defensa justa, derecho que, cabe recordar, tiene rango constitucional a tenor del art. 16 de la Otra cosa sería la recalificación correcta de la pretensión, conforme los términos de la misma, cuando ella fue indebidamente denominada por la parte. Esta no es solo una ' / CORTE SUPREMA USTICIA JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD una obligación del juez, que surge del art. 159, .P.C.
:-.. anera que no debe entrar a tallar aquí la opinión sobre -;; ti:.ae hveniencia o practicidad de los términos en que el actor , ha decidido demandar, puesto que tal formulación es privativa Se debe aclarar que no se trata aquí de negar que el órgano jurisdiccional, amén del principio iura novit curiae que nuestra legislación procesal recoge, como anticipé, en el art. 15 9 inc. e del CPC, tiene el deber de resol ver " ... de conformidad con las pretensiones deducidas en juicio, calificadas según correspondiere por la ley. .. ", sino también de distinguir entre: a) la invocación del derecho y, b) la atribución específica de las consecuencias jurídicas que se pretenden derivar de un Ciertamente, el principio iura novit curiae opera en los confines de lo primero, para corregir el derecho invocado por las partes; pero no se extiende a lo segundo, por cuanto que la modificación de la imputación jurídica que el actor hace a partir de los hechos que invoca importaría una afrenta al derecho a la defensa del demandado -quien ha articulado su defensa con base en dicha imputación-y el principio dispositivo que rige nuestro sistema procesal. Cuestión distinta es la facultad que sí tiene el juez de, en ciertos casos, conceder lo peticionado -por ejemplo, una indemnización-cuando la invocación de la no encuadrar el no se afecte el derecho no sea precisa, pudiendo el juez otra del ordenamiento, siempre que cuando la errónea, pero no haya duda denominación de de su conteni traído de la discursiva.
nálisis del demanda, surge que Abg. Marfa Rita Monges Dos Santos Secrcbtl'ia derivados ejercicio de sus funciones, motivo por el cual la responsabilidad es extracontractual, asunto que indudablemente compete al fuero civil y comercial, por lo que mal podrían los órganos de este fuero declararse incompetentes.
Así las cosas, lo pretendido por el accionante no puede ser atendido por órganos judiciales de otros fueros porque escapa a los límites de la capacidad o aptitud reconocida a estos órganos para conocer en la categoría de pretensiones que En efecto, es categórico que el fuero especializado en la niñez y la adolescencia, así como el penal quedan descartados por ser manifiestamente incompetentes. En lo que respecta al fuero laboral, considero que el mismo tampoco es competente, puesto que aquí no se reclaman rubros derivados de relaciones de trabajo entre empleador y trabajador, y aún si así fuese, el mismo estaría vedado para el caso, por ser el accionante un Queda por último el fuero contencioso administrativo, donde el Tribunal de Apelación consideró que debe dirimirse la controversia entablada en el presente juicio por existir una relación administrativa-laboral entre el accionante y la ANDE.- Si bien es cierto que los arts 86 de la ley 1626/00 disponen que en las cuestiones litigiosas que se susciten entre funcionarios públicos y el Estado será competente el Tribunal de Cuentas, en el caso de autos la cuestión litigiosa no se da directamente entre un funcionario público y el Estado.
Es decir, la pretensión no surge de daños derivados de la relación contractual de naturaleza administrativa laboral que unía al accionante con la ANDE (ente estatal), sino se da entre una persona física que alega ser funcionario público de la ANDE y otros funcionarios públicos, quienes -a decir del accionante en ejercicio de sus funciones, cometieron actos ilícitos. Por SECRETARIA 5J CORTE UPREMA . STICIA JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD sostengo que en este caso, no son competentes los isdiccionales del fuero contencioso administrativo.
lo previo, se hace evidente que la competencia este juicio debe corresponder a los juzgados Esto lleva a la decisión de revocar los apartados primero, segundo y tercero del Acuerdo y Sentencia Nº , del 22 de agosto de 2023, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Primera Sala, que había resuelto la anulación de la sentencia definitiva demanda del Con todo, el hecho de ser errónea la decisión de declarar la nulidad de la sentencia def ini ti va y de las actuaciones cumplidas en este proceso, no implica un vicio que amerite la declaración de nulidad de la sentencia hoy en estudio, ya que, a lo sumo, constituye un error de juicio.
Por consiguiente, considero que, habiéndose revocado la decisión de declarar la nulidad del proceso, corresponde a esta máxima instancia judicial pronunciarse sobre el fondo del asunto -en cumplimiento del principio de doble instancia-, ello en cumplimiento estricto del deber de decidir la causa conforme a lo dispuesto en la ley, declarando el derecho de las partes Cabe aquí traer a colación la notable jurisprudencia de nuestra Sala de la Corte Suprema de Justicia, dictada en un caso en el que se ha de la cuestión: cluido el pronunciamiento sobre el fondo esta última hipótesis presenta una situación que guarda iménez inistro arantizar el sometidas con la ratio legis que Cód. Proc. Civ.; la finalidad amiento, en doble instancia, d el órgano excepcionales, Abg. Maria Rita Monges Dos Secret11;ría economía procesales, pronunciada que sea la nulidad de la resolución impugnada, proceder inmediatamente a decidir sobre el fondo o sustancia de los derechos debatidos en la litis, evitando el reenvío de la causa. El reenvío, que no está previsto en la norma que comentamos, ha sido instaurado jurisprudencialmente por nuestros tribunales sólo para aquellos casos en los cuales las omisiones o defectos procesales llanamente impiden dictar válidamente resolución. En idéntica situación se encuentra el órgano juzgador revisor cuando enfrenta el examen de un decisorio de reenvío, que ha descartado el pronunciamiento de fondo. Ante tal escenario, el superior debe, primero, examinar la pertinencia del reenvío, y 1uego, desechado que sea este, contando con todos 1os e1ementos procesa1es para juzgar e1 asunto, debe pasar a estudiar y decidir directamente sobre 1os derechos sustancia1es. " (A. y S. Nº 576 del 31 de julio 2015 dictado por la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia, voto del Ministro José Raúl Torres Kirmser) Se trata, entonces, de establecer la procedencia de una demanda de indemnización de daños por responsabilidad extracontractual, por lo que deberemos analizar si en el caso se hallan reunidos los presupuestos de la responsabilidad civil: l. antijuridicidad; 2. daño; 3. relación de causalidad; Como ya se dijo líneas arriba, lo que el actor pretende en el presente juicio es activar la responsabilidad directa de los funcionarios públicos demandados, por su actuar supuestamente irregular, y la responsabilidad indirecta y subsidiaria de la ANDE y del Estado Paraguayo. En nuestro sistema normativo, la responsabilidad del Estado o de entes de Derecho Público por el actuar irregular o ilícito de sus agentes, se encuentra consagrada en los arts. 106 de la Constitución de la República y 1845 del e.e.
SECRETARIA G PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD funcionarios y empleados públicos-en el ejercicio de sus funciones, quienes responden de manera directa. En tal sentido, son considerados hechos ilícitos o irregulares todas las transgresiones, delitos o faltas viola torios de un precepto legal y contrarios al ordenamiento normativo que pudiera lesionar la esfera jurídica de una persona particular.
Cabe destacar que la subsidiariedad a la cual hace referencia la normativa implica, en la esfera del derecho civil, una obligación de segundo grado, lo cual significa que el obligado a indemnizar es, en primer lugar, el funcionario o empl eado público responsable en forma directa y personal del ilícito cometido en ejercicio de sus funciones y luego, y solo en caso de insolvencia del primero, el propio Estado. "Así se cumple a cabalidad la finalidad del instituto, de un lado para que no quede impune el agente culpable y de otro para que el damnificado, a quien no le interesa quien sea el que repare el daño, no sea burlado por la insolvencia del culpable" (Villagra Maffiodo, Salvador, Principios de Derecho Administrativo ª Sin embargo, dicha subsidiariedad no debe confundirse con la falta de legitimación del Estado para ser demandado, pues ello implicaría que el m j urídica sustancial en virtud no es ti tul ar de la relación sustenta su Así pues, en iguientes el actor atribuye los ñosos a los demandado - r Romero onsa le de la Antonio Fleita-s iminez nistro Al eu-to Seci'etll:ría recomendación de la Secretaría de la Función Pública para apartar al Juez sumariante (el propio demandante señala que el dictamen de la SFP no es vinculante) y por haber atentado contra sus derechos humanos 2. Fernando Bolaños Solalinde: por haber ordenado la instrucción del sumario administrativo a Sergio Antonio Fleitas Paredes. Según el actor, no se podía ordenar la instrucción de sumario contra un funcionario de carrera por más de 20 años sin contar 3. Carlos Armando Miranda Estigarribia: porque en todo momento acusó al accionante de supuestas ausencias injustificadas sin sustento ni argumento legal y que obró en complicidad porque supuestamente 4. Arnaldo Javier Bernal Quinteros: porque, en complicidad con los demás demandados, firmó todos los documentos irregulares que concluyeron con la destitución de Sergio Antonio Fleitas Paredes.
5. Adriana Alice Teixeira González: por avalar 6. todos los procedimientos irregulares del sumario a sabiendas que las supuestas ausencias eran un María Elizabeth !barra Gachter: acusado al actor de supuestas por haber ausencias injustificadas, por avalar, promocionar y actuar en complicidad con los demás demandados.
7. Juan Federico Noldin Almirón: por avalar, firmar y actuar en complicidad con los demás accionados.--- 8. Enrique Páez Gueyraud: por ser responsable directo de todos los actos irregulares, por su cargo de Director de Recursos Humanos conocía el trabajo , i SECRETARIA u CORTE SUPREMA orJUSTlCIA JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD y sabía que los hechos atribuidos eran un del Carmen Silguero: por omitir el antecedentes del personal, por actuar en al avalar y firmar las irregularidades cometidas contra Sergio Antonio Fleitas Paredes.
10. Christian Alexis Barbaza Torales: por haber acusado al actor sin contar con un informe concreto del jefe directo de Sergio Antonio Fleitas Paredes, despreciando sus derechos en complicidad con los 11. Pedro Ramón Vargas Riveras: por haber acusado al actor de cometer un ilícito grave consistente en falsificar un certificado médico, sin hacer la denuncia respectiva ante el Ministerio Público.
12. Carmen María Cristina Morlas: por haber sido cómplice en el irregular sumario administrativo 13. Hermelinda Talavera López: por haber sido cómplice en el irregular sumario administrativo 14. Renzo Cristaldo Garay: por haber actuado corno juez instructor en el sumario adrninistrativo Ahora bien, para comprender el escenario ante el cual nos encontrarnos, resulta pertinente hacer una reconstrucción cronológica de los hec a partir del material probatorio En efecto, el Jiménez . inistro evante para comprender la administrativo marzo de 2017, , en su carácter Abg. Miufa flita Mm1ges Dos Santos Sec;;l!tll:ria desprende que la decisión fue tomada para el esclarecimiento de los supuestos hechos que configurarían faltas graves.
Entre los antecedentes que justificaron la instrucción del sumario administrativo, tenemos dos documentos relevantes que fueron firmados por los funcionarios demandados, algo que, según la valoración del demandante, ha sido irregular:
1. La nota del 8 de marzo de 2017 firmada por los abogados de la asesoría legal de la ANDE, Fernando Bolaños Solalinde, Carlos Armando Miranda Estigarribia, Arnaldo Javier Bernal Quinteros, Adriana Alice Teixeira González, María Elizabeth Ibarra Gachter, Juan Federico Noldin Almirón, y dirigida a la Presidencia de la ANDE y en la que, con base en información recopilada de otras oficinas administra ti vas, concluyen que existen fundamentos suficientes para instruir sumario a Sergio Antonio Fleitas Paredes por incurrir en faltas graves previstas 2. Documento de la Auditoría Interna de la ANDE firmado por los demandados Carmen Morlas y Pedro Vargas, en el que se cumple con comunicar a la Asesoría Legal de la ANDE sobre los hallazgos y resultados del trabajo de auditoría realizado por la Lic. Hermelinda Talavera, también hoy demandada.
Cabe destacar que este último documento se encuentra en el legajo encabezado con la leyenda "INTERNO" y contiene la identificación DRH/DAP/ 414/2016 del 11 de noviembre del 2016, que se menciona como antecedente para la instrucción del sumario. En este legajo se pueden ver sellos de remisión y recepción que contienen las firmas de los también demandados Mariá Carmen Silguero, José Enrique Páez Gueyraud.
Estos documentos fueron presentados como prueba por varios de los demandados, que tengo a la vista en el expediente Llevado adelante el sumario administrativo y luego de los trámites de rigor, el juez instructor designado para el caso, CORTE SUPREMA USTICIA JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD Abg .,Y R Cristaldo Garay, también hoy demandado, dictó la .Rsol Definitiva Nº 1, del 14 de agosto de 2017, por la l vió tener por comprobados los hechos de ausencias ,inJus ificadas en su lugar de trabajo en 19 ocasiones, entre agosto y diciembre de 2016. Calificó los hechos comprobados como contravenciones al art. 57, inciso c), de la ley 1626/00, encuadrándolos en las faltas graves previstas en el art. 68, incisos a) y c), de la misma ley. Decidió así sancionar a Sergio Antonio Flei tas Paredes con la destitución de su cargo con inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos años, de conformidad con el art. 69, inciso c), de la ley 1626/00.
Luego, por Resolución P/Nº 39303 del 22 de agosto de 2017, la Presidencia de la ANDE resolvió disponer la aplicación de la sanción de destitución con inhabilitación para ocupar cargos públicos por 2 años, según lo preceptuado en el art. 69, inciso c), de la ley 1626/00, por la comisión de las faltas graves previstas en el art. 68, incisos a) y c), de la misma ley.
Esta resolución de la Presidencia de la ANDE fue impugnada por Sergio Antonio Fleitas Paredes mediante una acción contencioso administrativa promovida ante el Tribunal de Cuentas de la Capital, Primera Sala, que se expidió a través del Acuerdo y Sentencia Nº 155, del 12 de septiembre de 2018, resol viendo cuanto sigue: "1. HACER LUGAR, a la presente demanda Contencioso Administrativa planteada por el Señor SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES, en contra de la RESOLUCIÓN Nº 39.303 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, , conformidad a lo dispuesto en el exordio de la presente resoltic 'n en consecuencia; 2. REVOCAR DE AGOSTO DE 2017, DICTADA la RESOLUCIÓN Nº NACIONAL DE del Señor cupaba ADMINIS en otro ' jerarquía y Al ez Siimón Ahg. Maria Rita Monges Dos Sn11tOi antes de su destitución, de conformidad al artículo 44 de la Ley 1626/00 "De la Función Pública". 4. IMPONER, las costas a Como se ve, en primera instancia, el Tribunal de Cuentas de la Capital, Primera Sala, resolvió hacer lugar a la demanda instaurada por el señor Sergio Antonio Fleitas Paredes y, en consecuencia, revocar la resolución de la ANDE que había Sin embargo, la resolución del Tribunal de Cuentas fue recurrida por la ANDE y el órgano de alzada, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolvió lo siguiente: 11 DESESTIMAR el Recurso de Nulidad. 2) CONFIRMAR PARCIALMENTE el Acuerdo y Sentencia Nº 155 de fecha 12 de setiembre de 2018 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, y en ese sentido, MODIFICAR la sanción de destitución e inhabilitación impuesta en sede administrativa por la de la multa equivalente a treinta días sueldo, más el pago de la totalidad de los salarios caídos, de acuerdo con el Art. 44 de la ley Nº 1626/2000, por los motivos expuestos en el considerando de la presente resolución. 3) COSTAS a la perdidosa en ambas Aquí conviene puntualizar que el acto administrativo impugnado por el accionante no fue anulado ni revocado totalmente por los órganos de la jurisdicción contencioso En ese sentido, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en grado de revisión, juzgó que solo correspondía modificar la sanción impuesta a Sergio Antonio Fleitas Paredes, por considerar que la destitución no era proporcional con relación a las faltas que se le atribuyeron en el sumario administrativo. En consecuencia, aplicó la sanción de multa equivalente a 30 días sueldo y dispuso que la ANDE abone la :. SECR~r AFU " CORTE REMA ICIA JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD los salarios caídos, de conformidad con el art.
corroborar lo dicho en el párrafo anterior basta con una atenta lectura de la opinión vertida por el ministro preopinante, Dr. Luis María Benítez Riera, a la cual se adhirieron las Oras. Gladys Bareiro de Módica y Myriam En efecto, en una parte de su argumentación señala: "Que, teniendo en cuenta la calificación y la sanción consecuente aplicada al demandante, a mi parecer surgen dos cuestiones que previamente hay que dilucidar para adoptar una determinación definitiva sobre la suerte de esta causa. La primera de ellas radica en determinar si las supuestas faltas cometidas por el sumariado se encuadran o no dentro de las denominadas "ausencias injustificadas", y la segunda cuestión concomí tan te con la primera, es si la sanción que le fuera aplicada es proporcional a la gravedad de la falta perpetrada por el mismo. Al. respecto debo seña1ar que durante e1 discurrir de1 sumario ha quedado acreditado que e1 Sr. Sergio Antonio F1eitas Paredes ha incurrido en 1a fa1ta a saber: ausencias reiteradas a su 1ugar de trabajo sin 1as justificaciones respectivas. La fa1ta detectada a esta persona se encuadra dentro de 1o estab1ecido por e1 artícu1o 68 inc. a) y e) de 1a Ley Nº 1626/00 ''De 1a Función Púb1ica" (las negritas son propias).
En otro pasaje de línea argumental, y en lo que se refiere puntualmente a la preopinante continuó fehacientemente en el ausentado a su lugar soy del sanción diI ndo: preYsen administrativa, el ministro "Si bien ha sido demostrado juicio que el demandante se ha reiteradas oportunidades, sanción más grave, ción y la prohibí on n tiem o de erminado, es neces de ocupar un cargo io que exista una tro leve Abg. Marfa Rita Mouges Dos Santos Secl'et&rfo ha ocurrido en estos autos ya que, como puede observarse de las constancias, no obran informe o certificados que demuestren alguna sanción o advertencia previa a la destitución ... Que en vista de las consideraciones expuestas en los parágrafos precedentes, considero que debe confirmarse parcialmente la resolución hoy apelada, modificando 1a sanción de destitución e inhabi1itación impuesta a1 actor en sede administrativa, por 1a de mu1 ta equi va1en te a treinta días sue1do, por ser es ta pena1idad más adecuada y proporciona1 a 1a gravedad de 1as fa1tas cometidas, debiendo su reintegro regirse por 1o estatuido por 1os artícu1os 44 y 45 de 1a Ley Nº 1626/oon (las Así pues, resulta forzoso concluir que la Resolución P/Nº 39303 del 22 de agosto de 2017 dictada por la Presidencia de la ANDE fue confirmada parcialmente con modificación de la sanción impuesta, lo que significa que la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas fue revocada parcialmente. Esto es muy importante destacar ya que el actor ha afirmado de manera recurrente lo largo de todo el proceso, que la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas fue confirmada por la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia, lo cual no es cierto, corno Siguiendo con la cronología de hechos, tenernos que por Resolución P/Nº 42470 del 6 de agosto de 2019 la Presidencia de la ANDE resolvió dar cumplimiento al Acuerdo y Sentencia Nº 534 del 16 de julio de 2019, dictado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y, en consecuencia, autorizar la reincorporación de Sergio Antonio Fleitas Paredes corno funcionario de la ANDE, debiendo prestar servicios en el Departamento de Supervisión de Obras de Distribución, a partir Asirnisrno, se autorizó el pago de los salarios caídos a Sergio Antonio Fleitas Paredes, desde el 25 de agosto de 2017 -. CORTE SUPR.EMA -JJSTlCIA '-'"-cP JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD ef:';hastci',juo de 2019, con la deducción correspondiente al importe -e;g.uivalente a 30 días de sueldo, acorde con la multa que le -:, ~ .-:r(.~impuesta por disposición de la Sala Penal de la Corte En autos obran los comprobantes de pago de los salarios Vemos entonces que el actor Sergio Antonio Fleitas Paredes fue sometido a un sumario administrativo que tuvo como resultado un acto administrativo regular. Ello significa que todo el procedimiento llevado adelante en el marco del sumario para culminar en el acto administrativo respectivo fue también Por otro lado, el demandante no aportó una sola prueba acerca de la supuesta irregularidad de los funcionarios demandados. Si bien señala de manera genérica que todos incurrieron en mal desempeño, lo cierto es que no especificó de qué manera concreta se cometieron las supuestas irregularidades. Así como está planteada la demanda, las calificaciones que realiza el demandante respecto de los demandados y sus actuaciones en el marco del sumario no pasan de ser una mera exteriorización de su disconformidad con lo resuelto en el sumario administrativo, la cual tiene, evidentemente, una carga subjetiva muy importante.--- De hecho, en todo momento el demandante sustenta su posición en el hecho de que, supuestamente, la jurisdicción contencioso administrati a revocó íntegramente lo resuelto por la Presidencia de la incluso, reiteró en varias partes de su escrito que en ese se habría determinado la 1 SECRETARIA -, r>-9 obligación de los funcionarios demandados a indemnizar los todo lo contrario.
nal de Cort uprema de como se indicó r'ba, pa iménez Ministro Abg. María Rita Monges Dos Sant s Secretlllria de Cuentas que había revocado la sanción impuesta por la Presidencia de la ANDE, concluyendo que sólo correspondía modificar la sanción de destitución por la de multa equivalente a 30 días sueldo y abonar a Sergio Antonio Fleitas Paredes la totalidad de los salarios caídos durante el tiempo en que estuvo destituido, acorde con lo que estatuye el art. de la ley estas condiciones, no tiene razón el actor al sostener que los funcionarios públicos demandados actuaron irregularmente por el solo hecho de que en sede contencioso administrativa se modificó la sanción de destitución por la de multa. Ello no significa que los demandados hayan cometido actos ilícitos, más aún cuando el acto administrativo con el que culminó el sumario no fue revocado ni anulado, como ya se Es más, es evidente que los funcionarios hoy demandados actuaron en el ámbito de sus funciones al participar de alguna u otra forma en el curso del sumario administrativo, suscribiendo dictámenes, emitiendo informes, sugiriendo sanciones, etc., como se desprende del análisis de los documentos referidos más arriba en la cronología de hechos.--- Ello implica que estos funcionarios, al realizar todas estas actuaciones en el marco del sumario, no hicieron otra cosa que cumplir con sus obligaciones laborales. Además, insisto, el actor no ha aportado una sola prueba que nos lleve a la convicción sobre la irregularidad de los actos cumplidos en el sumario o de la presunta y aviesa intención de los funcionarios de ocasionar un perjuicio al demandante.
De modo que, en este contexto, no se encuentra configurado el presupuesto de antijuridicidad, tanto en su faz formal como en su faz material. Al respecto, de un tiempo a esta parte, la doctrina viene distinguiendo muy claramente la antijuridicidad formal de la antijuridicidad material, al punto de asumir que PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD ia de responsabilidad extracontractual, la -8',tij cidad aplicable a los ilícitos ha migrado de la formal Así, la antijuridicidad formal consiste en la transgresión de una prohibición expresamente establecida en la ley o en una omisión de una conducta ordenada expresamente en la ley. Según vimos, ninguna de estas circunstancias tuvo lugar en el caso de autos, puesto que, como ya se dijo, los funcionarios públicos demandados actuaron en cumplimiento de sus obligaciones. Vale decir, no transgredieron la ley por acción ni por omisión.
Por su parte, la antijuridicidad material no guarda relación con la transgresión puntual de algún precepto legal que obligue a hacer o dejar de hacer alguna conducta.
Por el contrario, es considerada materialmente antijurídica cualquier conducta que ocasione un daño que no esté debidamente justificado, lo cual se resume en el genérico deber de no dañar a otro, injustificadamente.
Sobre el punto, tanto la doctrina nacional, como la doctrina extranjera, señalan: "En nuestros días se distingue nítidamente entre la antij uridicidad formal y típica y la antijuridicidad material, mediante la consagración de una cláusula genérica del deber de no dañar, que se encuentra en forma expresa en algunas legislaciones o en forma tácita en otros ordenamientos jurídicos, es la aplicación del principio romano "Al terum non laedere", que a su vez, fue incorporado por los iusfilósofos como principio del derecho natural, fuente de inspiración de todas las 1 islaciones positivas" (Ríos Ávalos, Bonifacio. Factores de atri, ión de la responsabilidad civil.
Editorial La Ley. Asunción, ha producido un s.i-s..te típicos ec nom' e ho en ya no admite había gobernado la dos siglos, Abg. Marfa Rita Monges Dos Santos SccrctllJv'i¡¡ la necesidad de dar respuesta a nuevos intereses merecedores de tutela, con lo cual la responsabilidad dejó de girar alrededor del acto ilícito para admitir progresivamente la regla de que se responde cada vez que se lesiona un interés merecedor de protección. La aplicación del principio genérico de no dañar a otro como cláusula general de responsabilidad. .. " (Lorenzetti, Ricardo Luis. Conf. en Rivista dell'integrazione del diritto in Europa e in America Latina. 2001. Citado en Ríos Ávalos, Bonifacio. Factores de atribución de la responsabilidad civil. Editorial La Ley. Asunción, Paraguay, año 2015) .
En el caso, los funcionarios públicos demandados no ocasionaron ningún daño injustificado, por lo que tampoco puede hablarse de que hayan desplegado conductas materialmente antijurídicas. A lo sumo, si se hubiere producido daños durante la tramitación del sumario administrativo y posterior destitución, ellos se hallarían por causales de justificación, la más recurrente: el cumplimiento de obligaciones legales.--- Como se sabe, entre las causales de justificación del daño se encuentra el ejercicio regular de un derecho o el cumplimiento de una obligación. Así, cuando el daño se produce mediando una de estas causas, el potencial obligado a indemnizar podrá ser dispensado de asumir la reparación, puesto que la producción del perjuicio estará justificada, exonerando total o parcialmente a la persona reclamada. Esto supone que la víctima deberá, sin más, tolerar el daño.
Por si las razones expuestas no fueran suficientes para rechazar la demanda, existen también otros motivos que hacen improcedente la pretensión indemnizatoria de Sergio Antonio Por caso, en lo que se refiere al daño emergente alegado, el actor ni siquiera especificó en qué consistieron los desembolsos que dice haber efectuado para cubrir las deudas que dejó de pagar a raíz de la destitución. Tampoco acompañó prueba CORTE SUPREMA usTICIA JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD estamente efectuó. En consecuencia, resulta patente que o emergente alegado no reviste el carácter de cierto, requisito que debe estar presente ineludiblemente para que sea Luego, en lo atinente al daño consistente en lucro cesante, el accionante indica que a raíz de la destitución sufrida no pudo percibir sus ingresos como funcionario público. Ahora bien, este daño ya no subsiste actualmente y, por ende, el rubro debe ser rechazado por improcedente.
En efecto, como ya se indicó anteriormente, el actor ya ha cobrado la totalidad de los salarios dej actos de percibir desde el 25 de agosto de 2017 hasta julio de 2019, tal como se desprende de la Resolución P/Nº 42470 del 6 de agosto de 2019, dictada por la Presidencia de la ANDE y agregada al expediente como prueba documental. Vale decir, desde días después de resuelta la destitución por la Presidencia de la ANDE Resolución P/Nº 39303 del 22 de agosto de 2017-hasta su efectiva reincorporación -1 de agosto de 2019-por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, según las pruebas Finalmente, tampoco sería procedente la pretensión de indemnización de daño moral planteada por el demandante, porque si bien no descarto ni desconozco que el sumario administrativo y la sanción aplicada le haya generado incomodidad, angustia o incertidumbre, consecuencia de lo cierto que cumplidos en ejercicio de funci en el marco de un sumario en el oy accionante, todo ello se dio como como ya se dijo, fueron y obligaciones laborales, e -a la postre de todo más que cambiándosele luego de la ante el Tribunal Abg. Morfa ruta Monges Dos Santos Seuctl!:ría Por lo demás, es sabido que la concesión de este tipo de indemnizaciones debe reservarse para aquellos casos en los que, claramente, se observa la producción evidente de pesares internos graves, contundentes, indiscutibles, permanentes o prolongados y con la entidad suficiente como para cambiar la calidad de vida de quien reclama, a riesgo de incurrir, en caso contrario, en casos que el connotado jurista español Diez Picazo podria citar en su libro "El escándalo del daflo moral", obra dedicada, precisamente, a desnudar supuestos en los que se pretenden, indebidamente, indemnizaciones por daños morales claramente inviables, como la planteada en autos.
Sin embargo, en el caso de marras el demandante no ha convencido de forma categórica y clara haber sufrido el supuesto daño moral que alega. La mera afirmación genérica no basta para sustentar un reclamo de indemnización de daño moral pues no tiene la evidencia de otros casos en los que se reclaman este tipo de indemnizaciones -por ejemplo, por pérdida de seres queridos, muy cercanos o un agravio manifiesto hecho público que, en verdad, denosta la buena fama y el buen nombre de una persona, exponiéndola a un evidente escarnio público-.
Si bien en los casos en los que se reclama una indemnización por daño moral, la prueba directa muchas veces es imposible, la evidencia del perjuicio a las afecciones intimas deben ser evidentes y ostensibles, de modo que nadie, razonablemente, dude de su producción.
Además, no es desdeñable que el demandante haya obtenido su desagravio al conseguir, puntualmente, su reincorporación como funcionario público de la ANDE y el cobro de los salarios caidos durante todo el tiempo en que estuvo vigente la sanción primigenia de destitución. Aunque, como señalé, de todos modos el hoy accionante incurrió en faltas administrativas pues terminó siendo sancionado, pero con una pena menor, como ya se CORTE SUPREMA USTICIA JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD timo, debe descartarse también como daño moral el to del padre del accionante, pues este hecho no -onstancia que acredite que dicha muerte -dolorosa y etable, por cierto, para el accionante-fuera consecuencia directa del sumario y posterior destitución del demandante. En otras palabras, no existe relación causal adecuada entre el acto supuestamente ilícito y el daño invocado.
A la misma conclusión cabe arribar en el caso de los otros perjuicios que el actor alega haber sufrido como consecuencia de la sanción de destitución que le fuera impuesta por la Presidencia de la ANDE y luego modificada por la Sala Penal de En tal sentido, adujo que generó las siguientes consecuencias: no pudo pagar sus deudas, se le privó de realizar un curso ofrecido por el Centro de Entrenamiento de la ANDE, sus hijos quedaron sin seguro médico, su madre no pudo someterse a una cirugía de la vista por quedar sin cobertura médica como efecto de la destitución. También señaló que la destitución le impidió culminar la carrera de Derecho en la Universidad Maria En efecto, el requisito de nexo causal -presupuesto inexcusable de la responsabilidad civil-supone la atribución de un resultado a un hecho o conducta u omisión, por haber constituido esa acción u omisión, causa adecuada del daño.
Por tanto, será perjuicio ha tenido un que si distinto, se acredita que el 0'v causa adecuada extraña a é , es decir, reconoce una responsable se liberará t : .. e: RETAR/A , virtud de la interrupción entonces, ya que, como teoría -la nio Jiménez Ministro causal. De lo que en determinar si existe nuestro Código a adecuada-vale o ~egún el Abg. Maria Rita Mm1ges Dos Santo.
Seuctitd.i curso ordinario de las cosas -art. 1856-previsibles en A dichos efectos, se realiza un minucioso análisis a fin de determinar qué conducta está en relación causal adecuada con Por ende, los daños, para ser indemnizables, deben estar en relación causal adecuada con los hechos u omisiones que los En el presente caso, reitero, no puede establecerse vínculo alguno entre los supuestos hechos causantes instrucción de sumario administrativo y destitución posterior con los daños cuya indemnización reclama el accionante.
Por las consideraciones expuestas, voto por el rechazo de la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por el señor Sergio Antonio Fleitas Paredes contra los 14 demandados principales: l. Víctor Romero Solís; 2. Fernando Bolaños Solalinde; 3. Carlos Armando Miranda Estigarribia; 4. Arnaldo Javier Bernal Quinteros; 5.
6. María Elizabeth Ibarra Adriana Alice Teixeira González; Gachter; 7. Juan Federico Noldin Almirón; 8. Enrique Páez Gueyraud; 9. María del Carmen Silguero Al varenga; 10. Christian Alexis Barbo za Torales; 11. Pedro Ramón Vargas Ri veros; 12. Carmen María Cristina Mor las; 13. Hermelinda Talavera López; y 14. Renzo Cristaldo Garay.
Por lógica consecuencia, rechazada la demanda dirigida contra los demandados principales, también debe ser rechazada la pretensión indemnizatoria deducida por el actor contra contra los dos demandados subsidiarios: l. Administración Nacional de Electricidad (ANDE); y 2. Estado Paraguayo.
Finalmente, queda por abordar el estudio del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República contra el apartado cuarto del Acuerdo y Sentencia Nº 46, del 22 de agosto de 2023, que contiene la decisión sobre CORTE SUP'REMA -p1:JUSTICIA ' 'te> ~~ JUICIO: "SERGIO ANTONIO FLEITAS PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL".
_La impicion e cos as, tanto en primera instancia, como en s=;abe recordar que, mediante la resolución recurrida, el ,---s1-Tibunal de Apelación resolvió anular la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Primera Instancia y todas las actuaciones del juicio; en consecuencia, en lo concerniente a las costas esolvió imponerlas en el orden causado, tanto en primera como en segunda instancia, por considerar que las partes colaboraron en la generación de la nulidad pronunciada.
Al re~pecto, considero acertado el criterio adoptado por el Tribunal de Apelación, pues como bien argumentó el ministro Eugenio Jiménez Rolón, ninguna de las partes detectó ni articuló argumentos tendientes enunciar el vicio de nulidad. Por el contrario, el vicio fue detectado por el Tribunal en su estudio oficioso. Además, el art. 408 del C.P.C. deja en claro que la imposición de las costas respectivas sólo puede tener lugar en un plano de confrontación en el que una parte se oponga a la declaración de nulidad solicitada por la otra.
Por ende, no cabe sino confirmar lo resuelto por el Tribunal en lo atinente a las costas impuestas en el orden causado como resultado de la nulidad declarada de oficio.
En cuanto a las costas de tercera instancia, considero que deben ser impuestas a la parte actora, a tenor de lo que INISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY PROSIGUIÓ ICIENDO: Coincido y asumo J zgamiento por las motivaciones del g SECA j Con lo acto firmando SS. EE. Jimé.nez Afin,istrO sentencia Ante mí: Asunción, -'1-1 de Jvl.A O del 2.025.- Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima; SALA CIVIL Y COMERCIAL
RESUELVE:
TENER POR DESISTIDO al Procurador General de la República, Marco Aurelio González Maldonado, y al Procurador Delegado, Aníbal Silva Bareiro del Recurso de Nulidad interpuesto.
DECLARAR DESIERTO el Recurso de Nulidad interpuesto por el Abogado Daniel Venialgo Ramos, representante convencional REVOCAR los apartados primero, segundo y tercero del Acuerdo y Sentencia Número 46, con fecha 22 de Agosto del 2.023, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, NO HACER LUGAR a la demanda d ndemnización de daños y perjuicios promovida por Sergio Antonio Fleitas Paredes contra Víctor Romero Solís, Fernando Bolaños Solalinde, Carlos Armando Miranda Estigarribia, Arnaldo Javier Bernal Quinteros, Adriana Alice Teixeira González, María Elizabeth Ibarra Gachter, Juan Federico Noldin Almirón, Enrique Páez Gueyraud, María del Carmen Silguero Alvarenga, Christian Alexis Barboza Torales, Pedro Ramón Vargas Riveros, Carmen María Cristina Morlas, H ermelinda Talavera López, Renzo Cristaldo Garay, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Estado CONFIRMAR el apartado cuarto del Acuerdo y Sentencia Número 46, con fecha 22 de Agosto del 2.023, dictado por el PAREDES C/ VICTOR RAÚL ROMERO Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD de Apelación en lo Civil omercial, Primera Sala, iménez~ / istro fil :